Patrañas y barbaridades sin ningún tipo de apoyo jurídico son solo algunas de las calificaciones con las que Cristina Kirchner recibió la publicación de los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal 2 que el año pasado y por el que fue condenada por maniobras de corrupción a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A diferencia de lo que ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando el tribunal anunció su condena, en esta oportunidad la vicepresidenta no responderá de inmediato a las imputaciones de los jueces, sino que se tomará su tiempo.
La oportunidad sería el acto que encabezará este viernes, a las 18, en Viedma, donde disertará sobre economía en ocasión de recibir un título honoris causa que le entregará la Universidad Nacional de Río Negro. Así lo se lo comentaron a LA NACION fuentes cercanas a la vicepresidenta. “Si bien por el título de la clase que va a dar no parecería y siempre es difícil saber qué va a decir Cristina, seguramente algún pasaje habrá”, respondió un colaborador ante la consulta sobre si la presidenta del Senado podría replicar los fundamentos de la sentencia en su contra.
La disertación en Río Negro tiene por título “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria”. “Inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”, amplía el subtítulo sobre el contenido de la exposición.
La vicepresidenta recibió los fundamentos de la sentencia en su domicilio particular y no causaron sorpresa alguna, por esperados, aunque sí muchas críticas.
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“Era esperable. Sabíamos que iba a decir todo tipo de barbaridades sin ningún tipo de fundamento jurídico. Además, tiene un montón de puntos débiles”, precisaron sus allegados.
Al respecto, desde el entorno de la expresidenta se destacaba un pasaje del escrito, de 1660 páginas, en el que los magistrados admiten la dificultad para encontrar documentos probatorios. “En otras palabras, la comisión de delitos en ámbitos organizados dificulta la obtención de prueba directa en torno al hecho criminal”, dice uno de los párrafos señalados.
“Dicen que esta organización era tan intrincada que era difícil conseguir pruebas. ¿Entonces para qué condenas, amigo?”, criticó los fundamentos una persona con acceso al despacho de la vicepresidenta. “Es una locura que un juez de la Nación no pueda conseguir pruebas; y sin pruebas no se puede condenar”, completó.
Detalles como estos avalan las quejas que se escucharon hoy en los despachos oficialistas del Senado en los que se repetían los conceptos con los que Cristina Kirchner recibió la publicación de los fundamentos de la condena.
“Este es el final de una patraña cometida desde el primer día porque condenar a una persona por una obra en Santa Cruz siendo presidenta de la Nación indica que el fallo tiene un montón de puntos débiles”, señalaron en el kirchnerismo.
Como para que no quedarán dudas, un allegado de la vicepresidenta fue lapidario. “En estas 1600 página no vas a encontrar ninguna prueba porque, básicamente, no las hay”, sentenció en diálogo con este diario.
Regreso público
La de este viernes será la segunda aparición pública de la semana para la vicepresidenta, luego de que el martes encabezara un acto en el Salón Azul del Congreso en el que el Senado distinguió con la mención de honor Juana Azurduy de Padilla a las Abuelas de Plazo de Mayo.
La ceremonia, con la presencia de ministros del Poder Ejecutivo como Eduardo De Pedro (interior), Jorge Taiana (Defensa) y Martín Soria (Justicia), rozó el operativo clamor para que se presente como candidata cuando los presentes comenzaron a cantar “Cristina presidenta”.
La del martes fue la primera vez que Cristina Kirchner volvió a hablar en público desde el acto del 27 de diciembre en Avellaneda, en ocasión de la inauguración de un polideportivo.
Aquella vez, la vicepresidenta cambió su renunciamiento del día que replicó el fallo condenatorio del TOF 2 –”que se queden tranquilos, no voy a ser candidata a nada”, sorprendió ese 6 de diciembre-, por la teoría de la “proscripción” como consecuencia de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que le impusieron los magistrados.
