La comisaría de El Mollar se transformó en el escenario de lo que promete ser un nuevo frente de batalla legal. Una veintena de compradores de terrenos fiscales denunciaron a uno de los vendedores de tierras fiscales que están siendo desalojadas por el Estado, ya que están en la Reserva Provincial La Angostura.
Esta polémica historia comenzó a escribirse el 3 de octubre cuando la Policía intervino en una usurpación en la zona conocida como Ojo de Agua. La cacica Margarita Mamaní informó que esos terrenos habían sido tomados por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar para poner puestos de venta de artesanías.
A raíz de ese hallazgo, el lunes 21 inspectores de distintas reparticiones realizaron un relevamiento en la zona. Detectaron seis irregularidades. Cuatro de ellas se trataban de usurpaciones de tierras fiscales que estaban siendo comercializadas, una confitería que tenía un local de venta de artesanías y al menos cuatro ripieras que se dedicaban a la extracción de áridos en la desembocadura del río Tafí.
El viernes, más de 150 policías, desalojaron uno de los terrenos que estaban por ser loteados. El lunes hicieron lo mismo, pero en otro sector de la villa turística y, con una topadora cedida por la Dirección Provincial de Vialidad destruyeron todas las construcciones que se habían montado.
Hasta el momento, no se pudo determinar la extensión de las tierras usurpadas. Pero se habla de más de 12 hectáreas distribuidas en casi 200 lotes que habrían estado destinados a la comercialización. Según las estimaciones, los emprendimientos podrían arrojar una ganancia mínima de $1.200 millones.
PREOCUPACIÓN. El andar de una topadora movilizó a los compradores.
El martes, la fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó un amparo ante la Justicia para que ordenara la remoción y destrucción de todas las viviendas que se construyeron en la zona. Argumentó el pedido señalando que era su obligación preservar las áreas protegidas para el beneficio de todos los tucumanos.
Preocupación
Los compradores de esas tierras ya se estaban movilizando desde la semana pasada. En esos días, habrían mantenido una reunión con los responsables del emprendimiento inmobiliario. Estos intentan transmitirles tranquilidad asegurándoles que todo se habría tratado de una confusión y que el problema podría ser solucionado. Pero todo cambió cuando conocieron que el Gobierno continuaría con los desalojos.
PRUEBA. El cartel del barrio Juana Azurduy que es de la comunidad diaguita.
Una veintena de personas se presentó ayer en la comisaría de El Mollar. Según se conoció, los compradores señalaron que habían comprado los terrenos a Juan Pablo Castro, que vive en el barrio El Porvenir, de esa localidad. También habrían explicado que el vendedor les había mostrado documentos aprobados por las direcciones de Catastro y Rentas de la provincia, permisos de la comuna y pago de impuestos. En el acta rubricada por los comisarios Esteban Toledo y Carlos Díaz, quedó debidamente aclarado que no presentaron ninguna de esas documentaciones.
“Sí conocemos al señor Castro, pero no pertenece a nuestra comunidad. Tampoco los otros que están señalados”, explicó Mamaní en una entrevista. “Si eran nuestros el barrio Juana Azurduy y el de Ojo de Agua, pero fueron desalojados por error. Esas son tierras que pertenecen a la comunidad”, sostuvo.
La cacica indicó que funcionarios del Gobierno escucharon sus reclamos y que le solucionarían los problemas.
Operatoria
LA GACETA pudo establecer cómo es la venta de tierras fiscales en El Mollar, en las redes sociales se ofrecían lotes a un valor que oscilaba entre los $ 6 y los $ 12,5 millones. La cotización no se diferenciaba por el tamaño (todos son de 15 metros por 30 metros), sino por los tipos de papeles con que contaba el vendedor.
Hasta el momento se manejan dos líneas de investigación. Las tierras fueron usurpadas por la Cidem y sus miembros las podrían vender; o que personas, después de conseguir un permiso de pastoreo, terminarían quedándose con las parcelas para luego comercializarlas.
“Estas personas refirieron que un grupo concurrió a la sede de la comuna para solicitar una segunda audiencia con el delegado Jorge Cruz, pero no fueron recibidos y tampoco tuvieron respuestas a sus planteos, por lo que optaron concurrir a esta comisaría”, explicaron los funcionarios policiales en el acta firmada.
Toledo y Díaz señalaron que los denunciantes estaban intranquilos y la mayoría se encontraban preocupados o angustiados ante el temor de ser desalojados y perder así toda la inversión que habían realizado. “Se mantuvo una breve reunión para escuchar cuáles eran sus pretensiones y fueron invitados a realizar las correspondientes denuncias para que fueran enviadas a la fiscalía del Centro Judicial Monteros”, explicaron.
Diferencias
Los comisarios aclararon que había diferencias entre el grupo. Algunos sí querían iniciar acciones legales y otros no. “Se comunicaron con sus abogados y estos les dijeron que no realizaran denuncia penal contra ninguna persona, pero sí que se dejara asentado todo lo que había acontecido en la sede policial”, destacaron.
“En principio los ánimos y estados emocionales de las personas eran preocupantes y de angustia en ellos. Pese a todo esto, no hubo ningún acto de violencia. Se informó de esta situación a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros y a la superioridad”, se puede leer al final del acta.
Justamente, según fuentes judiciales, entre septiembre y octubre de este año, la fiscalía especializada de Monteros recibió al menos seis expedientes de usurpaciones en todo el valle de Tafí, pero no trascendió cómo prosiguieron esos expedientes. En el Centro Judicial Capital una causa por este tipo de delito se cierra en menos de 15 días. Con sólo demostrar la tenencia, el titular del inmueble puede recuperarlo.
Más medidas
El martes, una comisión de Catastro realizó una serie de inspecciones en El Mollar para realizar un informe sobre los terrenos usurpados.
Para hoy estaría programado un nuevo operativo para seguir adelante con los desalojos. Hasta el momento, la provincia sólo recuperó dos de las seis usurpaciones detectadas.
Postura: “Apoyamos los desalojos ordenados por el PE”
“Lo único que podemos decir es que apoyamos los desalojos de tierras fiscales que está realizando el Gobierno de Osvaldo Jaldo”, señaló Federico Páez, responsable del área de turismo de la comuna de El Mollar. “Generan problemas porque se venden terrenos en lugares que son calles o se construye muy cerca del lago donde no es óptimo hacerlo”, indicó. El funcionario dijo desconocer quién está detrás de todas estas irregularidades. “En el valle de Tafí hay como cinco comunidades de pueblos originarios, pero sólo una genera problemas”, finalizó. En tanto que el delegado comunal Jorge Cruz continúa sin responder los llamados de LA GACETA para que diera a conocer su versión de la situación que se vive allí.
Postura II: “Lo único que quieren hacer es desprestigiarnos”
“Lo único que quieren hacer es desprestigiarnos como comunidad. Defendemos nuestra tierras ancestrales, no las vendemos”, aseguró Margarita Mamaní, cacica de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem). “Espero que tenga pruebas para demostrar lo que están diciendo porque voy a accionar en contra de ellos”, agregó. “Los únicos que dan terrenos a los empleados de las comunas y a desconocidos son los políticos del valle. En las elecciones es común que eso pase”, dijo molesta. Mamaní dijo que es víctima de una campaña de desprestigio. “Usan carteles con nuestro nombre en las usurpaciones para que puedan seguir con sus negocios”, finalizó.
Postura III: “Es nuestra obligación reestablecer el orden”
“Como Fiscal de Estado es mi obligación tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden y defender las tierras de todos los tucumanos”, aseguró Gilda Pedicone de Valls. “Por una cuestión de urgencia, para preservar un área protegida empezamos a actuar en El Mollar. Eso no significa que en un futuro no lo hagamos en todo el territorio provincial. El gobernador Osvaldo Jaldo ya tomó la decisión política de hacerlo”, aseguró la funcionaria. En el plan de recuperación de tierras fiscales aparecen Tafí del Valle, El Cadillal y San Pedro de Colalao. La fiscalía de Estado ya tomó intervención en un sector de San Javier donde también se concretó un desalojo.
