En el valle de Tafí soplan nuevos vientos. Aires que comenzaron a dispersar esa especie de alpapuyo que cubría una serie de irregularidades que generan malestar y causas judiciales. Lo que hace un par de años parecía imposible, terminó haciéndose realidad. Las tierras que ocuparon los miembros de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar en la Reserva Natural La Angostura comenzaron a ser devueltas a sus tenedores, ya sea el Estado o particulares. De los nueve predios restituidos en cinco meses, cinco estaban en poder de los miembros de los pueblos originarios.
Todo comenzó a mediados de octubre. Autoridades descubrieron que en la zona de Ojo de Agua se habían marcado parcelas en el área protegida. La cacica Margarita Mamaní explicó que esas tierras pertenecían por derechos ancestrales a la Cidem y que habían sido repartidas entre sus comuneros para instalar una especie de feria de artesanos. Sin que llegara a judicializarse el caso, la Policía realizó un operativo en el que liberó la zona.
OPERATIVO. En octubre, policías sacaron los alambrados en varios lugares.
Días después, en una inspección mucho más profunda, profesionales del Estado descubrieron que efectivamente había más tierras ocupadas. Los uniformados procedieron a destruir los alambrados de dos loteos conocidos como los barrios Juana de Azurduy y El Lago. Según explicó Mamaní en esos convulsionados días, esas eran tierras para los miembros de la comunidad. “Esa es la excusa de siempre. Los cercan, esperan un tiempo y después los venden sin ningún tipo de problemas. Y lo que es más grave, nadie les dice nada. Eso sucedió y sucede en Casas Viejas”, sostuvo Eliana Herrera, veraneante de El Mollar.
Dos juicios
En menos de un mes, hubo dos fallos judiciales que pueden marcar un camino en la decena de litigios que están abiertos por disputas territoriales. Dos magistrados diferentes ordenaron la restitución de las tierras que habían sido usurpadas y explotadas por la Cidem desde hace más de 10 años.
El caso más emblemático es el del “Servicio de pesca y paseo ‘El Pelao’”. En el litigio, Mamaní reconoció que ocuparon las tierras de la reserva y otorgaron al comunero Eduardo Monasterio los derechos de explotación. El beneficiado se la cedió a su suegro Andrés Miguel que fue quien terminó realizando la actividad comercial con la no habría realizado tributo alguno.
DESALOJO. La Provincia recuperó las tierras de un emprendimiento.
En esta causa surgió otra irregularidad: el Ente Tucumán Turismo le otorgó el permiso sin tener en cuenta que el negocio había sido montado en tierras fiscales ocupadas ilegalmente. Tampoco controló que la persona designada sea la que lo lleve adelante durante una década. La jueza Luciana Eleas resolvió el 12 de febrero que la parcela sea restituida a la Provincia. Miguel desocupó el predio tomado y la casa construida por el emprendedor, por el momento será la base de la Policía Lacustre que se encargará de evitar nuevas usurpaciones.
En febrero de 2012, los representantes legales de la Asociación de Obrera Textil de la República Argentina denunciaron que miembros de la Cidem, bajo las órdenes del entonces cacique Enrique Mamaní, ocuparon el predio que les había donado el Gobierno para construir un centro vacacional. Explicaron que cada vez que intentaban avanzar con las obras, desconocidos destruían los cercados, tapaban el pozo ciego y vandalizaban las conexiones de los servicios de energía eléctrica y agua.
Según consta en el expediente judicial, la comunidad comenzó a comercializar lotes hasta que una medida cautelar lo impidió. Luego destinaron esas tierras para la instalación del club El Sauce, entidad que participa de los torneos que se organizan en El Mollar.
Después de más 13 años de espera, el juez Raúl Tejerizo falló el 28 de febrero a favor del gremio y ordenó la restitución del predio que le había donado la Provincia a la entidad sindical. Fuentes del gremio le dijeron a LA GACETA que el proyecto sigue firme y que no descartan la construcción de un hotel, que sería el primero en esta localidad turística. Mamaní, en cambio, sostuvo que apelarán la resolución. Por lo pronto, los ocupantes tienen plazo hasta hoy para desalojar el predio.
Argumentos
A pesar de que se trataba de casos diferentes, los desarrollos de los expedientes y las resoluciones fueron similares. Los demandantes presentaron pruebas para demostrar que eran los titulares y que en diferentes momentos fueron despojados de sus propiedades. Los demandados, en cambio, presentaron testigos que argumentaron las actividades ancestrales que desarrollaban en esos lugares los miembros de la comunidad y copias del plano de relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde se dejaba en claro cuáles eran los dominios de la Cidem.
Tanto Eleas como Tejerizo fallaron a favor de los demandantes. Ambos consideraron que los testimonios no habían sido suficientes porque no estuvieron acompañados por pruebas. Después, lo que es el punto más interesante, no tuvieron en cuenta la validez del relevamiento realizado en 2009 y presentado en 2014 por cuestionar su veracidad por un esclarecedor fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
En la sentencia del caso “Chenault Mercedes y Otros vs. Castillo Margarita Isabel y Otros s/ Amparo a la simple tenencia”, dictado en diciembre de 2022, el máximo tribunal sostuvo que “el relevamiento no tiene -ni puede tener- la pretensión, la virtualidad o la fuerza para menoscabar, debilitar o anular derechos de propiedad existentes. El propietario de un fundo, nada tiene que temer por la realización del relevamiento, ya que este no puede discernir, ni adjudicar o suprimir derechos que surjan de sus títulos”.
Eleas y Tejerizo señalaron además que el documento que presentó la Cidem afectan derechos de los denunciantes, ya que ninguno de los demandantes fue anoticiado de la realización del trabajo de demarcación y, mucho menos, haberles dado la oportunidad de al menos ser escuchados sobre la titularidad de sus tierras.
El futuro
Las dos sentencias dictadas en menos de un mes generaron expectativas entre los demandantes que esperan hace años la resolución de sus casos. El Estado, según confiaron fuentes de Casa de Gobierno, continuará analizando las usurpaciones de tierras fiscales. El gobernador, Osvaldo Jaldo, cuestionó a las administraciones anteriores por su inacción y anunció que continuarán tomando acciones para luchar contra la toma de tierras públicas y privadas. “No es patrimonio del gobernador ni de la Casa de Gobierno, es patrimonio de todos los tucumanos”, enfatizó.
El próximo paso será avanzar en los loteos detectados en el valle de Tafí. El ejemplo más claro, es el conocido como “Loteo Monroy” (bautizado así por el nombre de la familia que lo estaría realizando), que usurpó tierras que habían sido devueltas por el Automóvil Club Argentino a la Provincia hace casi 40 años. Luego se extendería a otros sectores de la provincia.
En Tribunales: dos juicios que terminaron favoreciendo a los propietarios de las tierras en disputa
En los últimos meses se realizaron dos juicios orales por conflictos originados por la toma de tierras por parte de comunidades de pueblos originarios. Los debates terminaron favoreciendo a los propietarios. El caso menos conocido se registró en el 2017 en el paraje conocido como El Bañado, Colalao del Valle. El propietario de la tierra descubrió que comuneros estaban cercando sus tierras y colocando un acueducto. Al intentar detenerlos, se produjo una trifulca. Los miembros de la comunidad lo denunciaron por tentativa de homicidio y Jorge Chico permaneció detenido durante ocho meses. En diciembre se desarrolló el debate donde el acusado terminó absuelto de los delitos por los que había sido acusado.
“Esta sentencia demuestra que no sólo estas personas quisieron ingresar a una propiedad privada, argumentando tener derechos ancestrales, sino también quedó acreditado que cuando mi cliente quiso que estas personas se retiren, estos lo atacaron y luego, a raíz de una denuncia falsa, intentaron durante años mantener una mentira que salió a la luz en el debate”, explicaron los defensores Ernesto García Biagosch y José María Molina.
Por otra parte, la semana pasada, después de más de 12 años de espera, un tribunal terminó condenando a siete de los nueve miembros de la comunidad originaria por haber usurpado la Estancia Riarte, al límite con Salta. “Quedó debidamente probado que, cualquiera fueran sus raíces, los integrantes de estas comunidades no están habilitados para actuar fuera de la Ley. Deben responder por los delitos cometidos, y si eventualmente consideran que poseen derechos reconocidos deben ejercerlos por la vía y forma que corresponden, no a través del delito”, finalizaron los querellantes Camilo Atim y Florencia Abdala.
Habló la cacica: “La pachamama está mandando mensajes porque nos despojan nuestras tierras”
“Les pido a los jueces y a la sociedad en general que revean su pensamiento sobre esta situación. No somos usurpadores de nuestras propias tierras que por derecho ancestral nos pertenecen”, aseguró la cacica Margarita Mamaní. “La Pachamama está enviando mensajes porque se da cuenta de que los poderosos están quitando las tierras a los pueblos originarios”, añadió la titular de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar.
“Le pido al gobernador Osvaldo Jaldo que se informe bien. No le están diciendo bien las cosas y por eso la Justicia está fallando en contra de nuestro pueblo”, señaló Mamaní. “No vamos a cortar las rutas, pero sí nos movilizaremos para que toda la provincia entienda cuáles son nuestros derechos”, añadió.
La representante de la Cidem aseguró que son siete las comunidades de pueblos originarios en el valle del Tafí. “Todas estamos sufriendo el mismo atropello. Entendemos la postura del Gobierno de recuperar los predios de la Reserva Natural La Angostura. Lo felicitamos cuando demolieron el boliche Costa de Piedra que también terminó contaminando a sus jóvenes y aceptamos algunas decisiones, pero otra cosa es que les saquen a nuestros hijos que no tienen dónde vivir. Al mismo tiempo, nadie hace nada con el country con al menos 20 casas que están en el mismo lugar”, señaló Mamaní haciendo referencia al caso del Club Náutico y Pesca de Concepción, caso que fue judicializado por el Estado.
“Le pedimos al gobernador Jaldo que imite a la presidenta de México que está reivindicando a los pueblos originarios. Por más que la Nación haya tomado medidas en contra de nuestros derechos, vamos a hacer todo lo posible para que los hagan respetar”, finalizó.
Dato clave: ¿por qué es cuestionado el relevamiento de tierras de los pueblos originarios?
Los jueces que fallaron contra la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) cuestionaron el relevamiento realizado entre 2009 y 2010 por pedido del Instituto Nacional de Actividades Indígenas. Teniendo como fundamento un trabajo escrito por Patricia Arenas, señalaron que la tarea debería haber sido realizada por el INAI y personal de la Universidad Nacional de Tucumán. Sin embargo, por pedidos de los comuneros, se decidió romper ese convenio en un proceso al que calificó como traumático. Después de esa diferencia, intervino la Defensoría del Pueblo.
La cacica Margarita Mamaní dijo que el documento fue presentado en 2014 ante el Poder Ejecutivo y que ahí quedaron reflejadas cuáles eran las tierras que pertenecían a la comunidad. Sin embargo, el titular de la Dirección General de Catastro Alejandro Navarro confirmó que nunca fueron inscriptas.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia también cuestionó el relevamiento porque fue realizado por los miembros de las comunidades y las personas que señalaron ser titulares no tuvieron participación en su armado. Todas las dudas que hay sobre este punto en particular fueron despejadas por una respuesta que brindó el INAI a un profesional para un caso que debe resolver el máximo tribunal.
Antes de que desapareciera, el titular del organismo, Julián Fernández Duarte, aclaraba que la metodología del trabajo de relevamiento no establecía la comunicación a la persona que ejercía la titularidad del bien analizado, dándole la razón a la Corte de que se vulneraron los derechos de los propietarios.
Pero la respuesta trajo otro ingrediente definitorio: “los resultados del relevamiento territorial no modifican el status jurídico con referencia a la titularidad de los lotes o tierras involucradas”. En otras palabras, por más que hayan sido reconocidas como tierras de los pueblos originarios, no significaría que las comunidades las puedan tomar como suyas.
