La vicepresidenta Cristina Kirchner se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 16 y 5 años de prisión en el caso Vialidad, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, en una causa que se encamina a su resolución final en las próximas semanas.
En un mes empiezan los alegatos en el juicio de la causa. El fiscal Diego Luciani alegará probablemente en agosto. Consultado acerca de si iba a acusar y a pedir condena para la vicepresidenta, Luciani dijo que adelantará nada hasta que le toque hacer su alocución en el juicio.
Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena, aunque nadie lo confirma en los tribunales, ni extraoficialmente.
Sí es posible analizar la eventual pena que podrían solicitar para la vicepresidenta. Cristina Kirchner llegó a juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques lo escribieron así: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QOJE445UMNB7FO2VGBGQ4VVJGA.jpg)
“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
La escala de las penas
De mantenerse esta calificación en el alegato, y nada hace pensar lo contrario, el Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima.
Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.
Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/V7OUARA3HBH4RA75W2MHGPXMTU.jpg)
Claro que en el caso de acusados que ya fueron condenados en otras causas, como Lázaro Báez y José López, de ser condenados en esta causa se deben unificar las penas anteriores con las que eventualmente reciban ahora.
La fiscalía, a la hora de pedir la pena, además de la escala penal, evalúa las condiciones personales de los acusados, su falta de antecedentes o no, su posición de poder dentro de la organización. Rara vez un imputado primerizo, sin problemas con la ley, recibe un pedido de pena máxima, ya que hay atenuantes en la conducta que llevan a establecer ese monto disminuido.
La agenda del juicio
Los alegatos comenzarán el próximo 11 de julio y serán transmitidos en vivo por TV, según decidió el tribunal a cargo del proceso. Dado que la fiscalía tiene hasta un mes para alegar y cada una de las 13 defensas hasta una semana, es probable que el veredicto se conozca a fin de año.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso decidieron que en primer lugar ofrecerá su alegato la Unidad de Información Financiera (UIF), luego la Oficina Anticorrupción (OA), en caso de que decida hacerlo, pueden durar varias semanas. Después de la feria judicial de invierno alegaría el fiscal Luciani.
A partir de allí será el turno de los 13 acusados, incluida Cristina Kirchner. Los jueces decidieron, además, que se realizarán tres audiencias por semana, a partir de ahora. La fecha del 11 de julio fijada para el comienzo de los alegatos permite que las exposiciones se inicien antes de la feria judicial de invierno y se retomen en agosto.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/EV3VKJ2TU5FB5H6I5QX4X36PN4.jpg)
Dado que se permitió que la fiscalía ocupe hasta nueve audiencias para desarrollar sus pruebas contra los acusados y que a cada una de las defensas podrá dedicar hasta tres días con su resumen final, es probable que el juicio termine con un veredicto a fin de año.
El orden de los acusados es encabezado por Lázaro Báez y le siguen Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio de Vido, Abel Fatala, Cristina Kirchner, Héctor Garro, Héctor René, Carlos Kirchner, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y José Villafañe.
Los jueces decidieron que todos los acusados deben estar presentes o tramitar un nuevo permiso especial en cada caso. Se dispuso que las audiencias se transmitirán de manera pública en vivo por TV.
El caso
Se trata del juicio por la causa que se conoce como Vialidad Nacional, donde la vicepresidenta está acusada de administración fraudulenta al favorecer a Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia Santa Cruz. Ese proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y se desarrolló en parte de manera virtual.
Ya terminaron de declarar más de 70 testigos y siete peritos. Finalizó la etapa probatoria. Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso citaron una de las últimas audiencias para el 13 y el 27 de junio para terminar de definir la “incorporación por lectura” al debate oral y público de los documentos que solicitaron los defensores.
La Corte Suprema de Justicia tiene en estudio media docena de recursos presentados por Cristina Kirchner. La vicepresidenta busca que el juicio sea declarado nulo. Impugnó desde deficiencias en la prueba hasta una denuncia de que ya fue sobreseída por estas mismas acusaciones en otro tribunal. Con el proceso avanzado, y en etapa de definiciones, nada hace pensar que la Corte frene el juicio.
