Es curioso que, en su discurso público, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner le enrostren a Mauricio Macri haber contraído una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del orden de los 44 mil millones de dólares, pero no reparen en una deuda en pesos por la cual, solo en lo que resta de este año, el Estado argentino debe afrontar vencimientos de capital e intereses por la friolera de casi 3,7 billones de pesos.
Se trata de un monto equivalente a prácticamente todo el financiamiento obtenido en el primer semestre. Sin embargo, la segunda mitad de 2022 ofrece menos facilidades, dado que el riesgo país viene creciendo en forma galopante y las tasas de interés que se exigen son sensiblemente más altas que en la primera parte del año. Dos tercios de esa deuda en pesos corresponden a instrumentos ajustables por el CER, coeficiente asociado al índice de inflación.
A fines de julio vencerán unos 510 mil millones de pesos; en agosto, alrededor de 547 mil millones; en septiembre, nada menos que 1,05 billón; en octubre, 508 mil millones; en noviembre, 606 mil millones, y en diciembre, 455 mil millones. Los interrogantes que plantean tales vencimientos son varios. En primer lugar, ¿Cómo hará el Gobierno para “rolloverear” esa deuda?
En segundo término, ¿A cuánto seguirá trepando la deuda en pesos, a partir de la anunciada suba de las tasas de interés para que sean positivas frente a la creciente inflación? Por último, cabe preguntarse si, en el actual contexto de desconfianza, habrá tomadores de deuda con vencimiento cercano o posterior a las elecciones presidenciales de 2023. La causa de esta situación caracterizada por la incertidumbre tiene nombre y apellido: se llama déficit fiscal.
Y mal que les pese a representantes del kirchnerismo duro, la mejor forma de encarar este problema es gastando menos de lo que se recauda en el sector público, como dijo la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Una gran duda, entonces, pasa a ser política: ¿Qué nivel de apoyo tendrá la titular del Palacio de Hacienda en la propia coalición gobernante? Especialmente, a la hora de recortar los subsidios a las tarifas de servicios públicos y de frenar la incorporación de trabajadores al Estado.
Las protestas sindicales que se avecinan no son un buen augurio. El desafío de Silvina Batakis se concentrará en este tercer trimestre del año. Es que, además del vencimiento de 510 mil millones de pesos previsto para el 27 de julio, en la segunda semana de agosto se conocerá el temible índice del costo de vida de julio –casi nadie espera que sea inferior al 7% y hay pronósticos muy superiores–, en septiembre se producirá la mayor cantidad de vencimientos de deuda.
Será un período en el cual la coalición gobernante estará ubicada realmente al borde del precipicio y sus resultados podrían marcar la suerte de la ministra de Economía, de quien se podría decir que su situación sería comparable a la de esos directores técnicos de equipos de fútbol que pelean el descenso y que si pierden tres partidos seguidos saben que se les pedirá la renuncia.
En síntesis, la ministra de Economía ha efectuado anuncios algo tibios y con bastante de voluntarismo, llenos de interrogantes de tipo político. Tanto es así que la insistencia en la instrumentación de un salario universal, como pretenden el cristinismo y ciertos dirigentes sociales, como Juan Grabois, implicaría un gasto equivalente a dos puntos del PBI. Como sugiere el economista de FIEL Daniel Artana, esa medida “nos colocaría a las puertas del infierno” en materia de déficit fiscal.
