Las prioridades de Cristina Kirchner siguen estando en el terreno judicial. De ellas de ocupa. Se cansó que la investigación de su atentado fallido no salga de la órbita de “la banda de los copitos”. Deshonra para ella. Se presentó como querellante en una causa conexa por amenazas que sustancia el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Fue impulsada luego del ataque por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Agustín Rossi. El juez pretendió que dicha investigación fuera tomada por María Eugenia Capuchetti, que sustancia el atentado. La jueza no halló vínculo entre ambas y rechazó el pedido. La Cámara Federal le concedió la razón.
Dos días después de que Cristina Kirchner se convirtió en querellante, Martínez de Giorgi arrestó a cuatro personas pertenecientes a Revolución Federal. Grupo de derecha que suele hacer escraches y difamaciones en las redes. Lo cierto es que esa causa ganó relevancia por dos motivos.
El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que aquella organización pudo con sus acciones “crear un clima de violencia” que escaló hasta el atentado contra la vicepresidenta. Construyó una retórica atractiva, sin una sola prueba. El juez la avaló. Otro aspecto es el presunto nexo del líder de Revolución Federal, Jonatan Morel, con “los copitos”.
En el medio, un sostén financiero raro. Una sociedad en la que figuran hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Macri, que concretó siete pagos a través de transferencia bancaria por trabajos de carpintería de Morel y socios suyos. Llamativo: una logística con dinero en blanco para un magnicidio que no fue porque faltó la bala en la recámara del arma.
La vicepresidenta tampoco descuida el lado político de sus causas de corrupción. Promedia el juicio por Vialidad, la adjudicación de obra pública en beneficio de Lázaro Báez. Hizo circular una foto en el Senado junto a Rafael Correa, ex presidente de Ecuador. Con pedido de captura en su país a raíz de una condena.
Sigue a diario el tramo final del balotaje en Brasil, con el ruego de la victoria para Lula. Considera su caso emblemático del lawfare. En el Instituto Patria sobrevuela un plan. El de realizar un acto popular en noviembre, cuando se acerque el final del juicio por Vialidad, con la presencia estelar del todavía ex presidente brasileño.
