La dirigente indigenista Margarita Mamaní, acusada penalmente de violar medidas contra epidemias, usurpación de autoridad y entorpecer el tránsito de vehículos sobre la ruta 307, cumple con la prisión domiciliaria desde la semana pasada, por una disposición juez de Instrucción en lo penal de Monteros, Mario Velázquez.
Consultada por Los Primeros, expresó con cierta molestia que “siento que soy una presa política, única mujer originaria, por el solo hecho de defender y resguardar la salud de la población y no solo de nuestra comunidad indígena, sino también de todos los habitantes del valle de Tafí”.
Sin embargo, para la Justicia están acreditados los elementos de sospecha necesarios por los que ordenó el desalojo de la ruta provincial 307 y la detención de la dirigente indigenista. En el marco de la investigación penal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reunió los elementos suficientes antes de requerir las medidas coercitivas, que se ordenaron el martes 28 de abril y se concretaron el sábado 2 de mayo en medio de algunos incidentes.
Desde el jueves 19 de marzo, integrantes de la una comunidad indígena habían montado un puesto de control en proximidades del puente Mendilaharzu, por la ruta 307, con el fin de impedir el ingreso de personas que no estuvieran domiciliadas en los valles y que pudieran representar un riesgo de propagación de la covid-19.
Desde entonces, Mamaní junto a otras personas de la comunidad de El Mollar y con el acompañamiento del intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, evitó que las personas que no residían en el valle pudieran transitar por la ruta, lo que derivó en una serie de denuncias de particulares afectados por este hecho.
Hoy la cacica cumple con la prisión domiciliaria en su casa en El Mollar y desde allí expresó que hay acuerdo internacionales que le permiten a la comunidad de los pueblos originarios colaborar con el Estado en la preservación de su territorio.
