El primer paso para llevar orden territorial a El Cadillal ya fue dado. Un informe realizado entre profesionales del sector público y privado detectó que habría por lo menos 300 hectáreas de tierras fiscales y unas 3.000 casas construidas de manera irregular. Ahora la Provincia, como lo hizo en El Mollar, tendrá que analizar caso por caso para tomar una decisión sobre los caminos a seguir. Los especialistas sostienen que esta tarea puede llevar años.
La Provincia, después de descubrir lo que pasaba en el Valle de Tafí, decidió profundizar las investigaciones de usurpaciones, principalmente en los centros turísticos y en el resto del territorio. Por esa razón, se tomaron dos decisiones: crear una unidad ejecutora para analizar estas cuestiones y hacer un diagnóstico sobre lo que ocurría en El Mollar.
“La vocación excepcional para ser una Villa Turística inserta en el Parque Provincial El Cadillal, rodeada de reservas y bosques de alta calidad ambiental, se encuentra amenazada por la ausencia de control estatal ante las usurpaciones, por la falta de un Ordenamiento Territorial Integral, Planificación Urbana y Códigos de Edificación Urbanos, acompañados de un Plan de Manejo de la Actividad Turística-Residencial”, se puede leer en el documento que ya está en poder de las autoridades.
“Hay que ver hasta dónde llega. Me parece bien que se intente poner orden en la provincia. Sin embargo, tengo mis serias dudas de que se llegue a buen puerto porque hay muchos políticos y gremios en el medio”, dijo Esteban Rearte, que vive hace más de 10 años en ese lugar.
Los pasos a seguir
“Estamos trabajando, no le puedo dar mayores detalles”, respondió la fiscal de Estado Gilda Pedicone cuando se le preguntó sobre las medidas que tomaría. Idéntica estrategia utilizó cuando su equipo de colaboradores comenzó a trabajar con la toma ilegal de tierras en la Reserva Natural La Angostura. Pero este caso es sumamente diferente. En El Mollar se habían ocupado alrededor de 40 hectáreas. Los terrenos a constatar son nada menos que siete veces más. El tiempo es otra de las dificultades: en el caso de los valles, la mayoría no tenían más de cinco años, pero en El Cadillal se habla de ocupaciones de más de 30 años.
El primer punto a determinar será cuáles son los casos que fueron judicializados para saber cuál es el estado de estas demandas. Hasta la semana pasada, la Provincia seguía logrando sentencias de desalojos en varias parcelas de ese centro turístico. Pero también habrían descubierto que varios pleitos deben darse por perdidos porque, a pesar de que un juez había solicitado la liberación forzosa de las tierras, el demandante que en este caso es el Estado no los hizo cumplir en 10 años y el ocupante se transformó en dueño.
Una inmobiliaria
El “Loteo Gaucho Castro” de El Mollar terminaría transformándose en un caso emblemático en la provincia. Se trata de un emprendimiento inmobiliario realizado en tierras fiscales. El fiscal Miguel Varela, que está al frente del expediente, planteó la siguiente teoría: “había una especie de inmobiliaria que funcionaba dentro del Estado que se encargaba de ubicar tierras fiscales para comercializarlas y, valiéndose de sus contactos, conseguían la documentación para darle un manto legal”.
La oficina cuestionada es la ex secretaría de Regularización Dominial y Hábitat (eliminada por el gobernador Osvaldo Jaldo en enero último), pero en este caso podrían haber llegado mucho más lejos si es que se confirma que otorgaron la documentación necesaria para que los compradores de tierras fiscales pudieran escriturar los inmuebles. El Estado, legalmente, no puede reclamar su restitución.
Hay otros organismos que quedaron en la mira. Uno de ellos es la Dirección General de Catastro que habría permitido la construcción y el registro de los inmuebles construidos en loteos que cumplieron con las normas vigentes, como tener la factibilidad para comercializarlos.
Al Ente Tucumán Turismo se lo cuestionaría por haber concedido tierras en El Cadillal sin la documentación correspondiente. También analizarán si cumplieron con su deber de controlar si estas sesiones respetaban el convenio al que habían arribado. En el documento también se informó de casos en los que los predios cedidos para realizar alguna actividad particular terminaron siendo loteados.
Según fuentes de la Casa de Gobierno, también deberían dar explicaciones los comisionados rurales que estuvieron al frente de esa comuna en los últimos tiempos. Ellos podrían haber facilitado documentación para que se desarrollaran los emprendimientos inmobiliarios ilegales.
La Legislatura también deberá realizar tarea. Ocurre que en los últimos años se sancionaron normas que se contradicen entre ellas. Por un lado, se aprobó la ley 8.304 en la que establecen cuáles eran las zonas que no debían ser ocupadas para proteger los bosques nativos. Luego se sancionó la ley 9.179 que autorizaba la venta y la regularización dominial de las tierras que estaban en el área protegida.
Qué dice el informe
– Personas usurparon unas 300 hectáreas que fueron loteadas.
– No se cumplió con las normas básicas de loteos, por lo que se construyó en cualquier lado generando problemas en los caminos.
– Viviendas se construyeron a menos de 35 metros del lago, en zonas inundables, en zanjones, detrás de los muros de tres presas o debajo del aliviadero de emergencia.
– Removieron suelos y construyeron casas en terrenos donde hay tesoros arqueológicos.
– Las áreas de bosques nativos protegidos no fueron respetadas y no sólo hubo una tala indiscriminada, sino que además se alteró el ambiente con la construcción de viviendas.
Loteo en El Mollar: expectativas por la audiencia en la que se escuchará la acusación a siete personas
El fiscal Miguel Varela sigue sumando indicios en contra de los siete acusados de haber vendido tierras fiscales en el emprendimiento inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Hasta el momento están acusados Juan Pablo Castro (titular del proyecto), Fernando Rogel Chaler (ex titular de la secretaría de Regularización Dominial y Hábitat), Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (empleado de la desaparecida repartición), Jéssica Mamaní (nuera del último empleado estatal mencionado), Damián Romano (nieto político de Castro) y Jorge Cruz (comisionado rural de El Mollar que fue suspendido por este caso). En principio, se les anunció que serían investigados por usurpación y estafas reiteradas. Pero en los últimos días, el representante del Ministerio Público habría sumado más evidencias para acusarlos de haber integrado una asociación ilícita que se habría dedicado a la venta de tierras fiscales.
