El fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso a que se cierre el tramo de la investigación vinculada a la Ruta del Dinero K, donde se encuentra imputada Cristina Kirchner. La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellantes en el caso donde ya fueron condenados Lázaro Báez y sus hijos, pidieron sobreseer a la vice y archivar el expediente. La fiscalía les dijo que “abandonaron su actuación como acusadores en este proceso”.
En esta causa, Cristina fue indagada el 18 de septiembre de 2018. Cuando pidió que sea citada a declarar, Marijuan sostuvo que durante la investigación se comprobó que “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados”.
En dicha ocasión, la vicepresidenta declaró y también sumó un escrito, en el que señaló “no haber tenido participación alguna en los hechos que le fueran imputados”.
En noviembre de 2018, el juez Sebastián Casanello resolvió que no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina, y dispuso diversas medidas de prueba, “cuyos resultados parciales se fueron incorporando en autos”, explicó Marijuan en su dictamen.
En febrero del 202,1 el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En ese expediente está imputada Cristina Kirchner, pero con una falta de mérito.
Después de cuatro años, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado que resuelva la situación procesal de Cristina, entendiendo que no podía permanecer con una falta de mérito tanto tiempo, porque se violaban los plazos estipulados en el Código Procesal Penal. Al pedir la opinión de la fiscalía, Marijuan consideró ahora que la investigación “no se encuentra acabada”.
En ese sentido, estimó que era “necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización” de un conjunto de pruebas.
La semana pasada, la UIF, dirigida por Juan Carlos Otero, un abogado cercano a Máximo Kirchner, y la AFIP -cuya administradora es Mercedes Marcó del Pont, una funcionaria alineada con Cristina Kirchner- pidieron que la vice sea sobreseída y que las medidas de prueba del fiscal Guillermo Marijuan quedarán sin efecto.
Las pruebas que se encuentran bajo análisis refieren a declaraciones testimoniales de los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. Además, llamadas de teléfonos de cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez. Es por eso que la justicia busca probar si existía una relación entre Báez y Cristina, que fue negada por ambos.
Este lunes el fiscal Marijuan pidió que se siga investigando a Cristina, porque entiende que el pedido de sobreseerla “resulta prematuro”.
En ese mismo sentido, expresó que “se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada”.
La ex mandataria había planteado a través de su abogado –Carlos Beraldi– que las medidas quedarán sin efecto y que se le dicte el sobreseimiento. Ese planteo fue respaldado por los dos organismos del gobierno de Alberto Fernández: la UIF y la AFIP, que coincidieron en plantear que “no hay más medidas de prueba posibles, lo que parece una manera indirecta de buscar su cierre definitivo”.
El criterio del Ministerio Público Fiscal es contrario. Recordó que hay un entrecruzamiento de llamados que concluyó y fue entregado el 2 de marzo del año en curso. Marijuan pidió que se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia “que informe si dicho organismo asignó a la nombrada o a sus principales colaboradores teléfonos en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013”.
Durante esos años, Báez -que mantenía múltiples vínculos comerciales con Cristina Kirchner- lavó 55 millones de dólares. La justicia determinó que parte de los fondos irregulares que obtenía de la obra pública vial, fueron volcados a las operaciones de blanqueo.
Además, la justicia determinó que el patrimonio del empresario K: 1.420 bienes muebles e inmuebles, fueron adquiridos con dinero de origen ilícito. Esa fortuna fue valuada oficialmente en 2016, en 205 millones de dólares.
Por otro lado, el fiscal Marijuan recordó que se incorporaron las declaraciones de arrepentidos prestadas en la causa Cuadernos, “de Ernesto Clarens, Víctor Manzanares, José Francisco López y Juan Manuel Campillo” y que “se entiende necesario contar con todas las declaraciones de este tenor de las que surjan vínculos entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez, sea en forma directa o bien a través de sus colaboradores”.
En duros términos se refirió en su dictamen a las querellas, a las que acusó de un “inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, siendo que los mismos organismos en la gestión de Mauricio Macri habían pedido la indagatoria de Cristina Kirchner al entender su grado de participación en las operaciones investigadas.
