Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de esta capital desde 2016, dice que todos lo atacan sin fundamentos. “Soy el único que hizo algo para esclarecer las irregularidades de la cárcel y soy el más investigado”, se queja en una conversación concedida luego de plantear la nulidad y pedir el cierre del sumario administrativo que en septiembre concluyó que había prestado “un servicio deficiente de justicia” en las 48 horas previas al homicidio del preso Sebastián Medina. “Me quieren juzgar dos, tres y cuatro veces, y me han lapidado mediáticamente”, afirma en presencia de su abogado, Víctor Hugo Taleb, quien prometió que no parará hasta restablecer el buen nombre y honor de su cliente y amigo.
El juez de Ejecución fue director general de Institutos Penales durante los gobiernos de José Alperovich y de Juan Manzur, quien lo nombró en la oficina judicial a cargo de controlar el Servicio Penitenciario que dirigía. Si bien los problemas burocráticos empezaron al día siguiente de que prestara juramento en el Poder Judicial, la crisis se desató el 22 de noviembre cuando Medina fue asesinado en el penal de Villa Urquiza. En septiembre, Guyot había ubicado a ese preso y al interno José Alejandro Torres Sosa en la comisaría Nº7 en atención a que aquellos habían vinculado a sus guardias con la venta de droga. El 19 de noviembre, el Servicio Penitenciario desconoció la orden judicial, y llevó a Medina y a Torres Sosa de regreso a Villa Urquiza. Fabián Fradejas, el camarista instructor del sumario que abrió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por este suceso, inscribió el homicidio en el contexto general de deterioro que había en el despacho de Guyot.
-El sumario por el crimen de Medina empezó en diciembre de 2017. En mayo de 2018, la Legislatura desechó el pedido de destitución por el mismo tema interpuesto en su contra. Pero la pesquisa interna siguió y el mes pasado el camarista Fradejas objetó su desempeño con severidad. ¿Qué opina al respecto?
-Le hago la pregunta a usted. Yo hasta hace tres años era un ejemplo para la sociedad. Era la mejor persona que habían podido encontrar para cubrir el Juzgado de Ejecución Penal de la capital. Desde que asumí soy el compendio del Código Penal. Todas las cosas que no se deben hacer, las hago yo. Algo está mal. De hecho yo soy el primer juez de Ejecución de la provincia. Llegué a un lugar donde no existían los actores que debían estar para que funcionara el sistema penitenciario. No teníamos ni a la defensa pública ni a los fiscales, y hasta el día de hoy el Servicio Penitenciario no está dando el tratamiento que la ley exige. No funcionaba el Patronato… sólo estaba yo. ¿Es posible hacer funcionar al sistema completo a costa de un juez? No. Hay que poner las cosas en orden. Cada órgano tiene la responsabilidad que le atribuye la ley. Así que calcule cómo puede haberme caído esta situación a mí.
-Usted dice que los presos no reciben el trato previsto en la legislación, pero, antes de asumir como juez, encabezó el Servicio Penitenciario. ¿No lo advirtió entonces?
-De hecho lo he manifestado. Fui yo quien trató de formar el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario. Pedí y sufrí por eso. Y recién ahora, por la presión que ejercí, nombraron a los integrantes de ese organismo.
[su_quote style=”default” cite=”” url=”” class=””]Mucho después de la muerte del preso Medina nos pudimos enterar que el dato sobre el motín era falso: no había habido ningún motín[/su_quote]
-Muchos se preguntan cómo alguien que estuvo adentro del Servicio Penitenciario puede pasar a controlar a sus ex colaboradores del Ejecutivo. Luce difícil que pueda ser crítico y objetivo respecto del lugar en el que estuvo…
-¿Se está escuchando lo que me está preguntando? Es una cuestión de roles. Dejé el Servicio Penitenciario “alineadito”, en una situación que no presentaba mayores problemas. He rendido un concurso y lo he ganado, y me toca controlar lo que antes hacía. Esa experiencia me da mayor idoneidad en el tema y lo puedo manejar perfectamente bien.
-Concretamente, usted, ya sea como funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, ¿denunció la existencia de tráfico de drogas en la unidad penitenciaria en la Justicia Federal?
-Todas las veces que hemos encontrado droga cuando fui director del Servicio Penitenciario fueron informadas a la Justicia Federal. No trabajemos con la hipocresía. Sí, hice miles de denuncias. Toda mi actividad jurisdiccional está grabada por orden mía. Incluso la audiencia con (el preso Atanasio) Ledesma, donde me denuncian que yo quise hacer no sé qué, está filmada por mi propia protección (N. de la R.: en mayo, el interno en cuestión denunció que Guyot le había advertido que ‘si seguía hablando de la venta de la droga, iba a aparecer suicidado’).
-Los problemas con su Juzgado empezaron desde el momento en el que usted juró…
-La Corte me “destrató” desde el día uno. Me hizo jurar y me hizo sentar en los banquitos de Tribunales. Quiero que se sepa también: fui el hazmerreír de toda la sociedad por ser el único juez sin lugar. Estuve 20 días sin escritorio…
-Una de las denuncias más llamativas que usted recibió lo vincula con un presunto tráfico de drogas que empezaría en el penal y terminaría en Buenos Aires. Esa presentación del abogado Gustavo Morales está en el Juzgado Federal porteño a cargo de María Servini de Cubría.
(Guyot guarda silencio) Taleb: -En primer lugar, el asunto no es del turno ni de la competencia de Servini de Cubría. Además, hay que probar el traslado hasta Buenos Aires. Una cosa es que los presos digan que los torturaban para vender la droga adentro del penal, como hicieron Torres Sosa y Medina. Es una denuncia ridícula y Servini de Cubría la rechazará por inadmisible.
-La investigación de Fradejas dice que usted tuvo conocimiento de la situación desesperante de Medina y no aplicó la diligencia debida para salvarle la vida. ¿Por qué no actuó de inmediato?
-En ese momento la Corte nos había obligado a nosotros a hacer un curso de capacitación. El procurador (Germán Ricardo) Aiquel y la secretaria (María Nazaret Rodríguez) Ponce de León me transmiten allí que Medina y Torres Sosa habían sido trasladados de vuelta al penal en violación de la orden que yo había dado. Los funcionarios me informan que la restitución estaba motivada en que esos dos presos habían hecho un motín y quemado colchones, lo cual ponía en peligro la vida de todos los internos alojados en la comisaría. Entonces doy la orden de resguardar la seguridad y la vida de Medina y de Torres Sosa, y mando a averiguar qué es lo que realmente había sucedido. No podía llevarlos de vuelta en la comisaría Nº7 porque supuestamente había un peligro general. Mucho después de la muerte de Medina nos pudimos enterar que el dato sobre el motín era falso: no había habido ningún motín. Sólo había existido una orden de requisa de parte del director, de Guillermo Snaider, a partir de la cual se encontró un teléfono que ni siquiera era de Medina y de Torres Sosa: con ese argumento hicieron los traslados y, ¡oh, sorpresa!, mataron a Medina en el penal. Esta es una responsabilidad única, exclusiva y excluyente del Servicio Penitenciario. Aquí se está “traspolando” la acusación a la Justicia.
-¿Los agentes que, según usted, le mintieron, están separados del Servicio Penitenciario?
-No lo sé porque no me informaron. Al día de hoy no sé qué pasó. Yo tuve que declarar la acefalía del Servicio Penitenciario porque, en ese momento, su director Snaider y su secretario general, Víctor Casasola, estaban realizando un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del traslado de Medina y de Torres Sosa al penal, es decir, se estaban investigando a sí mismos.
[su_quote style=”default” cite=”” url=”” class=””]Mire que mal juez que soy, que he ofrecido a Tucumán como laboratorio permanente para las buenas prácticas de ejecución de sentencias[/su_quote]
-Más allá de lo de Medina, la Corte tomó una decisión inusual y lo expuso por abandonar su despacho sin aviso en mayo.
-Esto no se ha visto en ningún lado. ¿Cuál es la situación hoy? Como juez de Ejecución me han dejado solo: no tengo personal a mi cargo. Los funcionarios que dijeron que yo me había retirado fueron trasladados a continuación por la propia Corte a la Oficina de Gestión de Audiencias, ámbito que no está realizando lo que debe hacer. Esas personas que perdieron absolutamente mi confianza ahora son jefes. ¿Pretenden ejemplificar en mi persona a toda la Justicia? El día que me quedé solo en el Juzgado yo no tenía ninguna resolución atrasada. ¿Eso es ineficiencia? Le pedí tres licencias a la Corte: dos para ir a Buenos Aires y una para Mendoza. He traído la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal. Dicen que yo no estaba nunca y que salía de joda, pero resulta que también fui a Santiago del Estero y volví con la Dirección Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Mire qué mal tipo que soy, mire qué mal juez soy que he ofrecido a Tucumán como laboratorio permanente para las buenas prácticas de ejecución de sentencias. Hasta la propia Corte me acompañó con esto. Como me llenaron de sumarios, me impidieron continuar con esta gestión. Pero yo buscaba la transparencia total.
-¿Asiste a su juzgado de 8 a 13 y por lo menos cinco horas diarias, como dice el reglamento?
-Voy mucho más tiempo.
-¿Barajó la posibilidad de renunciar a su cargo?
-¿Renunciar por qué? Esto tiene que salir a la luz: hay una verdad que está oculta. Aquí todos sabemos cómo es la cuestión. Estoy haciendo lo que debo hacer y es para esto que la Justicia me ha contratado.
“Es víctima de la mentira”, dice su defensor
Con la voz ronca por el cigarrillo, con el cigarrillo en la mano y con la voz cargada de bronca, el abogado Víctor Taleb sentencia que su cliente y amigo “de hace 37 años”, el juez Roberto Guyot, es víctima de la mentira. “Vamos a hacer una defensa institucional. Acudiremos a la Asociación de Magistrados de Tucumán que preside (Marcela) Ruiz y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No voy a parar hasta restablecer el buen nombre y honor de Guyot, quien ya ha sido absuelto por sus jueces naturales, los integrantes de la comisión de Juicio Político de la Legislatura y tiene derecho al ‘non bis in idem’ (a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos)”, dice el martes durante la entrevista en la que el juez se presentó como el único que había intentado esclarecer las irregularidades de la cárcel y el más investigado (se informa por separado).
Taleb afirma que hay dos falsedades en la investigación administrativa que llevó adelante el camarista penal Fabián Fradejas por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y a propósito del homicidio del preso Sebastián Medina. “Primero: no es cierto que Guyot estuvo alegremente en un curso en las horas previas a ese deceso lamentable. Se trataba de una capacitación ordenada por la Corte cuya concurrencia era obligatoria para él. Saquemos ya la vana idea de que él prefería estar afuera del Juzgado”, exige. En segundo término, el defensor niega la laxitud que Fradejas detectó en el despacho: “la propia Corte dispuso en su momento la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (de 2016) en la unidad de Guyot por considerarla la mejor capacitada. Entonces, también borremos esa idea, que sí puede ser aplicada a las unidades del fiscal federal Nº2, Pablo Camuña, y de la fiscala de Instrucción en lo Penal provincial, Adriana Giannoni. Ellos sí que son laxos y desarrollan investigaciones inadecuadas”.
Taleb destaca que Medina fue asesinado hace casi dos años, y que, en el presente, ni Giannoni ni Camuña habían logrado hacer el cruce de llamadas para determinar quién fue la persona que dio la orden de traslado a Villa Urquiza de aquel preso y de su compañero José Alejandro Torres Sosa en contra de una decisión judicial expresa de Guyot. “¿Será que no tienen la colaboración adecuada? Creo que Camuña tiene todas las posibilidades de avanzar y que Giannoni parece ser la preferida del ministro público fiscal (Edmundo Jiménez). Entonces, no advierto cuál sería el inconveniente. Nos gustaría que la Justicia trabaje sobre los verdaderos asesinos, que han sido perfectamente identificados. Los responsables están a la vista: el primero de ellos es el ex director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, y, luego, los agentes de abajo, Fernando Cisterna, Walter Patto y compañía”, acusa Taleb. Y agrega: “si Medina y Torres Sosa eran testigos protegidos de la Justicia Federal por la denuncia de la venta de droga, como indicó Fradejas, entonces la culpa por la muerte del primero la tienen las autoridades del Instituto de Testigos Protegidos y el fiscal Camuña”.
El defensor dice que también miente el abogado Gustavo Morales (asiste a los presos que denunciaron el comercio de estupefacientes en el penal y a Guyot). “Se trata de un denunciador serial: un denunciador de nada porque nunca tiene una prueba”, indica.
Una denuncia penal
El defensor accionaría contra el denunciante
Taleb observa que sería para juicio político del fiscal Pablo Camuña si hubiese algo de cierto en las versiones del abogado Gustavo Morales sobre lo que ocurre en la cárcel con el tráfico de droga y, “luego de dos años, ni siquiera Guyot haya sido citado como testigo a pesar de que yo ya lo puse a disposición del fiscal federal”. “Hasta aquí no obtuve respuesta. Si es cierto todo lo que denuncia Morales, ¿por qué no hay nadie detenido ni procesado? La respuesta es elemental y me la dijo Camuña: nunca hubo una prueba”, afirma. Taleb manifiesta su intención de denunciar penalmente a su colega y de lograr que pierda la matrícula profesional. “Y yo no voy a parar hasta que eso suceda”, avisa el abogado de Guyot.
