El juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, repuso en funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores. El fallo no presupone una buena noticia para las intenciones de la administración de Alberto Fernández.
En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
El fallo llega un día de fuerte reclamos contra la medida oficial. Mañana se espera una serie de concentraciones en distintos puntos del país para manifestar en contra de la intervención y el proyecto de expropiación que anunció el Gobierno la semana pasada.
El fallo
Lorenzini explica el fallo comenzando a describir que a su tribunal acudieron Daniel Nestor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Maximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi, todos directores de la sociedad concursada VICENTIN SAIC, y que manifestaron “que fueron desplazados de sus funciones por el Sub Interventor presidencial, Sr. Luciano Zarich”.
Todos pidieron el desplazamiento de los interventores designados con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable. Eso en principio no ocurrió, pero si el magistrado determinó que los interventores designados por Fernández sean sólo veedores. Lorenzini se declaró además incompetente para determinar la constitucionalidad del decreto de intervención.
Para permanecer en sus puestos en el directorio, los integrantes de la familia Vicentin y otros ejecutivos, alegaron que “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.
El juez hace referencia también al contexto económico en medio de la pandemia y dice que por eso “cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada”.
Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, dijo.
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