El desalojo del campo privado que ocupaba una comunidad mapuche en El Foyel, Río Negro, se realizó de manera ordenada ya que casi todo el grupo acató la orden dispuesta por la Justicia y sólo cuatro integrantes quisieron evitar que se ejecute la medida judicial: “Son nuestras tierras, las tierras de nuestros ancestros. Vamos a volver a reclamar por lo que es nuestro”, fue el mensaje amenazante.
Así, Rosa Blanca Gallardo Calfú, de 67 años, intentó resistir el desalojo y fue una de las cuatro integrantes de la lof –que lleva su apellido– que terminó detenida en la Comisaría 12º de El Bolsón.
“Acá están nuestros ancestros. No vamos a bajar los brazos, vamos a volver, esta reivindicación territorial todavía no terminó”, dijo a los gritos, antes de ser trasladada al nosocomio para un chequeo médico y luego a la dependencia policial.
No obstante, no fue su resistencia la única causa que derivó en su detención. El viernes pasado el juez de Garantías Ricardo Calcagno la había declarado en rebeldía por no presentarse a la audiencia y pesaba sobre ella un pedido de captura. Había que trasladarla sí o sí a la unidad policial.
Otra de las detenidas es una figura repetida en asentamientos mapuches, ya que es el tercero del que participa. Se llama Mirta Curruhuinca, quien también fue identificada en el asentamiento de Villa Mascardi e incluso en uno anterior ocurrido en Leleque, provincia de Chubut.
Su hijo, Lautaro González, está prófugo de la Justicia Federal. Sobre él pesa una notificación de “alerta roja” de Interpol desde 2018 por su violenta participación en el conflicto mapuche de Villa Mascardi. Está imputado por el delito de “usurpación y atentado agravado”.
El abogado defensor de la comunidad, Manuel Mansilla, criticó el desalojo. Aseguró que no fue notificado e incluso tampoco pudo participar del operativo debido a que ingresó al campo por un camino alternativo y se perdió en una zona boscosa.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UP22LZQBAFAM7J7GHGLVSXCAYM.jpg)
Parte de los efectivos policiales que participaron del desalojo ordenado por la Justicia
Fuentes policiales informaron que “el procedimiento se ajustó a derecho, no hubo situaciones de tensión, tampoco manifestantes ni efectivos policiales heridos. Se realizó a través del diálogo”.
El fiscal jefe de la zona Martín Lozada supervisó la labor de la fuerza policial junto al fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Jara, y el director de Seguridad de la fuerza de seguridad, Osvaldo Tellería.
La orden de desalojo fue emitida cerca del mediodía del lunes por el juez de Revisión Marcelo Álvarez Mellinger y poco después se hizo efectiva, una vez que los integrantes de la comunidad fueron notificados.
“Esperábamos una medida así, sin violencia, pero que haga cumplir lo que es justo”, dijeron allegados a la familia Soriani, propietaria del campo ocupado. Una vez que el grupo se retiró, las personas que estaban cautivas recuperaron la libertad. Igualmente, el predio permanece custodiado por efectivos policiales de manera preventiva y ante las amenaza de los mapuches.
Dijeron además que “no es el primer revés judicial que tienen los Gallardo, ya que atravesamos por un proceso judicial que también les salió desfavorable y la razón es que los dueños somos nosotros, y podemos acreditarlo”.
El traslado de los cuatro detenidos a la dependencia policial de El Bolsón provocó una manifestación para solicitar su liberación, que podría concretarse en las próximas horas. Además, durante la madrugada hubo quema de cubiertas en distintos sectores de la ruta 40, un principio de incendio forestal en la zona de conflicto y un corte de ruta en Bariloche.
