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URGENTE: YAPURA ASTORGA DEBERÍA SER DESTITUIDO DE SU CARGO

Se presentó en la Legislatura un pedido de remoción en contra de Jorge Yapura Astorga, los integrantes del cuerpo, ¿seguirán haciendo una defensa corporativa?

yapura
Legislador Jorge Yapura Astorga
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Finalmente, en la Legislatura provincial ingresó un pedido de remoción por la causal de “inhabilidad moral” en contra del legislador provincial del Partido Justicialista, Jorge Yapura Astorga. En los hechos esto significa que lo que se solicita es, ni más ni menos, que la destitución del ex intendente de Tafí del Valle. El trámite fue presentado a las 9:15 horas del día de ayer por parte del Dr. Gustavo Morales bajo el expediente 14 – VI – 21, libro 30, folio 15.

Dr. Gustavo Morales
Dr. Gustavo Morales

En ese sentido, cabe señalar que la presentación solicita que se inicie el proceso de remoción previsto en el artículo 58 de la Constitución de la provincia de Tucumán en contra del mencionado legislador por la causal de “inhabilidad moral”. De esta manera, este pedido sucede luego de que el lunes por la noche ingresara a la Oficina de Gestión de Audiencias una denuncia penal en los términos del artículo 146 del Código Procesal Penal de Tucumán.

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[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]“Artículo 58: La Legislatura dicta su reglamento. Podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”[/su_note]

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En ese caso, Jorge Yapura Astorga, fue denunciado por el presunto delito de “tráfico de influencias” previsto y penado en el artículo 256 bis del Código Penal. Justamente, esta es la razón por la que el pedido de remoción en la Legislatura en contra de Yapura Astorga debería tener lugar, y así también lo entendió el Dr. Morales. En ese sentido, el motor de estas acciones lo constituye la nota realizada por Tucumán Despierta.

En la misma, queda en evidencia que el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista  Yapura Astorga,  sería el ejecutor del golpe institucional en contra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Esto es, el hecho de que durante los primeros días de febrero, el legislador habría hecho valer su condición de funcionario público, para que caciques de comunidades originarias, entre ellos Santos Eugenio Pastrana, efectuarán ante la legislatura de la provincia de Tucumán, un pedido de juicio político.

El mismo, es en contra de la titular de la Corte Suprema local, Dra. Claudia Sbdar y del vocal del alto tribunal Dr. Daniel Posse. Y es que la finalidad única habría sido la de forzar con esta petición la renuncia de ambos magistrados. De esta manera, teniendo en cuenta la denuncia penal, el pedido de remoción de su puesto en la Cámara legislativa provincial se veía venir, por lo que, si la lógica y el sentido común se imponen, Yapura Astorga debería ser destituido.

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Y es que cabe preguntarse: ¿Cómo un procesado puede estar protegido en la Cámara legislativa? Cabe recordar que los delitos por los que tendrá que rendirle cuentas a la Justicia son realmente graves. En ese sentido, su caso tiene confirmada elevación a juicio oral y público a causa de los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Coautoría De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público.

Pero también, se le suman Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita. Con todo esto, ¿Cuánto tiempo más podrá la Legislatura mirar para otro lado? Sin embargo, a pesar de la gravedad de los delitos por los cuales Yapura Astorga deberá sentarse en el banquillo de los acusados, sigue ocupando su banca.

Y es que continúa siendo “protegido” por los demás integrantes de la legislatura, que miran para otro lado, al tiempo que la sociedad tucumana ya está harta de que se le rían en la cara a causa de una especie de defensa corporativa de la Legislatura, que no es más que una muestra más de la tamaña impunidad que existe en el poder político provincial. Cabe destacar que, así como lo tiene que hacer la Legislatura, también la Justicia deberá ponerse los pantalones.

Esto se debe a que la dilatación del juicio oral y público al que debe ser sometido Yapura Astorga se encuentra firme desde hace tiempo y tan sólo resta definirse lugar y fecha para el inicio. En ese sentido, la Cámara legislativa tendrá que dar el primer paso removiendo al ex intendente tafinisto,  para que la Justicia luego haga su parte y le dé una bocanada de esperanza a la ciudadanía acerca de que los poderosos también deben pagar con los delitos que se les endilgan.

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