Estar o no estar en la lista, esa es la cuestión. Tanto para los potenciales beneficiados con un tipo de cambio diferencial como para los perjudicados con una devaluación fiscal, quienes deberán importar más caro. El nerviosismo crece y, la nueva presión fiscal que suma el Gobierno sobre las empresas ya se traduce en críticas sobre lo que ya se conoce –otro adelanto compulsivo de Ganancias- y lo que se anunciará de manera inminente.
Los focos están puestos en el ministro de Economía, Sergio Massa, que en estas horas se encuarteló con parte de su equipo en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Por primera vez desde que es el candidato a presidente de Unión por la Patria no recorrió ninguna fábrica y no compartió mates con vecinos o jubilados. Esta vez se avezó a la difícil tarea de dejar de perder reservas -las netas ya son US$7000 millones negativas- trabajando con su equipo en Washington y atendiendo frenéticos mensajes de diferentes sectores que buscan mantener el mejor subsidio de la economía: el del dólar oficial.
El nerviosismo se extendía entre los agentes económicos y sus lobbistas. En los bancos grandes temían cómo quedarán desdibujados los contratos atados al dólar oficial ahora que la economía sumará otras referencias más importantes. No es un dato menor para la renovación que viene de la deuda en pesos. “En nuestro caso, las ventas futuras de fitosanitarios están bastante paradas. Vemos que un dólar insumos en el agro solo debilitará al dólar soja que quieren meter”, se alertaron en el mundo de los fertilizantes. En el campo piden hace tiempo un dólar único. En el mercado automotor y en el del vino, por caso, las consultas son permanentes sobre las novedades que traerá el Gobierno. En la industria, en general, esperaban que no incluyeran a los insumos que después se exportan en productos con valor agregado.
Prensa Economía
Fuentes del equipo económico contaron a LA NACION que Massa está trabajando para que las medidas que serán presentadas se ajusten a las negociaciones que en Washington lleva adelanta la delegación que trabaja en la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por las siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No quieren salir con algo que después haya que ajustar”, contaron cerca del ministro de Economía. Otra fuente que trabaja en la letra chica contó: “Estamos afinando los números y viendo qué sectores entran y cuáles no”.
Según supo este medio, los anuncios se harían el domingo a la tarde, aunque –si se atrasan- podría ser el lunes. “Mañana a la mañana habrá un comunicado nuestro. Estamos bien”, contaron, en tanto, en el Palacio de Hacienda sin dar detalles sobre si el mismo estaría relacionado a las medidas o a la negociación con el Fondo.
Las alertas del sector empresarial ya fueron explicitadas: nuevos impuestos serán nuevos niveles de precios en un contexto en el que la inflación ya es de 115% anual y las variaciones mensuales en lo que queda del año oscilarán entre 6%, 7% y 8%, según esperan las consultoras privadas. Massa y Cristina Kirchner apuestan a que los novedosos parches eviten la devaluación brusca que pide el Fondo –para el Gobierno derivaría en una hiperinflación- y eso destrabe dólares para blindar al propio Massa, el candidato, esta vez, de una posible corrida cambiaria durante las elecciones.
Las medidas
Economía analiza sumar un nuevo impuesto PAIS a la importación de algunos productos “suntuarios” (ya existe desde octubre pasado un dólar diferencial para ellos, pero se extendería a nuevos productos) y para servicios provistos del exterior. A contramano, los bienes de la cadena alimenticia y energética no pagarán el gravamen, según adelantaron. Tampoco el que pague con sus propios dólares sus importaciones (esos no abonarían el PAIS ni IVA).
Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron a LA NACION que habrá un nuevo valor para el llamado dólar agro para las economías regionales, el girasol y el sorgo. Algunos incluyen al maíz también, aunque no se confirmó oficialmente. Todavía se desconoce cuál será el nuevo valor del tipo de cambio diferencial que está a $300 hasta el 31 de agosto.
Como novedad para sostener una promesa al FMI de un déficit fiscal de 2% del PBI (una de las metas a cumplir con la acumulación de reservas y el nivel de emisión), llegarían entonces el nuevo impuesto y a las retenciones extra que busca cobrar por el nuevo dólar agro. Pero ya el viernes pasado se conoció -con el objetivo sumar más ingresos- otro adelanto compulsivo del impuesto a las Ganancias. Es una medida similar a la que había tomado Massa a fines del año pasado. Esta vez lo pagará el próximo Gobierno –la oposición o el mismo Massa- que no contará con esos pesos en 2024.
Durás críticas empresarias
Ante esa medida, se pronunció esta tarde la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA). “Nuestro país necesita con urgencia que se adopten medidas para reducir la muy alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Lamentablemente, la Resolución 5391/23 de la AFIP mediante la cual se dispone que un conjunto de empresas deban pagar un anticipo del Impuesto a las Ganancias, va en la dirección contraria”, indicaron los dueños de las principales empresas argentinas en un comunicado a los medios.
“Esta decisión vuelve a incrementar la carga tributaria, ya que las empresas se verán obligadas a abonar un nuevo anticipo, con el agravante de que este tributo se pagará por ganancias no realizadas. Adicionalmente, la medida afectará el capital de trabajo de las empresas y generará una pérdida financiera. La Argentina necesita imperiosamente retomar el crecimiento, y para ello la única vía es posibilitar que el sector privado pueda desarrollar plenamente su potencial. Aumentar la ya muy alta presión tributaria no es el camino”, dijeron en la entidad que dirige Jaime Campos.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) también hay preocupación por la medida tomada el viernes y por las que vendrán. “La UIA está analizando estas nuevas medidas que se están anunciando y que desde ya preocupan seriamente al empresariado industrial que ya asistió a medidas de ‘anticipos de los anticipos’ impositivos que implican nueva carga sobre las empresas en un contexto de presión fiscal efectiva sobre el sector formal de la economía que verdaderamente produce un doble efecto por su magnitud”, dijo a LA NACION Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.
“Esto afecta la competitividad, los costos de las empresas y tiene como consecuencia provocar mayor informalidad. La necesidad de estabilización macroeconómica como instrumentos genuinos para enfrentar decididamente el grave proceso inflacionario y generar certidumbre y previsibilidad respecto de la deuda externa, así como garantizar las importaciones de insumos imprescindibles son instancias necesarias e impostergables para lograr mayor producción y creación de empleo de calidad”. Además, en el sector advirtieron sobre la conflictividad con las paritarias que se abren.
La Cámara de Comercio (CAC) también cuestionó la medida. “Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se considera que es una medida sumamente negativa”, dijo Mario Grinman, su presidente, a LA NACION.
“Este anticipo adicional implica profundizar el pernicioso hábito del fisco de imponer anticipos por doquier. Y al no considerar el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores desconoce la real capacidad contributiva de la empresa afectada. Constituye una nueva carga fiscal a los contribuyentes que son parte del universo formal, sin procurar generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la enorme presión fiscal sobre aquellos que pagan”, alertó.
“Se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado formal, en este caso vía un virtual empréstito forzoso y gratuito a favor del fisco, lo que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo”, advirtió Grinman sobre la decisión del Ministerio de Economía.
