La pericia al celular del piloto del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi, arrojó información que puede ser clave para la investigación. Entre las fotos que el iraní tenía guardadas en su teléfono había imágenes de misiles, tanques, banderas con leyendas contra Israel y otras que lo vinculan con la Guardia Revolucionaria Al Quds.
La orden de periciar los celulares de los tripulantes de la aeronave la dio el juez de la causa, Federico Villena, y el trabajo técnico lo hizo la Policía de la Ciudad a la hora de extraer la información de los dispositivos electrónicos, después el análisis de la misma estuvo a cargo de la Policía Federal que depende de Aníbal Fernández.
Según confirmaron las fuentes, la información recogida en los celulares ya fue enviada al juez, pero todavía falta que traduzcan parte del contenido del material, que está en farsí.
De acuerdo a los primeros detalles que se conocen de la pericia remitida al juzgado de Lomas de Zamora, entre el material que encontraron en el teléfono del piloto había distintas fotos vinculadas al combate bélico, como tanques y misiles. También llamaron la atención las imágenes de banderas con leyendas como “muerte a Israel”.
Pero no es todo: además, señalaron fuentes del caso, dieron con fotografías de un joven Gholamreza Ghasemi como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds iraní. Fue ésta la primera pista que buscó desentrañar la justicia cuando se impulsó la investigación.
Todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron sobre ese vínculo retratado en antiguas imágenes, es decir que “Gholamreza Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto”, como detalló en su último dictamen la fiscal federal Cecilia Incardona.
¿Cómo se llega a establecer la relación Al Quds? La firma Qeshm Fars Air “fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, ya que proporciona asistencia a la Quds Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT)”.
Por otro lado, la empresa de aviación Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC -una oficina que depende del Departamento de Estado norteamericano- por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la Guardia Revolucionaria Iraní y las Fuerzas Quds, y por transportar armas y personal para Hezbollah.
Por esas relaciones comerciales, más el análisis de documentación de inteligencia, la fiscal federal Cecilia Incardona, firmó este martes un nuevo dictamen donde pidió ante el juez Villena que se profundice la investigación sobre el piloto y su posible vinculación con “el terrorismo internacional”.
Hasta el momento “surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”.
Dentro de las nuevas once medidas de pruebas solicitadas por la fiscalía a las que el juez Villena hizo lugar, se había requerido que vía exhorto se pida a Estados Unidos que amplíe todo lo informado “manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país“. También si “se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación”.
Al fundamentar su decisión, que deja bajo investigación al resto de la tripulación también, la fiscal dijo que se encontró con circunstancias irregulares, que la llevan a indagar “si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas“.
En este punto se pidió investigar si eventualmente el proceder del piloto iraní y la tripulación “constituye un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.
“Parte de la actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal es justamente averiguar las razones de estas irregularidades, con la finalidad de despejar toda duda al respecto”, razonó Incardona.
La causa se inició por impulso de la fiscalía para “determinar las irregularidades” que circularon en torno a la tripulación que arribó el 6 de junio de 2022 a la Argentina a bordo de la aeronave Boeing 747-300M Dreamliner, matrícula YV3531, perteneciente a la compañía aérea Emtrasur”. Y así, poder determinar si “el vuelo y su tripulación ingresó a nuestro país con alguna finalidad delictiva”.
A la fecha, por pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, se realizaron más de 46 medidas de prueba en la causa. Entre ellas los exhortos internacionales, los procedimientos de allanamiento e inspección ocular y los pedidos de informes a las distintas agencias, entre otras.
