Subir los impuestos es la mayor afrenta que se le puede hacer a la clase media de un país cuya economía se derrumba. Que el gobierno de Alberto Fernández insista con aumentar la presión fiscal como única herramienta para equilibrar el desastre de las cuentas públicas muestra dos fallas garrafales, la primera es abandonar toda pretensión de conquistar el voto de los sectores productivos.
Y la segunda es desconocer el daño irreparable que el desquicio impositivo le ha hecho a muchos presidentes a lo largo de la historia. Es interesante y aleccionador lo que está sucediendo en la Argentina con los impuestos. Ya es sabido que somos uno de los países con mayor presión impositiva del planeta, aunque el Estado solo devuelve ese intercambio con pésimos servicios, sobre todo de seguridad y justicia.
La salud y la educación llevan décadas de deterioro, pero el esfuerzo individual de muchos profesionales reemplaza lo que deberían ser políticas permanentes. En la última quincena del año, el Gobierno terminó elevando el mínimo no imponible pero subiendo fuerte el pago de bienes personales para los que tienen patrimonios de más de USD 30.000, y para los que tienen inmuebles declarados en el exterior.
Y cuando la polémica empezaba a tomar hervor, le agregó una renovación de la ley de Consenso Fiscal. Un paquete que incluye la suba del impuesto a los ingresos brutos, la creación de un impuesto a la herencia y otro a las donaciones. Cada gobernador puede hacerlo o no, pero la historia reciente enseña de sobra hacia dónde se inclina siempre la balanza. El Consenso Fiscal del gobierno es un consenso a las patadas.
La mayoría de las provincias tiene deudas con la Nación, casi todas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Y el que no firma el acuerdo, tiene perfectamente claro que tendrá dificultades para hacerse de fondos nacionales. Lo que queda claro en esta pulseada política por los impuestos es que el Gobierno de Fernández va una vez más detrás de la estrategia de Cristina Kirchner, que consiste en concentrar el poder de fuego sobre los votos de los sectores medio bajos.
Y desentenderse de los estratos productivos conformados por empresarios grandes y pequeños, los comerciantes, los cuentapropistas y emprendedores que son rehenes y sufren más que nadie el aumento de la presión fiscal. Los números son claros. El Gobierno prioriza en el gasto los planes sociales para asistir a 22 millones de argentinos en la parte baja de la pirámide. No hay posibilidad de ahorro en ese caso.
No hay esfuerzo estatal para comprobar si hay superposición de planes o si hay contraprestación laboral. La tendencia ya no puede sorprender a nadie. La suba de impuestos se ha transformado entonces en la única alternativa para recaudar ingresos de una gestión que se ha quedado sin ideas ni sustento demasiado temprano. Cuando todavía falta una eternidad para llegar al puente psicológico de la elección de 2023.
