En medio del aumento de casos y con el miedo de que pronto vuelvan a cerrarse muchas de las actividades ante una fuerte ola de infectados por coronavirus en todo el país, el gobierno de Alberto Fernández analiza por estas horas una serie medidas de emergencia para asistir a distintos sectores, en el caso de que el rebrote obligue mayores restricciones sobre todo en los que respecta al sector comercial y laboral.
Por esto mismo, en diálogo con el medio La Nación, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que “el parámetro para reforzar la ayuda estará determinado por el eventual cierre en rubros como el textil, la construcción, producción de alimentos y la economía del cuidado (de personas)”, una realidad que aún no está en el horizonte según su visión.
De todos modos, aclaró que no hay ninguna duda de que en el caso de un rebrote, van a volver a tomar todas las medidas que sean necesarias para calmar la situación.
De igual manera, Daniel Menéndez, el subsecretario de Políticas de Integración, dijo que desde el área de desarrollo social ya están preparados para enfrentar situaciones complejas, y que tienen un mapa y un universo determinado de personas que saben que van a precisar ayuda ante una situación nuevamente extrema.
Daniel Arroyo ya prepara las medidas en caso de un cierre masivo.
En el caso del turismo, la suba en los contagios en plena temporada de verano obliga al ministro Matías Lammens a pensar soluciones en conjunto con su par de Economía, Martín Guzmán, para socorrer a los sectores que ya fueron golpeados, como lo son el hotelero y de gastronomía.
Por eso mismo, desde el Gobierno ya empezaron a pensar en algunas medidas, como por ejemplo, una ayuda extra para los hoteles que ya cobran el Repro del Ministerio de Trabajo (unos $9000 por trabajador), la cual consistiría en llevar esa cifra a unos $20.000 para que los empleadores puedan pagar los sueldos de enero en tiempo y forma.
También se piensa en una nueva baja en las contribuciones patronales para el sector turístico, dado que la temporada comenzó relativamente bien, pero la amenaza de nuevas restricciones frenó en buena medida esos avances, ya que cuando se empezó a hablar de toque de queda, muchas fueron las reservas que se cayeron.
Aún así, desde la Casa Rosada sostienen que el contexto ahora es diferente del que obligó a la implementación del IFE el año pasado. La medida abarcó a 9 millones de empleados informales y monotributistas que percibieron $10.000, mientras que a la par y durante meses estuvo la ATP, que permitió el pago de parte de los sueldos a miles de empresas que así lo solicitaban.
