En las últimas horas, se supo que José Gandur (hijo) no es el único integrante de esa familia que fue inmunizado contra el coronavirus. Según confirmó el legislador José Ricardo Ascárate, también recibieron la vacuna sus hermanos Javier Gustavo Gandur, quien tiene 38 años y es empleado del Ministerio de Economía de Tucumán, e Ileana Emilce Gandur, de 36 años, quien vive y trabaja en Buenos Aires. “Esto ya no tiene nombre. Ahora conocemos que se vacunó otra hija de Gandur, con la gravedad de que vive en Buenos Aires y vino a Tucumán para vacunarse en dos oportunidades y después se fue”, acotó el parlamentario opositor.
Ileana Emilce Gandur, trabajó hasta junio del año pasado en el Siprosa y luego se autorizó su adscripción para integrar el plantel de la Representación Oficial de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires. La hija del secretario administrativo contable del Siprosa, José Antonio Gandur, habría accedido al igual que sus hermanos, a inocularse con las dosis entregadas al sector privado de la salud.
Ascárate presentó una denuncia en la Justicia Federal local en la que indica que “Los hechos que tomaron trascendencia periodística dan cuenta que, contrario a las legislaciones dispuestas, personas que revisten calidad de funcionarios públicos que no reúnen los requisitos establecidos legalmente, habrían obtenido ilegal e ilegítimamente, aprovechando la posición de sus funciones y cargos, la vacuna contra el Covid-19, tanto para ellos como para sus familiares y vínculos cercanos”, expuso el legislador.
El dirigente opositor apuntó que este accionar podría encuadrar en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias”.
Ascárate solicitó que “se requiera al Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán el registro y listado de personas que se encontrarían vacunadas contra el Covid-19 y cuyos nombres deben encontrarse asentados a los fines de cumplir con la normativa vigente”.
También solicitó que, en caso de no obtener la Justicia dicha información, “se ordene el allanamiento de las oficinas del Ministerio de Salud de Tucumán para la individualización de la documentación requerida”.
