Mientras la Justicia continúa con la búsqueda del empresario Alberto Samid, quien tiene orden de detención, este aseguró durante una entrevista radial que seguía en el país aunque refugiado “en un campo muy grande, al que es muy difícil que puedan acceder”.
Las declaraciones de Samid sorprendieron a su propio abogado, Vicente D’Attoli, quien reconoció estar “desconcertado” por su reacción y advirtió que “corre el riesgo de quedar detenido por peligro de fuga” si no se presenta a declarar ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.
“Me vine a un campo para que no me vean. Estoy en la Argentina, en un campo muy grande al que es muy difícil que puedan entrar. Hay ocho tranqueras; es muy difícil que puedan entrar”, aseguró Samid, cuya presencia es requerida por la Justicia en una causa por presunta asociación ilícita.
De esta forma, el emblemático empresario de la industria de la carne salió al cruce de versiones periodísticas que, insistentemente, señalaban que había logrado salir del país. Más temprano, su abogado había asegurado -también en una entrevista con una radio- estar “desconcertado” por la actitud asumida por su defendido que “siempre había manifestado voluntad de asistir a todas las audiencias, aun cuando no era obligatorio”. Incluso insistió con que “no hay pruebas” contra Samid en esta causa.
En su nueva aparición pública, esta vez a través de la radio del portal El Destape, Samid insistió en definirse como un “perseguido político” y volvió a denunciar públicamente haber sido víctima de una supuesta “extorsión” por parte “del fiscal de la causa” al sostener que supuestamente le habría pedido “1,8 millones de dólares para una causa que estaba cerrada hace 30 años”.
“Me lo pidió el fiscal, que es de la misma banda que está en Comodoro Py, que es una unidad básica del PRO”, volvió a disparar el empresario, quien -según fuentes judiciales- de persistir en su decisión de no presentarse a declarar ante la Justicia, podría ser declarado prófugo, con los riesgos procesales que eso implica.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su calidad de querellante, solicitó que Samid sea condenado a siete años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ílicita que causó un perjuicio al Estado estimado en 28 millones de pesos. (Télam)
