En el marco de la causa de supuesto abuso sexual y robo de identidad de parte del legislador provincial, Ricardo Bussi, para con una mujer que trabajaba en Fuerza Republicana, desde Tucumán Despierta entrevistamos en exclusiva al abogado de la denunciante, Salvador Iovane. En ese marco, el profesional se refirió al estado en el que se encuentra la causa en contra del titular del partido opositor FR y a los pasos a seguir.
Dijo que todavía está a la espera y que se vio obligado a recurrir a tribunales internacionales, debido a que la Justicia nacional, tanto la federal de Tucumán, como la Corte nacional, no dieron respuesta a los planteos realizados en lo que respecta a las garantías de justicia. Y es que, al día de hoy, las pruebas que se han requerido no se han producido. Y las que sí se han recabado, según comentó, el juez de la causa se encarga de desperdigarlas por donde puede.
Es por ello que aclaró que se encuentra preparando la demanda internacional contra el Estado argentino a fines de dejar sentado que no hay garantía de justicia. En ese sentido, expresó que habrá otro país que, según manifestó, de garantías a los derechos humanos que consideró que se están violando. A causa de lo que calificó como la misoginia que tiene la provincia de Tucumán, implica violencia de género, lo cual, a su vez, puede ser considerado como de lesa humanidad.
Justamente, este hecho es lo que lo habilita a recurrir a un tribunal internacional, pero también le permite llevar el caso a otro país para que se trate el caso. “Hoy en día puedo decir que la Justicia tucumana y argentina está agotada”, comentó el abogado Iovane, debido al hecho de que, según opinó, no hay ningún tribunal que pueda ser competente ni que garantice la imparcialidad que corresponde.
En ese contexto, aclaró que hará una denuncia más amplia no solamente contra Ricardo Bussi, y en virtud de los hechos en la causa Enrique Pedicone, sino también en contra de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo y al titular del Poder Ejecutivo, Juan Manzur. “Es tan grave la red de complicidades de esta mafia política que busca el encubrimiento de Ricardo Bussi y de todos los cómplices”, dijo.
En cuanto al estado en el que se encuentra su defendida, Salvador Iovane manifestó que se le quitó la seguridad que le correspondía en virtud de que la Policía Federal considera, según él, que no tiene suficientes efectivos como para poder darle una consigna a la joven. Y es que esto se debe al hecho de que el Ministerio de Seguridad de la Nación y el juez de la causa nunca pidieron la aplicación del régimen de protección de testigos para la víctima.
“Realmente, se está atravesando una situación terrible porque no hay una garantía real de justicia”, analizó el abogado de la víctima. En ese sentido, remarcó que la fiscalía nunca hizo nada por la causa ya que jamás investigó nada al respecto. “Eso quiere decir que el poder político no quiere que se investigue”, sentenció para justificar la búsqueda de justicia en algún tribunal en el exterior.
