Aquél 3 de noviembre de 1995 la ciudad de Río Tercero era un infierno. La población entera huía despavorida de los explosivos y proyectiles expulsados por la voladura de la Fábrica Militar, que mataban, herían y destruían como en una guerra. De la misma fábrica cordobesa habían salido a principios del mismo año, los fusiles, balas, cañones, obuses y misiles que, en una guerra real, armaron ilegalmente a los soldados de Ecuador enfrentados a los del Perú. El tiempo y la justicia demostrarían que ambas tragedias estaban unidas por una trama de poder, violencia, fraude, codicia, corrupción y traición, tan siniestra que hubiera podido inspirar a Dante para describir sus círculos del averno.
La congoja se convirtió en espanto, cuando se descubrió que la hecatombe de Río Tercero que causó siete muertos y más de trescientos heridos, había sido provocada para borrar, a costa de sangre de inocentes, las pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y también a Croacia (en total 6.500 toneladas). Ese año Carlos Menem había sido reelecto como presidente. Después de investigar casi dos décadas, la justicia comprobó sucesivamente el contrabando de material bélico y la intencionalidad de la destrucción de la fábrica cordobesa para tapar el faltante de armas.
En 2013 Menem fue condenado a siete años de prisión por el tráfico irregular de armamentos, pero tras sucesivas apelaciones, en octubre de 2018 los jueces lo salvaron de la cárcel, al dejar vencer el plazo sin que la sentencia quedara firme. (En 2001, al principio de la causa, había estado 167 días detenido en la quinta de su amigo Armando Gostanian, en Don Torcuato, convirtiéndose en el primer y único presidente con mandato cumplido de la historia que estuvo preso). Ahora, un cuarto de siglo después de la catástrofe de Río Tercero, deberá enfrentar, en un juicio complementario, la acusación de autor mediato, que hasta el presente también logró evadir. Fue citado para el 24 de febrero de 2021.
El bombardeo de la corrupción
Nunca había habido tanta destrucción en una ciudad argentina en tiempos de paz y por causas no naturales. Fueron tres detonaciones sucesivas, a partir de las 8,55 de ese 3 de noviembre de hace veinticinco años, que liberaron decenas de miles de explosivos y proyectiles de guerra que sembraron la muerte y la ruina en los barrios contiguos a la planta, en una demolición que se extendió a gran parte de la ciudad. Parecía el efecto de un bombardeo. Después se sabría que fue el bombardeo de la corrupción.
La Argentina presenció horrorizada el sufrimiento físico y mental de un pueblo entero. Casas destruidas o arrancadas de cuajo y vehículos calcinados, por toneladas de proyectiles que quedaron incrustados o sembrados en las calles en un radio de diez kilómetros. El estremecedor rescate de heridos ensangrentados. La violencia de las ondas expansivas. La lluvia de esquirlas, como si la ciudad estuviera bajo el fuego de miles de francotiradores invisibles. El miedo y las lágrimas. La búsqueda angustiosa de familiares perdidos, con los peores temores. El desesperado éxodo para escapar en vehículos o a pie, en medio de las terroríficas detonaciones. Y todo el escenario dominado por el hongo descomunal, primero de fuego y después de humo negro que brotaba de la fábrica arrasada y llegaba hasta el cielo, que contemplaba consternado la tragedia.
“Fue un accidente lamentable”. La declaración del entonces presidente Menem al llegar al lugar fue como la señal para que la justicia dirigiera la investigación hacia la hipótesis del hecho fortuito. Un rayo de sol que se filtró por la claraboya, una colilla de cigarrillo encendida o la chispa provocada por un montacargas fueron señalados como elementos que hicieron explotar el trotyl y desencadenaron el drama. Fue cuando entró en escena como querellante la abogada Ana Gritti. Su esposo, Hoder Francisco Dalmasso, era profesor de química en una escuela contigua a la planta, y había muerto destrozado por la explosión después de evacuar y salvar heroicamente hasta al último de sus alumnos.
La trampa con el trotyl
Ana, presidente del Colegio de Abogados de Río Tercero, fue la primera en sospechar que fue un atentado, y luchó contra la poderosa maniobra de encubrimiento. Averiguó que el trotyl sólo podía activarse con un detonador. En 1998 el tribunal dispuso la prueba decisiva: hizo traer un barril con trotyl al que se le arrimaría un cigarrillo encendido. Si explotaba, se probaba el accidente. Pero ella descubrió que los militares habían agregado aluminio al trotyl para que estallara. La prueba se realizó nuevamente en 2003, y esta vez sin trampas demostró que el trotyl no ardía sin detonadores. Había sido un atentado! Ana murió en 2011 por enfermedad. Tenía 65 años. No pudo ver en la cárcel a los autores materiales, ni el juzgamiento del presunto autor intelectual, Menem.
Para la Justicia el atentado se organizó desde el poder
Después de un intento de cerrar la causa, por fin el 23 de diciembre de 2014 el Tribunal Federal 2 de Córdoba arribó por unanimidad a la “certeza plena de que el atentado fue intencional” para tapar la venta ilegal de armas. Cuatro militares ingenieros fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años por “estrago doloso”. Menem, que había sido procesado y desprocesado en la investigación, se salvó esa vez de ser enjuiciado. Con pericias químicas (reconocimiento póstumo al descubrimiento de Ana) y contables, y los relatos de los testigos, fue reconstruida la mecánica del estrago. La deflagración fue orientada hacia donde no había trabajadores de la fábrica (por eso no se produjeron víctimas fatales entre el personal).
Se estableció que en la noche anterior o en la madrugada ingresaron intrusos que prepararon los detonadores e iniciadores del fuego en la Planta de Carga (donde se había acumulado una inusual cantidad de trotyl y cajones con proyectiles de cañones de 105 mm) y en los depósitos de Expedición y Suministros. A las dos explosiones iniciales que dejaron profundos cráteres en esas plantas, siguió otra que hizo volar los polvorines: cinco depósitos que contenían unas cien mil toneladas de municiones para morteros, cañones, fusiles y pistolas, que fueron las causantes de los mayores daños.
Muerte y traición
Los pobladores lo tomaron como una fatalidad. “Hace años que Dios trabaja horas extras para nosotros”, había dicho exhausto y con el rostro tiznado el jefe de los bomberos, aludiendo a la protección divina ante el riesgo que implicaba la cercanía de las viviendas a las plantas de Atanor y Petroquímica Río Tercero, adyacentes a la Fábrica Militar. Personas mayores y niños fueron naturalmente al cementerio, invocando la protección de sus antepasados muertos. No podían imaginar que la acechanza era más diabólica que celestial. La abundancia de armas y municiones en los arsenales argentinos (secuela de los conflictos con Chile y las Malvinas) y la demanda exacerbada por los choques bélicos entre Ecuador y Perú, y entre Croacia y Serbia, despertó la codicia del despreciable tráfico de armas.
Funcionarios y militares argentinos se involucrarían con trágicas consecuencias. Las guerras yugoslavas estaban lejanas y ajenas, pero el gobierno y el pueblo peruanos habían demostrado una conmovedora solidaridad con la Argentina en la guerra de las Malvinas. Enviaron los aviones Mirage, y hubieran dado la vida por la causa reinvidicativa. Las ingratas armas y balas argentinas se las arrebatarían injustamente en la guerra con Ecuador, de la que nuestro país era “garante de paz”. Ahora se sabe que el temor de Menem y los demás contrabandistas a ser descubiertos los llevó a pergeñar la siniestra maniobra de encubrimiento que fue creciendo mes a mes, como una amenaza que iba a deparar una sorpresa trágica a los pobladores de Rio Tercero.
El presidente había firmado tres decretos de venta de armas a Venezuela y Panamá (que no tenía fuerzas armadas) para disimular el destino real. Junto a su cuñado, Emir Yoma, se mezcló con personajes inquietantes ligados al tráfico de armas: el sirio Monzer Al Kassar y el coronel Diego Palleros. Una trama tenebrosa en la que los siete muertos de Río Tercero no fueron los únicos.El capitán (RE)Horacio Estrada apareció “suicidado” días después de declarar, con un disparo en el sector izquierdo del cráneo, aunque era diestro. Y los coroneles Rodolfo Aguilar (exagregado militar en Perú) y Juan Carlos Andreoli (exinterventor en Fabricaciones Militares) fallecieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo.
Las sombras del encubrimiento envolvieron también el dudoso suicidio de la exsecretaria de Yoma, Lourdes Di Natale, que había declarado durante doce horas con las copias de sus famosas agendas. Cayó del décimo piso del humilde departamento en que vivía, en Recoleta. Había que borrar evidencias para disfrutar sin consecuencias del precio de la codicia. El ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, se convirtió en “arrepentido” y declaró que Yoma le confió que “el dinero de las armas (35millones de dólares) estaba destinado al PJ” y que “todos sabían” cuál era el destino real del armamento.
La comunidad organizada
De todos los sufrimientos de la jornada aciaga del 3 de noviembre, el más desesperante (después de las pérdidas de vidas) fue el de la incertidumbre por el destino de los seres queridos en la diáspora que provocó la explosión, que se oyó a 100 kilómetros de distancia. Hubo una autoevacuación colectiva, que venció al pánico con una efectiva reacción espontánea, casi atávica, que minimizó los efectos de la tragedia.
Los pobladores respondieron como si la hubieran estado esperando desde siempre. Los autos cargaban a la gente que estaba a pie, rumbo a localidades aledañas más seguras. La preocupación preferencial por los bebés, las embarazadas y los mayores, fue el distintivo. Fue un éxodo con efectividad belgraniana, en defensa de la vida. Después del sufrimiento, los damnificados aguardaban la atención natural del Estado: la indemnización para las víctimas y sus familiares y la reparación histórica para la ciudad de Río Tercero. Hasta ahora esperaron en vano.
Un sector de la fábrica conserva hasta hoy la fisonomía que le dejó la explosión, como un recordatorio de la destrucción. Antiguos operarios no pueden reprimir las lágrimas cuando la recorren. Muchos pasaron entonces noches sin dormir, y todos recuerdan con detalles qué estaban haciendo cuando escucharon el primer estruendo. El daño emocional fue tan hondo como el material. Después del atentado la tasa de suicidios creció en la ciudad. Pero así como en este cuarto de siglo no llegaron las indemnizaciones dispuestas por ley para compensar las pérdidas materiales, tampoco se enviaron los sicólogos solicitados por los damnificados.
La tragedia dejó una sensación de vulnerabilidad en quienes comprobaron que conviven con el riesgo. Las víctimas consideran insuficiente e incompleta la actuación de la justicia, teniendo en cuenta las muertes, las heridas, el daño sicológico y la destrucción material provocados por las explosiones que durante tres días tuvieron en vilo a la Argentina entera, solidaria con el sufrimiento de los habitantes de Río Tercero. Y así no pueden elaborar el duelo ni los traumas.
El contraste con la vileza del poder enaltece el comportamiento ejemplar de la población, en defensa de la vida y en el respeto de los bienes. Manifestado en los grandes hechos heroicos de los que se inmolaron para salvar al prójimo, como el esposo de Ana Gritti, y en pequeños detalles reveladores: “Después de la primera explosión dejé mi bicicleta frente a la Municipalidad, y me vine a mi casa, en Embalse. Al día siguiente la fui a buscar y no estaba. Unos días después al llegar a mi casa, mi vecino me la entregó. Un policía de tránsito la había encontrado, y cuando vio el número de serie grabado fue a la fábrica de Rio Tercero. Allí buscaron en el archivo y encontraron mi nombre y dirección. Después la trajo hasta mi casa, y como no estaba, le pidió a mi vecino que la cuidara hasta que yo volviera”. (Relato de un sobreviviente). La explosión no pudo romper la red social virtuosa.
