“Nunca, pero nunca en mi vida, ví tanta guita junta…”. La frase se escuchó entre el loby y el despacho del intendente Rubén Méndez, en una de las fastuosas viviendas que posee en Salvador Mazza, la ciudad salteña que administra.
El agente fiscal, entre los muchos que llevaron a cabo el miércoles los 20 allanamientos en la localidad fronteriza, no cabía en su sorpresa a medida que el jefe comunal, por orden la Justicia, abría las cajas fuertes de donde asomaban los fajos de dólares, euros y pesos argentinos de alta denominación.
También había armas y teléfonos celulares. Desde otras viviendas secuestraban, casi al mismo tiempo, más vehículos de alta gama y documentación de prueba.
Al final de la jornada la sumatoria del dinero secuestrado arrojaba un total 196.032.756 de pesos, discriminados de la siguiente manera: 854.178 dólares (equivalente a 159.731.286 pesos de acuerdo a la cotización actual de la moneda $187); 9.070 euros (equivalente a 1.959.120 pesos, cotizando la moneda extranjera a $216) y 34.342.350 pesos en moneda local.
En los procedimientos, que incluyeron a la sede municipal de Salvador Mazza y a varias propiedades, también se secuestraron 4 vehículos de alta gama, 2 camionetas Ford Ranger Raptor y dos monovolúmenes BMW.
Tres de estos automotores están valuados en más de 55 millones de pesos, fueron adquiridos en el último año y colocados a nombre de familiares directos del intendente Méndez. Los 4 vehículos fueron comprados de contado y en efectivo.
De esta forma, el total de lo secuestrado ayer supera los 250 millones de pesos, la mayoría de los cuales se encontraban en varias monedas y en cajas de seguridad en la casa de Rubén Méndez.
La investigación, por la cual el jefe comunal está denunciado en la Justicia salteña por enriquecimiento ilícito, pero que podría pasar al fuero federal con carátulas mucho más amplias, como contrabando y narcotráfico, se inició a partir de una denuncia efectuada en la Procuración General por una mujer que pidió expresamente reserva de su identidad.
Se pudo saber, de fuentes confiables, que se trataría de una empleada de la propia Municipalidad de Salvador Mazza.
El pasado 2 de septiembre esta mujer llegó hasta la sede del Ministerio Público para denunciar a Méndez y aportar las pruebas que el procurador Abel Cornejo consideró suficientes para iniciar una investigación, la que quedó a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal de Delitos Económicos Complejos, y de Pablo Alejandro Cabot, fiscal Penal de Tartagal.
Hasta el momento hay doce imputados en la causa, pero ningún detenido.
