Hace exactamente unos cuatro meses, el Concejo Deliberante de Yerba Buena le propinaba un duro golpe al intendente Mariano Campero. Y es que, en la primera semana de marzo de este año, el cuerpo rechazó por unanimidad un decreto del jefe municipal, que afectaba el Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la “Ciudad Jardín”; en particular, respecto de la zona del “casco viejo”.
El decreto original, N° 776, estaba fechado el 25 de noviembre de 2021. El 18 de febrero pasado se redactó uno nuevo con el mismo texto, más el agregado de que se lo emitía ad referendum del Concejo Deliberante. “Defínase en las 25 manzanas que conforman la antigua Villa Marcos Paz, delimitada por avenida Aconquija hacia el norte, Boulevard 9 de Julio hacia el sur, calle Anzorena al este y calle Belgrano al oeste (…) un nuevo valor a los coeficientes FOS y FOT para emprendimientos en propiedad horizontal, tanto en obras nuevas como en ampliaciones y/o remodelaciones”, dice el artículo 1 del decreto.
Los coeficientes mencionados son el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT). Ambos determinan el porcentaje máximo del terreno a ocupar con una edificación en planta baja. El artículo 5 daba luz verde para construir hasta una altura de seis metros. En esa oportunidad, el jefe de Gabinete municipal, Manuel Courel, había precisado que no se trataba de una modificación al Código.
Sino de la eliminación de una contradicción normativa con una ordenanza. Y aseveró que la intendencia quería preservar la identidad de la zona, atendiendo la realidad de crecimiento de la ciudad. Pero no se trataba más que de una mentira más de parte de la administración que conduce el intendente local, Mariano Campero. Y es que esta vez redobló la apuesta para salirse con la suya.
Esto se debe a que hace cuatro meses, lejos de ser meramente reglamentario, el decreto modificaba sustancialmente el código, porque cambiaba el uso de una zona determinada, tan importante como el ‘casco viejo’. Lo que pretendía el camperismo era modificar el Código por decreto, algo que es claramente inconstitucional. Además, avanzaba sobre una materia propia del Concejo Deliberante, lo que implicaba una violación a la división de Poderes.
Pero dispuesto a conseguir lo que quiere, el intendente Mariano Campero intentó lograr sus espurios objetivos por medio del Concejo Deliberante esta vez y desató un verdadero escándalo. Esto se debe que un grupo de seis ediles intentaron aprobar una excepción para la construcción de un edificio de departamentos a pesar de que no estaría apto para poder llevar a cabo este tipo de edificación.
Para ello, no sólo recurrió al titular del Cuerpo deliberativo, Rodolfo Aranda y al edil Marcelo Rojas. Sino también al concejal del bussismo, Gonzalo Cisneros y hasta los concejales que responden al alfarismo como es el caso de José Macome, Álvaro Apud y Guillermo Casanova. Esta media docena de “lamentables representantes de los vecinos”, aprobó el pasado miércoles una excepción para la constructora Viamo para permitir la posibilidad de edificar un edificio de casi medio centenar de departamentos ubicado en el Boulevard 9 de Julio a la altura de calle Anzorena.
En ese marco, cabe mencionar que se trata de una zona ya de por sí colapsada, razón por la cual se trata de un verdadero despropósito aprobar también por vía de excepción otro edificio idéntico de 48 departamentos más que se le sumaría a los que ya existen allí. Serían 250 departamentos en un radio de 300 metros provocando un desastre en el tránsito de las ya colapsadas calles San Martín, Lamadrid y 9 de julio.
Como si esto fuera poco, se dio otra excepción para un edificio con 48 departamentos y locales comerciales a escasos metros en las calles San Martín y Lamadrid. Pero el escándalo se desató cuando trascendió la información que daba cuenta de que esta excepción fue aprobada sin el debido quórum necesario. Es por ello que ayer jueves por la noche ingresó una denuncia en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La misma lleva las firmas de los concejales Alejandro Sangenis, Marcelo Albaca y Héctor Aguirre y solicitan la nulidad de la sesión debido a que adujeron que la misma se quedó sin el quorum necesario para seguir debatiendo. El caso es que los seis concejales mencionados anteriormente y que responden al camperismo, al alfarismo y al bussismo lo hicieron igual sin importarles nada relacionado con el resguardo de la debida institucionalidad.
Los peronistas Alejandro Sangenis (h) y Marcelo Albaca se opusieron a tratar el tema. Aclararon que no están en contra del crecimiento de la ciudad, pero remarcaron que se deben preservar los preceptos fundacionales de la ciudad. A su vez, consideró que el desarrollo comercial o urbanístico en esas cinco cuadras agravaría el caos que ya se vive en la zona en determinados horarios.
El edil bussista, en tanto, señaló que apenas hace dos meses el Concejo se opuso de forma unánime al decreto municipal N°776/21, que habilitaba cambios en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) como la posibilidad de edificar viviendas colectivas en el casco viejo. “Estoy de acuerdo con el crecimiento comercial, pero me parece que hay que trabajarlo más, por eso apoyo la vuelta a comisión”, acotó.
Macome afirmó que la intención no fue generar polémica ni sacar la iniciativa a las apuras, sino la de realizar esta sugerencia para que los concejales estudien y trabajen el tema. Además, marcó que la mayoría de esos lotes son fondos de casas con tapias medio feas que antes daban a un zanjón.
De esa manera, a pesar de que al momento de que se retiraran del recinto los concejales Aguirre y Sangenis, declarando que la sesión quedaba sin quórum, el Concejo Deliberante siguió debatiendo y aprobando ordenanzas luego de que habría quedado caída la mencionada sesión. No en vano, tiempo atrás, Alejandro Sangenis ironizó que Campero logró “unir la grieta” en Yerba Buena.
“Nos ha unido para defender donde uno vive”, dijo. Y agregó: “agradezco que no tenga reelección, si no Yerba Buena va a terminar siendo como San Miguel de Tucumán, que se han autorizado edificios sin servicios y sin entregar escrituras”. A su vez, deslizó que el intendente abre puertas a los constructores en busca de aportantes para la campaña de 2023. Esto ofuscó a los ediles de Juntos por el Cambio.
Los mismos que aprobaron una excepción que está viciada de nulidad y que pretenden que la Ciudad Jardín continúe realizando cambios en su fisionomía tornando en imposible la vida para los yerbabuenenses que ven colapsadas las calles para transitar como así también los servicios como el agua potable que escasea, incluso, en épocas de menor consumo como es el caso del otoño y el invierno.
Yerba Buena es una de las mejores 10 ciudades de la Argentina para vivir. Así lo ha determinado el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en base a variables socieconómicas y ambientales. Pero la administración de Mariano Campero atenta contra la propia ciudad que gobierna en pos de supuestos intereses espurios.
Geográficamente, Yerba Buena se encuentra en un área de contacto entre la montaña y la llanura. Justamente, la disponibilidad de espacios verdes es el gran fuerte de este departamento. Y es, también, el gran desafío. Desde 2010 hasta aquí, el área urbanizada ha crecido y se ha expandido hacia zonas altamente vulnerables. Se debe ser muy cuidadoso en la gestión de la expansión urbana. Tanto el Estado como el sector privado deben procurar la sostenibilidad.
Hoy, se está modificando de manera radical el ecosistema. Cuando la gente se pregunta ‘porqué antes no me inundaba y ahora sí’, la respuesta subyace en la urbanización. Han cambiado las escorrentías y eso generará problemas terribles. El camperismo directamente apuntaba a cambiar la fisonomía de esa zona de la “Ciudad Jardín”. Y eso amerita la discusión honesta de todos los poderes del Estado, con participación de la ciudadanía y de los entes profesionales. Nunca de la manera en que se pretendió hacer.
