La vicepresidenta anunció en su cuenta de X que había firmado el decreto para frenar la suba. “Es mi intención que se acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, indicó.
El Senado inició el 2025 sin resolver el descongelamiento de las dietas de los legisladores del cuerpo. La resolución que votaron los senadores en agosto pasado congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, dejando nuevamente vigente el proyecto de resolución aprobado a mano alzada por los legisladores en abril de 2024. Este proyecto establece que sus ingresos quedan sujetos a los sueldos de los empleados del Congreso, conforme a la conocida ley de “enganche”, que fija un ingreso para los senadores un 20% mayor al de la máxima categoría del escalafón de los empleados legislativos, la categoría A1. Este enganche llevaría las dietas de los representantes provinciales a superar los 9 millones de pesos en bruto.
Desde las oficinas de la presidencia del Senado aseguraron a TN que Victoria Villarruel, quien mantiene reuniones en su despacho del primer piso del Palacio, aún tiene tiempo para tomar una definición. “Las dietas de los senadores se liquidan a partir del próximo 15 de enero”, señalaron, indicando que ese es el plazo para decidir.
Varios bloques ya enviaron notas a la presidenta del Senado solicitando mantener el congelamiento de los ingresos de los legisladores. Abrió el camino el PRO de Luis Juez, seguido por los libertarios, los federales liderados por Carlos “Camau” Espínola, el monobloque de Francisco Paoltroni, fuerzas provinciales de Misiones y Río Negro, y, finalmente, la UCR, presidida por Eduardo Vischi.
“Quienes integramos este bloque tenemos la firme voluntad de no percibir aumentos en nuestras dietas”, señalaron los radicales, quienes agregaron: “Es lamentable cómo se manipula y desinforma respecto a este tema, utilizando esto como instrumento de desprestigio hacia uno de los poderes públicos de la Nación, fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido en otros momentos de la historia. Por ello, solicitamos que se considere la prórroga del congelamiento de las dietas, hasta tanto podamos debatir dicha cuestión en el pleno”.
Los legisladores entienden que la vicepresidenta Villarruel puede, en uso de sus facultades, mantener el congelamiento de las dietas. “Es una resolución que podría haber adoptado hace 20 días, argumentando que no hay convocatoria a extraordinarias y que, cuando se reúnan los senadores, podrán modificar la situación, dejando en plena vigencia el congelamiento”, señalaron. Esa sesión podría coincidir con la preparatoria, convocada para elegir a las autoridades políticas y administrativas del Senado el próximo 24 de febrero, o directamente con la reapertura del Congreso el 1 de marzo.
Villarruel espera que la totalidad de los bloques le soliciten la prórroga; sin embargo, aún no recibió la nota correspondiente del interbloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por el senador José Mayans.
La resolución de los legisladores
En abril pasado, los senadores resolvieron que percibirían un total de 13 dietas anuales. Cada una de ellas sería equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo. El valor del módulo sería el mismo que perciben los empleados legislativos, conforme a la ley 24.600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación).
Posteriormente, el 22 de agosto de 2024, se suspendió hasta el 31 de diciembre la vigencia de esta resolución y se votó un desenganche de sus ingresos respecto del personal legislativo, retrotrayendo cualquier aumento de haberes. Esa resolución finalizó esta semana.
Propuestas alternativas
El senador Paoltroni está trabajando en un proyecto para regular la renuncia a las dietas y promover la transparencia y la austeridad en el Congreso. La iniciativa, de siete artículos, establece que los legisladores, sean diputados o senadores, podrán renunciar total o parcialmente a sus dietas mediante una solicitud formal presentada por escrito ante la secretaría administrativa correspondiente.
En sus fundamentos, Paoltroni señala: “Proponemos una medida concreta de austeridad en las remuneraciones de los legisladores nacionales, adecuándolas a un estándar que refleje las condiciones económicas del país. La dieta legislativa se establece en un monto equivalente a diez jubilaciones mínimas vigentes, un parámetro que simboliza un compromiso ético con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
El proyecto de UxP
En medio de esta polémica, el interbloque de Unión por la Patria (UxP), liderado por José Mayans, presentó una iniciativa para resolver la controversia sobre los ingresos de los diferentes poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la propuesta, presentada en abril pasado, Mayans y varios senadores de UxP plantean fijar un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, así como de órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas estatales. También establecen límites a la remuneración de las máximas autoridades.
El proyecto fija que las remuneraciones mensuales del presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los senadores, los diputados, el Procurador General, el Defensor General, los consejeros de la Magistratura, los auditores generales, el Defensor del Pueblo de la Nación y el personal del Servicio Exterior no podrán superar los 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
En sus fundamentos, Mayans argumenta: “Buscamos fijar un principio de coherencia y uniformidad en las remuneraciones percibidas por las autoridades superiores y funcionarios de los tres poderes del Estado”. Y agrega: “El debate sobre la escala remunerativa y su evolución deberá llevarse a cabo en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, sin degradar los ingresos de agentes y trabajadores. Pretendemos brindar parámetros claros para que las remuneraciones de quienes ocupan lugares de decisión sean objetivamente validadas, separando estas responsabilidades/retribuciones de las de los trabajadores públicos”.
