La designación de Claudia Bello en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) generó una nueva polémica en torno a las versiones de rispidez en las relaciones de la cúpula del Gobierno Nacional. El miércoles la convocatoria a la asamblea ordinaria y extraordinaria de ARSAT fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 17/2022 de la Jefatura de Gabinete.
Y que en su anexo propone a la exfuncionaria menemista como una de las directoras de la empresa. El nombre de Bello provocó revuelo, ya que fue una de las funcionarias más relevantes durante el gobierno de Carlos Menem. Militante del peronismo porteño, ocupó diversos cargos de relevancia que la llevaron a ser interventora de Corrientes entre 1992 y 1993, mientras que también fue parte de un escándalo judicial tras su paso por la secretaria de Función Pública.
Su designación generó tal repercusión dentro del Gobierno Nacional, que desde Casa Rosada nadie brindó una explicación oficial. En ese marco, ayer jueves trascendió una serie de versiones en off en las que apuntan al jefe de gabinete y una “supuesta decisión inconsulta”. Incluso, aducen que Jorge Neme, el segundo de Manzur, conocía de ante mano los nombres propuestos para el directorio de la empresa de telecomunicaciones.
Por el momento, la designación de Bello quedó en suspenso hasta que el Gobierno Nacional ratifique o rechace la propuesta. Desde la Jefatura de Gabinete también se había girado en uno de los anexos de su resolución los nombres de los candidatos a ocupar el resto de las direcciones titulares de la Arsat: Néstor Tognetti (presidente), Guillermo Rus (vicepresidente); y Marcelo Tesoro, Claudia Bello y Soledad Gonnet.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Quién es Claudia Bello? La posible directora de Arsat fue una militante del peronismo porteño y supo ser interventora federal de la provincia de Corrientes entre 1992 y 1993. Durante los gobiernos de Menem, también fue subsecretaria de la Juventud de la Nación; subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos, y secretaria de la Función Pública en 1999.
Debido a sus funciones en esta última área, fue denunciada por irregularidades y tuvo que atravesar un proceso judicial. Durante su gestión, Bello gastó 9 millones de dólares en una campaña de difusión contra los efectos del Y2K, un error informático mediante el cual podían fallar los softwares en todo el planeta una vez llegado el año 2000. Lo hizo mediante una contratación directa.
Lo que le valió acusaciones de la Oficina Anticorrupción, que solicitó tres años de cárcel y siete de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En 2011 la Justicia absolvió a Bello de este hecho. Sin embargo, tanto la OA como el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión ante la Cámara de Casación Penal. Ya en 2014, el caso se cerró porque estaba prescripto. Una de las últimas apariciones públicas de la exfuncionaria fue en 2019, cuando en Mar del Plata fue la encargada de organizar una visita de Miguel Ángel Pichetto, por ese entonces candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que buscaba su reelección.
