La capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la corrupción sigue en picada, siendo Guatemala y Venezuela los que más deterioro han experiementado como reflejo del frágil estado de la democracia y falta de voluntad política.
La quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks, reveló por primera vez una disminución del promedio regional, con retrocesos en 10 de los 15 países clasificados.
El CCC es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y detener la corrupción. Se considera que los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países ubicados en el extremo inferior de la clasificación.
La escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero para el que menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos, como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.
“El deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, expresó Theodore Kahn, director asociado de Control Risks. “Socava la confianza en las instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras” y debilita la confianza de inversionistas, explicó el experto a The Associated Press.
Aunque la corrupción es una preocupación para buena parte de la población latinoamericana, no es el único desafío para los gobiernos, la sociedad civil y los medios de comunicación. Otro de los retos que enfrentan son la delincuencia y las dificultades económicas, de acuerdo con el reporte que reveló el índice de este año. El resultado, indicó, es un entorno anticorrupción menos activo y menos movilizado que en años anteriores. Sigue erosionándose poco a poco.
En la edición 2023 del CCC, Uruguay encabeza la lista como el país mejor capacitado para combatir la corrupción, con un puntaje de 6,99; seguido por Costa Rica, con 6,76; y Chile, con 6,67. Entre los países con menor puntación aparecen Guatemala, con 2,86 puntos; Bolivia, con 2,56; y Venezuela, con 1,46.
De los 15 países, Guatemala y Venezuela experimentaron las caídas más significativas en sus puntajes en el último año, del 15 % y 10,4 % respectivamente. Panamá, en cambio, registró una mejora sustancial del 9 % en términos interanuales, a 5,39 puntos.
El índice fue publicado por primera vez en 2019 y analiza 14 variables clave, entre ellas, la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y la cantidad de recursos destinados a combatir la corrupción.
En Guatemala, el descenso “es el resultado del frágil estado de la democracia y la falta de voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Valeria Vásquez, analista de la consultora que realizó el estudio.
El país cayó del puesto decimotercero de la lista del CCC al decimocuarto este año, con descensos pronunciados en los rubros de capacidad jurídica (20 %) y democracia e instituciones políticas (16 %).
Bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, el Ministerio Público ha seguido un patrón de persecusión judicial y detenciones, incluyendo jueces, periodistas y fiscales. Estados Unidos ha señalado a la fiscal general guatemalteca por “corrupción significativa” e incluyó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la actores corruptos.
En el caso de Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las directrices del gobierno de Nicolás Maduro.
La variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó en el país un 18 % y la que evalúa la calidad de la prensa, un 15 %, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.
La baja puntuación de Venezuela en el índice es reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país y que ha permitido al partido oficialista cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos existentes en un sistema democrático.
“No existe una división de poderes sana que permita controlar y castigar” hechos de corrupción, expresó Kahn. “Esta situación facilita la impunidad para ciertos miembros de la élite política”, dijo.
