Luego de la Justicia dictara una cautelar y suspendiera el estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán, quedó todavía más clara la mentira y la ilegalidad de Germán Alfaro que sale a la luz. En ese sentido, la sentencia firmada por la jueza María Felicitas Masaguer, a instancias del planteo de una organización de usuarios, ratifica la información dada a conocer por Tucumán Despierta.
La cual no hizo más que echar luz sobre el accionar a todas luces fraudulento de parte de la firma TECNO AGRO VIAL UTE. Razón por la cual queda corroborado el decisivo papel que jugó en la Justicia provincial el hecho de que este medio de comunicación mostrara a la opinión pública cómo la empresa a la que Germán Alfaro le entregó en bandeja de plata las calles de la ciudad capital terminó convirtiendo en una verdadera estafa.
Y es que con toda irresponsabilidad el intendente capitalino le cedió un negocio millonario mientras que la firma se encontraba con un concurso en la Justicia. En ese sentido, cabe recordar que el decreto municipal cuestionado transgredió de modo notorio la Ordenanza Municipal 4758/15 que aprueba los pliegos de bases y condiciones en virtud de la cual se faculta al Dpto Ejecutivo a llamar a licitación pública.
La cual apuntaba a la concesión del servicio de estacionamiento medido y pago en la vía pública de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la implementación de un sistema integral de software para la administración del sistema de estacionamiento y la prestación de los servicios relacionados. Es decir, una caterva de aspectos por demás importantes que el alfarismo dejó en manos de una firma que estaba impedida de poder hacerlo.
Además, tal circunstancia resulta más grave aún si se advierte que la misma circunstancia (concurso o quiebra) resulta ser una causal de extinción del contrato de concesión y/o motivo de rescisión que puede ejercer unilateralmente el poder ejecutivo municipal sin indemnización,
atribuyéndole culpa al concesionario. Pero la situación se agrava aún más cuando se advierte que el contrato se realizó mediante una contratación directa sin licitación pública.
Tampoco hubo audiencias públicas o algún medio que asegure la información y participación ciudadana. Por su parte, quedó claro también que se ha violado el art. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales al incumplir con la obligación de constituir un domicilio especial a los fines del contrato. En este sentido, Tucumán Despierta indicó oportunamente que Tecno Agro Vial UTE fijó como domicilio: calle Lavalle 636 piso 3, pero el mismo siempre estuvo desocupado.
Es por ello que los planes de Germán Alfaro en cuanto a ser elegido a dedo por Juntos por el Cambio como candidato a gobernador se ve enturbiado gracias a un nuevo golpe que le asestó la Justicia. Es por ello que en el alfarismo insisten en instalar la mentira acerca de que existiría una intervención de hecho en su administración. Sin embargo, lo que hace es esconder la verdad al respecto.
La cual tiene que ver con la irresponsabilidad de parte del intendente de haber contratado a la firma Agro Vial U.T.E. que jamás se encontró autorizada en Tucumán. En ese marco, la ciudadanía no debe olvidar que sus calles fueran entregadas a una empresa que no reunía las condiciones mínimas y elementales para encargarse del sistema de estacionamiento pago, todo a causa de la irresponsabilidad de Germán Alfaro.
En ese sentido, cabe mencionar que esta empresa está compuesta por dos firmas a causa de que no podía hacerse cargo de la tarea para la cual se postulaba cuando el municipio de San Miguel de Tucumán decidió llamar a licitación para el estacionamiento medido. La precariedad de todo esto quedó más que clara cuando un par de firmas debieron juntarse para componer Agro Vial U.T.E.
Se trata de Tecno Agro Vial S.A. y Teknoware S.A. Ésta última es la que se dedica a la industria del software debido a que Tecno Agro Vial S.A. no tenía capacidad alguna en materia de tecnología como la necesaria para lo relacionado con el estacionamiento pago. Pero el problema surgió cuando se constató que no se encuentra constituida en nuestra provincia, con el agravante de que ya había empezado a funcionar.
Cuando jamás realizó los pasos legales para recibir la autorización en la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán, lo que representa un requisito necesario para poder funcionar y sin el cual de ninguna manera debería haber llevado a cabo la tarea para la que fue contratada. Toda una muestra de irresponsabilidad de parte de Germán Alfaro, salvo que, en realidad, se trate de un intento encubierto de algún tipo de negociado hecho a espaldas de la ciudadanía.
