El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a cuatro mujeres integrantes de la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio perteneciente al Obispado de San Isidro, en Villa Mascardi. El juez de Garantías Juan Martín Arroyo rechazó el pedido de rebeldía y captura de la querella para varias personas que no se presentaron a la audiencia virtual y dio lugar a la investigación por cuatro meses. Además autorizó la restitución del predio, sin plazos legales, apelando al diálogo tal como plantearon los acusadores y en función de un protocolo propuesto por la Procuración General. Si no se logra una salida pacífica, habrá desalojo por la fuerza.
Betiana Colhuan, Yéssica Bonnefoi, Johana Colhuan, María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan, Gonzalo Coña, según la acusación, son los responsables dehaber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales. Pese a ello, la formulación de cargos prosperó únicamente contraMaría Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi, porque el resto de los nombrados no fueron debidamente notificados de la realización de la audiencia y no se presentaron a la misma.
Según describió la fiscalía, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) dijo que “no tenía ningún relevamiento sobre la comunidad por presuntos hechos de violencia”. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también ratificaron que no pudieron concretar el relevamiento y expresaron la irregularidad de la Lof. Tampoco hubo tramitación de terreno recuperado. “Así, no hay posibilidad de avanzar en ninguna salida alternativa”, apuntó Cendón que además reveló que la fiscal federal Silvia Little remitió “el dictamen por el cual ella solicitó la indagatoria a las personas que logró identificar como integrantes de la comunidad”. Las mismas que Cendón imputó, reclamando un plazo de 4 meses de investigación y medidas cautelares.
El representante de la querella, Ernesto Saavedra, adhirió y pidió la rebeldía y captura de aquellos que estando notificados no se hicieron presentes en la audiencia. “Esta gente no es una comunidad, no está registrada en INAI, ni en CODECI, hay una cuestión mucho más grave. Está dentro del territorio de otra comunidad, Lof Wiritray Relmu Lafken, debidamente notificada y que convive hace años pacíficamente con todos los vecinos de la zona”, destacó Saavedra y completó “Ellos desconocen el derecho argentino, desconocen las autoridades, desconocen a las instituciones. Mis representados han comprado, tienen la escritura”.
El defensor oficial Nelson Vigueras, pidió “el rechazo a rebeldía y captura porque las personas no fueron debidamente notificadas” y pidió el rechazo también de la formulación de cargos ante las inconsistencias que leyó de la denuncia original y de parte del legajo judicial en el que se habla en todo momento de “encapuchados”, “integrantes de la comunidad mapuche” e incluso en la denuncia original se habla de “encapuchados de sexo masculino”.
El juez Arroyo advirtió que son muchos los casos que inician con denuncias en las que no se conoce a los autores y resumió que eso se puede “conocer después a partir de una investigación y eso es lo que se me está pidiendo a mí, habilitar una investigación” y fue lo que finalmente concedió, con un plazo de cuatro meses para completar la pesquisa.
Como medida cautelar, la fiscal Cendón pidió la restitución del predio, pedido que acompañó el querellante denunciando el faltante de todo el equipamiento para albergar a 200 personas en el lugar. En cambio el defensor pidió el rechazo a esa medida. Finalmente el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, decidió la restitución del predio solicitada, de acuerdo a los protocolos que la fiscalía había presentado previamente y que son idénticos a los planteados en el caso de la usurpación al campo de El Foyel días atrás.
Por otra parte, se supo que el Gobierno nacional decidió que la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, y su secretario del área, Gabriel Fuks, dejen la mesa de negociación con los grupos mapuches que ocupan terrenos en Villa Mascardi. En su lugar estará la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. El cambio se lo informó el propio Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien en los últimos días pasó un mal momento cuando sufrió una agresión en la ruta 40 en Villa Mascardi. Un grupo de encapuchados la insultó y le tiró piedras a los autos de la comitiva provincial, enojados por el desalojo que había ocurrido por esas horas en la toma de un campo en El Foyel.
