Este martes 15 de noviembre, la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó la audiencia de formalización de cargos contra dos policías quienes se desempeñan en la Brigada Investigaciones de Yerba Buena y en la comisaría de Villa Mariano Moreno, respectivamente. La auxiliar de fiscal, Mónica Torchán, por delegaciones de la titular, Marta Mariana Rivadeneira, los imputó por los delitos de hurto agravado por el uso de llave sustraída y su condición de fuerza de seguridad y de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en calidad de autores.
El pasado domingo en circunstancia que el oficial de policía se encontraba de guardia prestando servicios en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Norte, Yerba Buena, sustrajo de una de las oficinas de la dependencia policial la llave de la camioneta marca y modelo Volkswagen Amarok, se dirigió al playón de estacionamiento, se subió al rodado y se retiró apoderándose ilegítimamente del mismo siendo que se trataba de un vehículo secuestrado, en fecha del 12 de agosto del presente año (en el marco de un legajo sobre encubrimiento), protagonizando un accidente a bordo de dicha camioneta, a las 11:30 horas, en calle 4 altura al 300 de la localidad de Villa Mariano Moreno.
Ese mismo día, a las 13:04 horas aproximadamente, el otro oficial involucrado tomó intervención del accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle 4 al 300 de Villa Mariano Moreno, se comunicó vía telefónica al provisto de la Unidad de Atentados contra las Personas del MPF siendo atendido por una funcionaria judicial a quien se le informó el accidente de tránsito ocurrido entre dos personas omitiendo deliberadamente informar que el conductor del rodado de mayor porte se trataba de un funcionario policial quien se encontraba aparentemente alcoholizado y que la camioneta en la que circulaba se trataba de un vehículo secuestrado por la Justicia, con clara intención de colaborar con el accionar del otro sujeto para eludir la investigación de la autoridad competente.
Luego de relatar los hechos atribuidos, la representante del MPF pidió medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses, que demandará la investigación. Entre ellas someterse al procedimiento, fijar domicilio, prohibición de realizar cualquier acto de turbación, permanecer a disposición del tribunal y la negativa de salir sin autorización previa de la provincia. Finalmente, el juez actuante hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía, en todos los puntos.
