La incertidumbre en El Mollar es tan densa y penetrante como el alpapuyo (niebla) que normalmente cubre el valle de Tafí. Por un lado, el Gobierno avanza con la tarea de recuperar las tierras usurpadas de la Reserva Provincial La Angostura. Por el otro, los ocupantes, al comprobar que el Estado va por todo, comenzaron a despojarse de una carcasa de miedo y confirmar que fueron compradores de buena fe. No sólo eso: muestran documentaciones que complican a la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem); a los funcionarios de la comuna rural y a un habitante de esa villa turística que montó un emprendimiento inmobiliario a través de una maniobra que sería irregular.
En las últimas dos semanas, el Estado se hizo presente en el lugar. Inspectores de diferentes reparticiones confirmaron al menos seis usurpaciones. Dirigidos por el comisario Marcos Goane, más de 100 policías participaron de dos operativos para destruir las parcelas marcadas con alambradas y algunas obras que se habían iniciado. Las personas que residen allí no se movieron. Sus casas fueron levantadas hace 10 y más años. La Policía, en el último procedimiento, les anticipó que debían abandonarlas. Ellos prometieron resistir.
Hasta ahora son tres los barrios observados por las autoridades, pero habría más. Los cuestionados son “Juana Azurduy”, “El Lago” y “Loteo Gaucho Castro”. El primero fue iniciado por la Cidem, el segundo por la misma comunidad en una supuesta sociedad con la comuna rural y el tercero, por Juan Pablo Castro, residente de El Mollar que no forma parte de la agrupación que reúne a los descendientes de los pueblos originarios.
La Policía actuó en el perilago de El Mollar.
Datos reveladores
“No hemos usurpado nada. Esas son tierras ancestrales que nos pertenecen. Este Gobierno pretende seguir con el avasallamiento que ya lleva 500 años”, sostuvo Margarita Mamaní, titular de la Cidem. “Han venido con toda la intención de destruir y desalojar a nuestra gente de las tierras que son suyas”, agregó.
En las últimas horas surgió un dato clave para vincular a la cacique con el barrio El Lago. El 8 de marzo de 2019, presentó una nota en EDET solicitando que colocaran un medidor en la vivienda de Liliana Beatriz Correa. “La que suscribe Margarita H. Mamaní, cacique de la Comunidad Indígena El Mollar, en uso de las facultades emanadas del Estatuto Vigente, expide la presente constancia de posesión en las tierras comunitarias que tradicionalmente ha ocupado y ocupa la Comunidad Indígena El Mollar”, se puede leer en el documento.
“No somos usurpadores. Tenemos papeles que demuestran que nos instalamos aquí de buena fe, confiando en la gente que nos la cedieron. Nunca nadie nos advirtió que estábamos en una Reserva Provincial”, insistió Correa, madre de dos niños. La mujer vive de una pensión y el salario de los hijos. El marido acusa dos infartos y, según confiesa, sólo realiza tareas livianas de “changarín”.
A su vivienda de ladrillos la levantó a lo largo de los años sin advertir tampoco los riesgos que representa estar cerca del río El Mollar y del lago. “No tengo donde ir ni la posibilidad de levantar otra casa. Aquí nuestras vidas cambiaron cuando llegó una legión de policías y comenzó a sacar postes, alambrados y derrumbar paredes de algunas casas. Todos nos asustamos y nos dispusimos a no permitir que nos tiraran abajo nuestras viviendas”, apuntó la mujer.
ESPERANDO RESPUESTAS. Las personas que compraron terrenos fiscales se presentaron en la comisaría de El Mollar para aclarar su situación.
Cesión comunal
“No somos usurpadores, todos tenemos papeles de posesión”, aseguró Maira Sequeira que cuenta en la zona de la reserva con una pequeña vivienda y una cancha de fútbol cinco que explota comercialmente.
“Hasta aquí vinieron gente de Turismo, de Recursos Naturales, de la Dirección del Agua y otros para decirnos que nos quedemos tranquilos porque ya verían la solución que nos pueden dar”, explicó. “Pero nos advirtieron que no sigamos construyendo. No podemos abandonar este lugar porque no tenemos donde ir con nuestros hijos”, advirtió.
Sequeira insistió que ellos eran poseedores legales de esas tierras. Para probarlo, mostró un documento que generará una enorme polémica. “La Comuna Rural de El Mollar hace constar que al Sr. Ariel Peñalva, con domicilio en El Mollar, se la hace entrega de un terreno en el barrio El Lago de 10 metros de frente y contra frente por 25 metros de fondo, siendo sus linderos al norte baldío; al sur calle, principal, al este, calle vecinal; y al oeste flía Centeno. Sirva la presente para ser presentada ante las autoridades que lo requieran”, se lee en el documento que fue firmado el 21 de agosto de 2024 por el ex comisionado Jorge Cruz.
El firmante es padre del actual comisionado, que también se llama Jorge Cruz. LA GACETA no lo encontró en su puesto de trabajo el viernes. Tampoco respondió las llamadas ni los mensajes que se le enviaron. Los habitantes dijeron que normalmente se encuentra en la capital realizando gestiones y que, por cuestiones laborales, residiría en Yerba Buena.
Diferentes
Los residentes de los barrios Juana Azurduy y El Lago nunca dijeron haber adquirido las tierras, sino que fueron cedidas por la cacique o por el delegado comunal. Por esa razón, “El Loteo Gaucho Castro” es diferente. Aquí se trató de un emprendimiento inmobiliario. Cuentan sus compradores que pagaron entre $8 y $12 millones por una parcela. La diferencia del valor tiene que ver con el tamaño de la tierra que adquirió.
“No sospeché nada porque nos mostraba documentación que el loteo estaba inscripto en Catastro, Rentas y en la comuna rural. Pero ahora con todas estas irregularidades no sé qué decir ni qué hacer. Invertí mucha plata para tener un lugar de descanso”, admitió Luis Heredia.
Según los investigadores del Estado, años atrás Castro consiguió una autorización de pastoreo por parte de Flora y Fauna. Con el paso del tiempo, se habría presentado en Catastro con un proyecto de loteo que, según los funcionarios de esa área, nunca habría sido autorizado. Luego, sin que se supiera por ahora cómo lo hizo, el emprendedor habría logrado inscribirlo en la Dirección General de Rentas y en la comuna rural. El panorama de investigación se amplía cada vez más
