El Juez Federal Daniel Rafecas archivó este jueves la causa que investiga posible hechos de corrupción en la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Después hacerse de analizar la documentación del pliego licitatorio para la provisión de las cañerías y las diferentes declaraciones testimoniales tomadas, concluyó que “el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento”.
En la resolución de 222 páginas a la que accedió Clarín, Rafecas sostuvo que todos los señalamientos “han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.
El expediente judicial se había iniciado por impulso del fiscal Carlos Stornelli para determinar si existieron, como había insinuado el ex ministro Matías Kulfas, irregularidades en la licitación sobre la provisión de 565 kilómetros de cañerías para el gasoducto Néstor Kirchner.
El contrato, el único que se había realizado quedó en manos del Grupo Techint. La causa judicial buscó desentrañar las condiciones bajos las cuales se consolidó el pliego licitatorio, se los lineamientos estaban ajustados a la normativa o si, como había dejado trascender Kulfas, fue una oferta “realizada a medida”.
Al analizar la documentación vinculada a la compulsa de precios, y después de dos audiencias con equipos técnicos, Rafecas concluyó que “nada quedó en pie de las expresiones vertidas por el ex Ministro Kulfas en el off the record que precipitara las denuncias penales presentadas ante este Tribunal”.
Frente a la cuestión del presunto “direccionamiento” de la licitación para favorecer a la firma “Techint”, el magistrado sostuvo: “ello ha sido claramente descartado tanto por la propia declaración juramentada del citado Kulfas quien le quitó toda connotación penal a sus invectivas, y las describió como cargadas exclusivamente de tinte político”.
Este criterio, entendió Rafecas, fue respaldado por Antonio Pronsato, el ex funcionario que tenía a su cargo el desarrollo de la obra, quien indicó que las especificaciones técnicas del pliego de licitación en cuestión, “fijó las cualidades técnicas óptimas para el transporte de gas requerido, mediante los caños cuyo diámetro (36 pulgadas) resulta indiscutiblemente el más eficiente en términos de costos, capacidades y tiempo de construcción, en especial frente al de 30 pulgadas”.
Modificar ese espesor como había sugerido Kulfas, era inviable, señalaron los técnicos, “con sólo considerar que el tendido de gasoducto aumentaría de 560 km a unos 980 km, con las correspondientes complicaciones en materia de duplicación de válvulas, soldaduras y cámaras compresoras, más un aumento en el empleo de las superficies a ocupar”.
En ese contexto se citó también a declaración testimonial a la firma mencionada por Kulfas en su escrito (“Laminados Industriales S.A.”), “ésta dejó bien en claro que no tiene siquiera capacidad para producir caños de 30 pulgadas, algo que quizás pueda alcanzar en un futuro lejano, a partir de un proceso de certificación recién alcanzado”, dijo Rafecas.
Respecto al supuesto direccionamiento que dio origen a la causa judicial, del estudio del expediente de licitación, y de la normativa aplicable, “resulta claro que la concesión de la misma a la única firma que haya presentado una oferta (aprobada por todas las instancias administrativas correspondientes), y por un precio que se adecua a las exigencias legales, está perfectamente amparado por la ley de obra pública y demás normas complementarias”, sostiene la resolución.
