Aun mes del ataque a Cristina Kirchner, la justicia federal cerró lo que denomina el “primer anillo” de la investigación, enfocado en los autores materiales del hecho y sus partícipes secundarios, y se adentra en una etapa que se percibe más desafiante: esclarecer si existen autores intelectuales por encima de las personas comprometidas en la causa. Durante su alegato en el juicio por la causa Vialidad la vicepresidenta había dicho que hay autores intelectuales no identificados por la Justicia.
Con las evidencias que consideraban firmes el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti avanzaron con las detenciones y procesamientos del autor del disparo fallido y de los tres sospechosos de haber participado del plan del atentado. Fernanado Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están procesados como autores del homicidio calificado en grado de tentativa. El líder de la banda de supuestos vendedores de copos de azúcar, Nicolás Gabriel Carrizo, y la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz, fueron procesados en las últimas horas del viernes pasado como partícipes secundarios. Díaz y Carrizo no estuvieron presentes en las calles porteñas de Recoleta Juncal y Uruguay en la noche del ataque pero, según el fallo firmado por la jueza Capuchetti, tenían como plan común junto a Sabag Montiel y Uliarte matar a Cristina Kirchner.
La segunda etapa de la investigación implica profundizar en si los autores materiales tuvieron instigadores, es decir, autores intelectuales. No hay evidencias en el expediente que acrediten, por ahora, esa hipótesis, pero sí hay interrogantes y medidas de prueba orientadas a responderlos. El posible financiamiento del plan es una de las líneas de la investigación.
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, que representan como querellante a Cristina Kirchner, hicieron una presentación en el juzgado de Capuchetti el martes pasado en base al informe elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre el teléfono celular de Carrizo y también en base a mensajes del teléfono celular de Uliarte. A partir de los mensajes de Joana Daniela Colman, agendada en el celular de Carrizo como “Joa”, le sugirieron a la jueza investigar si Sabag Montiel actuó por alguna motivación económica y si un interlocutor de Brenda Uliarte agendado como “David” en su teléfono hacía trabajos de espionaje para la Embajada de Estados Unidos. También pidieron indagar al resto de los integrantes de la “banda de los copitos”.
Si al resto de los integrantes de la banda de los copitos –Lucas Acevedo, Sergio Eduardo Orozco y Leandro Volpintesta– les cabe alguna responsabilidad penal todavía no fue respondido por las autoridades judiciales. Incluso todavía tienen carácter de testigos en el expediente. El miércoles pasado fueron allanados los domicilios de Joana Colman y de la persona agendada como “Jony White jaja” en ese mismo aparato, que fue identificado como Jonatan Posadas. Fueron secuestrados los teléfonos celulares de ambos sospechosos y su contenido es analizado por la PSA.
Según los chats que Carrizo que intercambió con Orozco ambos tenían planes de alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta, algo que para la querella resulta inquietante tanto por el costoso gasto que eso implica como por las razones para hacerlo. En los últimos días la Justicia reconstruyó que ese departamento está ubicado a unas tres cuadras del de Cristina Kirchner sobre la avenida Callao y no enfrente de su casa, como se creía en un primer momento. La información sobre el propietario del inmueble, cuyas imágenes e incluso un video fueron encontrados en el celular de Uliarte, es analizada por la Justicia. Este elemento en la causa tiene relación con la pregunta sobre el origen del dinero para financiar el plan de atentar contra Cristina.
Al respecto de cómo se financiaba “la banda de los copitos” la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) trabaja en colaboración con la Justicia, que investiga a Carrizo y su entorno, para delinear sus “perfiles económicos”.
Otro elemento que recobró importancia en la Justicia es, según confirmaron fuentes judiciales, que se logró la recuperación parcial del teléfono de Sabag Montiel. El aparato había sido formateado durante el intento que llevó adelante la Policía Federal para extraer su contenido, y a lo largo de las semanas los técnicos de la PSA lograron acceder a una porción de la información que había en ese celular. Ese contenido no puede ser analizado sin un perito de parte, dijo una fuente de la investigación a este medio.
Otra línea de investigación que avanza a paso lento es el análisis de las comunicaciones de la custodia de Cristina Kirchner y su entorno familiar. Parte de la información está en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el entrecruzamiento solo resultaría relevante si se encontrara algún vínculo con los atacantes, dijo una fuente judicial a LA NACION. “Si ese elemento no aparece la conducta de la custodia es materia de investigación dentro del Ministerio de Seguridad y no de la Justicia”, agregó esa fuente.
Al respecto de la intervención que tiene la vice como querellante en la causa, una fuente de su entorno dijo: “Cristina pidió investigar a fondo a los autores intelectuales, pero es consciente de que por ahora, lo que hay en el expediente, se agota acá”, dijo en relación a “Los Copitos”. Ubeira frecuenta seguido los pasillos de los tribunales de Comodoro Py y lleva un perfil más alto en su relación con los medios de comunicación. Aldazábal, quien fuera socio de Juan Martín Mena y Elizabeth Gómez Alcorta en su estudio jurídico, es más reservado. “Los ojos de [Marcos] Aldazábal son los ojos de [Juan Martín] Mena en la causa”, agregó la misma fuente.
