Las bombas incendiarias arrojadas contra el frente de un medio de comunicación en la Capital Argentina, son una consecuencia de la banalidad de ciertos sectores, que, ya sea por inacción frente a la violencia, o por su incitación indirecta van alimentando las llamas como el viento sobre un bosque en época de seca. Las primeras chispas de la violencia actual se encendieron en la Patagonia.
Ante la violencia de encapuchados que se autodenominan mapuches en resistencia ancestral, el Estado permitió con total pasividad la destrucción de propiedad privada, la ocupación violenta y los incendios de centros turísticos y culturales en distintas localidades de la comarca andina. Tampoco reaccionó el poder provincial, ni el nacional, cuando un vecino de las tierras tomadas fue salvajemente golpeado y hospitalizado por encapuchados violentos.
Las chispas entonces se convirtieron en llama. Una comunidad de 9 personas, “autopercibida” vaya a saber cómo, decidió escalar el conflicto arrojando bombas molotov en el barrio de Barracas. La identidad del grupo es investigada por la Justicia, la sanción y responsabilidad que les cabe será dentro de la ley vigente en un estado de derecho, pero el antes y el después que ha generado su acción violenta no se diluirá con su condena.
Hemos retrocedido años en la vida democrática de nuestro país con este ataque. Bombas en las puertas de los medios fueron una postal frecuente en la Argentina de las décadas que creímos sepultadas. A pesar de la relación conflictiva en el período 2003/2015 entre el gobierno y la prensa, y si bien llegaron a registrarse episodios graves de hostigamiento, nunca se había presenciado un acto de terrorismo explícito en las calles, como el del lunes pasado.
Remarcamos la gravedad del episodio en el contexto de inestabilidad social que se comprueba en las calles tanto en la Patagonia como en Rosario, donde el retiro del estado como actor principal para controlar la violencia llevó a una fuerte conmoción durante el último fin de semana. Las víctimas fatales en Cuesta del Ternero y los tiroteos callejeros en Rosario fueron el preámbulo del atentado que mereció un repudio social y político generalizado.
Desde hace meses, algunos sectores, se viene soplando sobre las chispas de la intolerancia y la violencia. Hace una semana el gobernador del Chaco pedía regulación de los medios por considerar que “los periodistas generan mapas mentales en la gente”. Mario Ishii, en septiembre de este año, consideraba positivo que un día “la gente se va a rebelar contra la prensa”, mientras Aníbal Fernández amenazaba por twitter a Nik.
Serían largos de enumerar aquí todos los casos de discursos agresivos y amenazantes de funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner y de la ex Presidente misma, en el período 2003/2015 hacia periodistas y medios que consideraban críticos a sus gobiernos. La violencia discursiva oficial, puede, y de hecho tristemente genera, tanto en la Patagonia, en Rosario, o en Buenos Aires, la presunción de algunos grupos extremos de identificar a la prensa como un objetivo.
Esperamos que la justificación elegida en las declaraciones de repudio de La Cámpora o en declaraciones personales de autoridades del Senado acerca de la necesidad de regular los discursos de odio no sea vista como un atenuante para las bombas arrojadas o como una nueva oportunidad de avanzar sobre las libertades. Son rémoras del pasado, que la sociedad argentina desterró para siempre. Ojalá todos los sectores con responsabilidad política lo tengan siempre presente a la hora de actuar y condenar los ataques.
