El embajador argentino ante el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, Daniel Capitanich, deberá afrontar un juicio oral y público por un caso de defraudación a la administración pública. Así lo determinó el juez Julián Ercolini quien ayer cerró la investigación y elevó a juicio el hecho por el cual el embajador había sido procesado en febrero de 2019.
En aquel entonces el fallecido juez Claudio Bonadio había procesado a decenas de intendentes de localidades de distintas provincias que habían recibido subsidios para destinarlos al tratamiento de residuos y lograr la eliminación de los basurales. Uno de ellos fue Capitanich.
El caso se inició 2016 cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) hizo un informe de control sobre la el modo en que se gastó el dinero destinado a los “Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU) para el tratamiento de desechos. Las irregularidades halladas impulsaron una denuncia realizada por el ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las intendencias presentaban proyectos para ser financiados con fondos nacionales. La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaba los convenios y la Jefatura de Gabinete aprobaba las transferencias de dinero. Los principales beneficiados de esos programas fueron las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz que obtuvieron cerca del 79% de los fondos, aunque tres de esas provincias produjeran tan solo el 1,81% de los residuos del total del país. Se destinaron $604.529.670 pesos para financiar los proyectos y en el caso judicial se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.
Las irregularidades detectadas durante la investigación judicial fueron:
-Ausencia de un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre aquellas municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de sus residuos sólidos; no se respetó, para el análisis de las presentaciones de los municipios, el orden cronológico de su recepción.
-Se verificaron diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de las solicitudes, pasando de proyectos con fondos transferidos a los dos meses de su presentación, a otros que, habiendo transcurrido más de setenta y seis meses, aún se encontraban en trámite. Los informes de aprobación de los proyectos presentados se limitaban a cuestiones meramente administrativas, sin haberse expedido respecto a su factibilidad y sustentabilidad.
-Falta de control interno en la ejecución de los planes. Los convenios preveían plazos de ejecución y rendición demasiado extensos, durante los cuales el Programa no contaba con información alguna con relación al uso otorgado a los fondos transferidos. En este sentido, agregaron que existía un alto porcentaje de transferencias efectuadas, que se encontraban vencidas, pendientes de rendición, por una suma aproximada de $246.000.000, sin contar con información concreta sobre el destino dado a esos fondos.
-En la ejecución de los proyectos se verificaron modificaciones e incumplimientos parciales o totales, y los controles efectuados por las áreas competentes sobre el cumplimiento de los objetivos previstos adolecían de diferentes falencias.
-Se observaron solicitudes que no reunían la totalidad de requisitos exigidos y, sin embargo, se aprobaron y se les efectuó la transferencia del presupuesto solicitado.
Por este caso serán juzgados Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich en tanto ocuparon el cargo de Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 cuando se repartieron los fondos para los proyectos cuestionados.
También deberán comparecer en el mismo juicio quienes estuvieron al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por aquellos años: Sergio Lorusso, Omar Judis y el ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi. A su vez, serán enjuiciados cuatro ex funcionarios de la secretaría de Ambiente que participaron de la aprobación de los proyectos a los que se les derivaron los fondos. El Tribunal Oral Federal 7 deberá juzgar además a 45 intendentes que fueron acusados en el expediente. Entre ellos está el embajador Capitanich.
En la investigación de determinó que hubo transferencias a 45 municipios chaqueños por $173.000.000 (el 29,42 % de los fondos asignados a los Programas GIRSU), cuando esa provincia generaba (según datos de la época de la investigación) el 0,81 % de los residuos sólidos urbanos del país.
El caso estuvo en manos del juez Bonadio y el requerimiento de elevación a juicio fue firmado por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, José Ipohorski Lenkiewicz. Como Ercolini subroga el juzgado que era de Bonadio, firmó ayer la elevación a juicio de Daniel Capitanich, trámite que había quedado rezagado respecto del resto de los imputados. Capitanich-que fue vicegobernador del Chaco entre 2015 y 2019- se había opuesto a la elevación a juicio y había pedido su sobreseimiento porque intentó demostrar que había cumplido con lo pactado en el convenio.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LA33CP55EBAFXMQIRYGMUJMN7Y.jpg%20420w)
Alberto Fernández designó a Daniel Capitanich embajador en Nicaragua
El argumento usado por la defensa de Capitanich fue que la inspección ordenada en la causa se hizo dos años más tarde de terminado lo establecido en el proyecto por el que recibió el subsidio y entonces el lugar que se había acondicionado correctamente en su gestión. Pero con el paso del tiempo había vuelto a ser un basural a cielo abierto durante el mandato de su sucesor. El sobreseimiento fue rechazado y con ello se elevó el caso a juicio oral y público.
El embajador Capitanich deberá ir juicio ya que en la época en que se repartieron los subsidios fue intendente de la localidad chaqueña de Campo Largo. La provincia del Chaco es gobernada por su hermano Jorge quien fue el Jefe de Gabinete que autorizó el subsidio de $3.500.000 para que la localidad de Campo Largo adquiriera dos camiones compactadores y construyera un biodigestor.
Pero en la investigación se determinó que no se cumplieron algunos de los objetivos planteados en el proyecto original. La elevación a juicio firmada por Ercolini señala varias irregularidades detectadas en el convenio. Por ejemplo se determinó que no se compraron dos camiones computadores de basura como se había dicho. “Tal como surge que la documentación presentada y firmada por Capitanich al momento de acreditar el gasto de los tres millones y medio de pesos ($ 3.500.000) fuera del objeto pautado, en la misma puede verse -como así también de la adenda suscripta- que no fueron adquiridos camiones compactadores de residuos, más allá que así fue redactado en ambos documentos. Lo que se adquirió fueron dos camiones, a uno de los cuales se le agregó una cisterna y a otro un semirremolque”, dice la resolución.
Los hermanos Capitanich y otras 53 personas tendrán que enfrentar el juicio oral y público en el que se determinará si fueron culpables o no del delito de defraudación que pena al que – según el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal- “… por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.
