La Defensoría del Público vuelve a sorprender. Todavía no se apagaron los ecos de la creación de un Observatorio para determinar el origen de las campañas de desinformación y la persecución de opiniones en redes sociales, Nodio, que ya vuelven a emerger nuevas intenciones de esa administración para imponer un discurso único. Esta vez lo intentarán a través de un cuadernillo de adoctrinamiento publicado por la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, referido al tratamiento de la cuestión Malvinas.
Si no supiéramos que la titular de la defensoría es periodista podría malgastar estos renglones para explicar que el periodismo se autorregula, que ningún gobernante puede indicarles a los periodistas cuándo o cómo escribir los hechos históricos, que la pluralidad de voces es lo que caracteriza a una democracia y que los manuales de estilo nunca pueden ser escritos desde las oficinas gubernamentales.
Por fortuna, la Defensora debe saber sobradamente que el principio 6 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. De esta manera solo tendríamos que explicarle que excedió sus competencias.
Ya que ningún apartado de la Ley 26.522 le encarga a la Defensoría la redacción de manuales de estilo ni la publicación de tratamiento de temas de interés histórico, sino todo lo contrario. La Defensoría fue creada, en principio, para la protección de las audiencias y el deber de garantizarle a los ciudadanos la más absoluta pluralidad de voces y la libertad para elegir sus fuentes informativas.
Ahorrándonos entonces estas explicaciones, podríamos dedicar unos minutos a puntualizarle a la defensora que la visión política que esgrime en sus cuadernillos y los elogios a los supuestos logros de la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner en materia de política exterior, es sesgada, falta de rigor informativo y con un lenguaje que dista mucho de la línea diplomática que la Argentina debe mantener como una política permanente en defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
Pero, claro, a tono con los tiempos que corren, el lenguaje elegido por la Defensoría para transmitir estos delicados tópicos diplomáticos debe haberse basado en el discurso del ministro Santiago Cafiero. Si el canciller usó un término procaz para acallar las críticas de la prensa acerca de su manejo del inglés, no vamos a pedirle a la defensora que consulte a los cuadros diplomáticos sobre los términos apropiados para tratar uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina como es el reclamo de nuestra soberanía.
En definitiva, toda esta nueva intentona de fijar un relato único, quedará en el olvido, nadie toma en serio ya a este organismo, no tiene competencia ni capacidad de imposición de las acciones que pergeña para disciplinar el relato mediático ni mucho menos para uniformar el discurso de historiadores y ciudadanos. Esta es una causa que nos hermana más que cualquier otra.
Las Malvinas son argentinas porque lo sentimos y lo expresamos todos los argentinos, pero si algún historiador o periodista no se ajustara a la “perspectiva” que decreta el cuadernillo ¿Sería cuestionado? Lo más grave es que estos experimentos, supuestamente académicos, y bajo el rótulo de “recomendaciones”, se realicen desde oficinas del Estado para imponer ideologías, que cuentan con recursos millonarios.
$255.698.058 es el presupuesto anual de la Defensoría del Público, un organismo que no cumple ninguna función específica y que se utiliza como una vía de adoctrinamiento cada vez que la sociedad democrática se distrae. Tal como Nodio, esta es una nueva alarma para el ejercicio de la libertad de expresión, muchas voces desde la comunidad periodística, social y cultural de nuestro país deben sumarse para detener cada nuevo intento de uniformidad del relato.
