Los compradores de las tierras de la Reserva Natural La Angostura volvieron a ser los principales colaboradores de la investigación que desarrolla el fiscal Miguel Varela. En esta oportunidad, varios adquirentes identificaron a un funcionario como una de las personas que habría participado en el emprendimiento inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”.
A fines de octubre, empleados del Estado descubrieron que desconocidos se estaban apoderando de la zona protegida. La Policía destruyó cercados y derrumbó algunas construcciones. La fiscal de Estado Gilda Pedicone pidió la intervención judicial. Una jueza dictó una medida de no innovar para evitar que se siguieran ocupando, vendiendo y construyendo en todo el perilago como medida de protección del medio ambiente.
El 4 de enero se produjo un hecho que aceleró todos los procesos. Marcos Bolla, uno de los compradores fue detenido y procesado (aún sigue detenido pese a los problemas de salud que padece) por desobediencia judicial, ya que fue descubierto realizando trabajos de construcción el terreno que había adquirido. A raíz de ese hecho, los otros compradores comenzaron a mostrar algunos documentos que les había entregado el vendedor y con el que supuestamente podrían demostrar que las tierras les pertenecían al vendedor y que ellos habían adquirido las parcelas del loteo.
Por esa situación, la Provincia que tiene el rol de querellante en la causa, decidió adelantar la estrategia judicial que tenía pensado presentar. Denunció penalmente al titular del emprendimiento Juan Pablo Castro y anticipó que solicitaría la reposición de las tierras. El fiscal Varela le dio la razón al denunciante y el lunes notificó al hombre de 85 años que estaba siendo investigado por usurpación y por estafas reiteradas, ya que consideró que había realizando la venta de los terrenos utilizando papeles con los pretendía demostrar una titularidad que no existe.
Un giro
A esa conclusión llegó luego de analizar los documentos que le presentaron los damnificados. Pero en las últimas horas hubo más. Al menos tres de ellos declararon que además de un tal Damián (sería nieto político de Castro) podría haber participado en la maniobra un ex funcionario de la subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat. Lo habrían señalado como el ingeniero que habría estado encargado de gestionar la instalación del servicio de energía eléctrica y de agua potable en el loteo. También habrían revelado los vínculos que tenía el ex funcionario (su nombre se mantiene en reserva porque hasta el momento no fue acusado de ningún delito) con Jorge Cruz, el comisionado comunal de El Mollar.
Según consta en el expediente, para realizar los trámites en EDET, Castro consiguió una constancia en la que se aseguraba que estaba tramitando la escrituración de la tierra. Ese documento había sido supuestamente firmado por el titular de Regularización Dominial y de Hábitat, repartición en la que el nuevo señalado ocupaba un cargo de relevancia. “La rúbrica que aparece en constancia no es mía”, dijo Fernando Rogel Chaler.
Cruz, que estaría vinculado al ex funcionario denunciado por los compradores, firmó la factibilidad del uso del servicio de agua potable de manera irregular. Es irregular porque la rubricó tres años después de que se comenzaran a comercializar las tierras, cuando las normas indican que esa documentación debe ser presentada antes de que se apruebe el proyecto con el que se podrá iniciar las ventas.
“Estamos analizando los pasos a seguir. Posiblemente tomemos algunas medidas antes de realizar la audiencia. La demora tiene que ver con la necesidad de recolectar nuevas pruebas, pero no puedo adelantar más”, aseguró Varela en una breve entrevista con LA GACETA. Todo parecería indicar que el investigador estaría confirmando la sospecha de los compradores: Castro no estuvo solo en esta maniobra y podría haber recibido la colaboración de varias personas, entre ellos funcionarios que dejaron de pertenecer a aún ocupan cargos en el Estado.
Voceros de la Fiscalía de Estado prefirieron no realizar comentarios sobre el tema porque hasta el momento no habían sido informados sobre el giro de la causa. Pero insistieron que el gobernador Osvaldo Jaldo les pidió que fueran hasta el fondo del asunto, sin importar que en el medio haya ex o actuales funcionarios.
Una inspección
En medio de un fuerte operativo de seguridad, Varela recorrió ayer los predios que reclama la provincia. Según confiaron fuentes judiciales, constató que hay 14 casas, de las cuales varias fueron construidas y otras estaban en proceso de edificación, ya que por la medida de no innovar, paralizaron las obras. También reveló que sólo dos de ellas son utilizadas como viviendas permanentes y las otras, como residencia de veraneantes. “Lo más importante es que acataron la orden judicial”, destacó una fuente policial.
Varela también les pidió a los peritos que tomaran fotos e hicieran un trabajo especial sobre la construcción de una de las viviendas. Al parecer, en el lote en el que se colocó la casa prefabricada hay un antiguo badén que desemboca en el lago. El fiscal recibió la información que cuando llueve copiosamente y se forma una fuerte correntada. La construcción atraviesa ese canal natural.
Por otra parte, trascendió que el investigador mantuvo una breve charla con las personas que allí se encontraban. Les habría explicado el motivo de su presencia en el lugar, el avance de la causa y que sospechaba que habían sido víctimas de una estafa. Sin embargo, los compradores insisten que adquirieron los terrenos de buena fe y que en los últimos días mantuvieron una reunión con la escribana en la que firmaron los boletos de compraventa. Dijeron que la profesional volvió a insistir en la legalidad del acto y que Castro tendría los papeles para demostrar la titularidad de las tierras.
El futuro
En principio la audiencia se realizaría en estos días, pero una demora en la entrega de la documentación en la que la Provincia acreditó la titularidad de la Reserva y quién sería el organismo en recibirla y protegerla atrasó el pedido de realización del debate.
Ese motivo, y la aparición de nuevos elementos claves en el expediente, habrían sido razones suficientes para posponer la audiencia para los primeros días de las próximas semanas. Las próximas 24 horas serán fundamentales para que se acuse a Castro y, probablemente, a otras personas.
