Los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf se presentaron ayer en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para instarla a tomar medidas contra quienes frenaron la investigación de los 27 parlamentarios acusados de recibir coimas en 2002. Mediante una nota conjunta, los opositores pidieron al presidente del alto tribunal, Daniel Posse, que sean identificados los integrantes del Poder Judicial que debían comprobar la denuncia original del concejal Ricardo Bussi (ver “Reacciones del denunciante…”). “La información que trascendió en la prensa (sobre las anomalías detectadas en el Juzgado N°5) es alarmante y grave en tanto implica que en Tucumán existen manos invisibles que pueden dejar dormir expedientes cuando se trata de investigaciones contra miembros de un poder del Estado”, dijeron.
Canelada y Estofán de Terraf solicitaron información “precisa y detallada” de lo sucedido en la causa junto con datos respecto de los funcionarios intervinientes y de los responsables de las medidas omitidas. Los opositores pidieron asimismo un informe sobre las acciones que la Corte iniciará contra los responsables. “Resulta imprescindible llevar claridad y tranquilidad a la ciudadanía. No podemos permitir que se naturalice la impunidad en la provincia, mucho menos cuando el expediente involucra a funcionarios públicos”, manifestaron.
El 27 de marzo, la Corte mandó a sus auditores al despacho a cargo de Carolina Ballesteros desde el 8 de febrero (la fiscalización aún no concluyó). Un día antes había trascendido el hallazgo de al menos 13 actuaciones sin trámite de pornografía infantil. Previamente habían sido trasladados el secretario Carlos López y el prosecretario Demetrio Kuchimpos, quienes atacaron a Ballesteros. Mediante una veintena de notas, esa magistrada había comunicado al alto tribunal que al llegar al Juzgado N°5 había encontrado alrededor de 250 expedientes paralizados, entre ellos el caso relativo a las denuncias de las coimas. El descubrimiento de ese proceso bajo un armario no implicaría, en principio, su continuidad, pese a que en 2010 la ex jueza Mirta Lenis de Vera había anulado el pedido de sobreseimientos mediante una sentencia que describe los incrementos de los patrimonios de nueve de los imputados (ver “Ex legisladores…”). El 28 de marzo, Ballesteros ordenó la notificación de ese fallo y convocó a las partes a expedirse sobre la subsistencia de la acción penal.
