Continúan las repercusiones en torno de la decisión de Zannini de pedir que Amado Boudou cobre una jubilación VIP de $400 mil por mes. Y mientras la ANSES tendrá que decidir al respecto, la indecencia del vamos por todo recargado forma parte de la nueva normalidad de un Estado que no tiene problemas en quedarse con el fruto de la productividad privada en pos de repartir utilidades entre amigos.
Hace dos años, el antecesor del actual procurador, Bernardo Saravia Frías, emitió un dictamen en el que explicó las razones jurídicas acerca de por qué Boudou no tiene derecho a cobrar esa jubilación VIP. Y es que se trata de un condenado a 5 años de prisión con la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone. Es decir, la maquinita para imprimir billetes de una moneda que nadie quiere como es el peso.
Es apenas una cuestión de sentido común. Los alcances de ley N° 24.018 acerca de las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones, ese es el debate. Al igual que sucede en otros países del mundo, un condenado por perjudicar al Estado, no puede cobrar una pensión del Estado. Pero el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, decidió tergiversar esta posición ética.
Manifestó que, supuestamente, la ley dice otra cosa. Que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso. No bastó con otorgarle a Boudou la excarcelación por un polémico fallo relacionado con el coronavirus. El kirchnerismo no se detendrá hasta que también cobre la jubilación VIP por haber sido vicepresidente de la Nación del 2011 al 2015 con Cristina al frente del país.
Para tener una idea de lo que estamos hablando, basta con entender que se trata de una pensión de privilegio equivalente a dos terceras partes del sueldo de un ministro de la Corte, más los sueldos adeudados en cuatro años que alcanzarán una cifra millonaria. Es vergonzoso que en medio de la situación social que vivimos priorice entregar 20 millones a quien la Justicia condenó por corrupción mientras se desempeñaba como vicepresidente.
Para Boudou no hay ajuste como sí lo hay para el resto de los jubilados, que ven como hasta fin de año se extenderá la suspensión de la ley de movilidad por medio de un nuevo DNU de Alberto Fernández. El amiguismo y la complicidad pueden más que un fallo de 700 páginas de la Casación Penal que confirma la condena por corrupción de Boudou y que le impide, además, ocupar un cargo público en nuestro país debido a que defraudó al Estado.
¿Estará Cristina detrás de todo esto? De hecho, no sorpendería porque puede tomarse esta movida en favor de Boudou como una forma de garantizarse ella su futuro económico. ¿Por qué es esto? Simple, porque si Cristina es eventualmente condenada en el futuro en un juicio por corrupción ella tampoco podría cobrar una pensión vitalicia. Pero si Boudou puede hacerlo, se sienta un precedente en el que la impunidad consagre el saqueo al Estado.
