En el último tiempo, una serie de incidentes violentos en los que participaron menores de edad, tanto a nivel local como nacional, hacen urgente la necesidad de debatir una ley penal juvenil. Y es que es necesario reemplazar el régimen establecido en 1980 a pesar de que la baja de la edad de imputabilidad es uno de los factores que desde siempre ha generado una grieta en el medio de la sociedad.
Si para muestra basta un botón, un chico de 15 años fue baleado por un Policía que se defendió de un asalto, este sábado en Avellaneda. El viernes detuvieron a un adolescente de 14 acusado de ser uno de los motochorros que le robó a Carolina Píparo en Año Nuevo, en La Plata. En diciembre, el quiropráctico armenio Dmitri Armiyan fue asesinado por un ladrón de 15 durante un robo en Retiro.
¿Y por casa cómo andamos? En Tucumán, el panorama es igual de desolador si se tiene en cuenta los últimos incidentes en los que tuvieron participación menores de edad. Un chico de 16 años ultimando de 9 balazos a un vecino, dos hermanos de 15 y 16 años en Alderetes disparando contra la puerta de un vecino, incluso una banda de casi niños que asaltan taxistas en inmediaciones de Villa 9 de Julio son una penosa muestra de nuestra realidad.
Todos estos casos no hacen más que evidenciar el fracaso del sistema a nivel social, educativo, económico y penal. Si el Estado no llegó antes de que uno de esos adolescentes cometiera el delito, lo que viene después tampoco es prometedor: una gran cantidad reincide. Y el que no se topa con la muerte antes, termina en la cárcel al cumplir los 18. Es por ello que es necesario que a nivel nacional se implemente un régimen de justicia penal juvenil.
Una polémica recurrente que surge en torno al sistema penal de los jóvenes es el de la edad de imputabilidad, que en nuestro país es a partir de los 16 años. Los sectores más duros proponen bajarla a los 15, 14 e incluso 13. Para muchos especialistas, entre ellos Unicef, eso sería contraproducente. Sin embargo, lo que está claro es que algo se debe hacer ya que la inacción del Estado es peor que no hacer nada al respecto.
Y es que el sentido común indica que no puede ser que alguien que comete un delito no tenga consecuencias. Los que cometen delitos gravísimos las tienen que tener. Nadie dice que debe dárseles el mismo tratamiento que a un adulto y mandarlos a la cárcel de Villa Urquiza, pero claramente no todo puede dar lo mismo. Si no se hace algo desde el Estado con los menores que delinquen, o mueren en un enfrentamiento o matan a alguien.
Para colmo, la pandemia del coronavirus agudizó los problemas que ya había con los adolescentes con problemas de adicciones y en contacto con el mundo del delito. Hoy lo que vemos permanentemente es el tema de las drogas y los chicos acceden a ellas, se drogan y a causa de esto cometen delitos. Antes no iban armados y ahora cada vez más y en mayor número. Y los delitos son mucho más virulentos. ¿Hasta cuándo el Estado seguirá mirando para otro lado?
