Una banda que estafó a 1.500 personas pidiéndoles dinero a cambio de casas del Instituto Provincial de la Vivienda, quedó a un paso de ir a juicio.
Elizabeth Rosa Alzogaray, Marta Elena Campos, Emmanuel y Luis Ernesto Ramallo, María Ester Soraire, Ruth Anabel Jiménez, Adela Aydeé Bustos, Analía del Valle González y César Antonio Zurita, figuran en la lista del pedido de elevación a juicio que realizó el fiscal Diego López Avila.
Están acusados de cobrar entre $ 2 mil y $ 160 mil con la promesa de usar sus contactos con las más altas esferas del poder para obtener una vivienda, trampa en la que cayeron al menos 1.500 víctimas, aunque se calcula que podrían ser muchas más.
La operatoria ilegal funcionó aceitadamente desde 2015 hasta principios de 2018, cuando algunos damnificados, cansados de esperar que se cumpliera la promesa de los estafadores, comenzaron a denunciar públicamente a Alzogaray, considerada la cabecilla de la organización, y otros miembros de la gavilla.
Esas primeras apariciones de denuncias públicas llevó a la intervención de la Justicia, que los tomó como casos testigos de una investigación que derivó en el requerimiento de 282 páginas, de las cuales 24 fojas apenas alcanzan a contener a la multitud de víctimas de la monumental estafa.
La utilización del WhatsApp, que le sirvió y mucho a los organizadores para aceitar los contactos y potenciar el engaño a sus víctimas, terminó siendo una herramienta fundamental para el fiscal a la hora de dar pro probadas sus acusaciones.
De ahí se desprende que Alzogaray, la cabecilla del grupo, se ufanaba de tener contactos con el área social del Gobierno, que se extendían también a la Legislatura, lo que fue desestimado por la pesquisa.
Lo que si quedó probado es que la mujer trabajó con David Mizrahi cuando fue interventor del IPVDU y luego se fue con él al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
