Cristina Kirchner empezó a ejercer la vicepresidencia de este gobierno percibiendo una sola pensión de privilegio. A pocos meses de que concluya esta gestión, consiguió sumar la pensión vitalicia de Néstor Kirchner. Según las estimaciones realizadas por especialistas, con las últimas actualizaciones comenzó a percibir más de 9,1 millones de pesos por mes, informa este viernes la periodista Lucía Salinas en Clarín.
En total son 124 jubilaciones mínimas, que hoy está en $73.665.
La noticia se conoce la misma semana en que Sergio Massa ordenó canjear los títulos en dólares que tiene el fondo de la ANSeS para resguardar el capital con el que se pagan las jubilaciones y pensiones, por papeles denominados en pesos.
La Corte Suprema de Justicia, foco de las principales críticas de la vicepresidenta, tiene en sus manos la discusión sobre la doble pensión de privilegio que comenzó a cobrar a los pocos meses de que Alberto Fernández llegara a la Casa Rosada. La gestión de Cambiemos la había obligado a optar por una de las pensiones, decisión que se revirtió gracias al jefe de los abogados del
Como la doble pensión de privilegio de la vice está atada a los aumentos concedidos por la Corte, percibió los últimos incrementos de los funcionarios judiciales: 6% en enero, al mes siguiente un 7% y finalmente, a marzo un 5,5%.
Como valor de referencia, lo que Cristina Kirchner percibía -cifra informada por ella misma en su demanda judicial- debidamente actualizado por lo que la ley establece, da como resultado una cifra impactante: 9.181.592 pesos por mes en concepto de las dos pensiones vitalicias, la suya como ex presidenta y la correspondiente a Néstor Kirchner.
Cristina logró ante la justicia del fuero de la Seguridad Social un fallo favorable para revertir la situación en la que la había dejado el gobierno de Macri.
El 18 de noviembre pasado, la Cámara de la Seguridad Social -con las firmas de Néstor Fasciolo y Sebastián Russo- había confirmado el fallo del juez Pérez Nanni, según el cual que ella podía cobrar su doble pensión vitalicia, luego de que la ANSES dictaminara a su favor, gracias a que el entonces fiscal -y miembro de Justicia Legítima- Gabriel De Vedia no apeló.
Frente a la decisión judicial, la diputada Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, acudió a la última instancia judicial: la Corte Suprema, que deberá definir si interviene o se mantiene el doble beneficio que representa casi 9,2 millones de pesos por mes para la presidenta del Senado.
El ingreso de Cristina representa 158 pensiones mínimas, sin incluir el bono de 15.000 pesos que anunció este gobierno frente a una inflación interanual que llegó a las tres cifras.
Eso sí: como compensación, cuando la vice volvió a percibir la doble pensión informó que renunciaba a su salario como presidenta del Senado (entonces por encima de los 300.000 pesos) y aceptó seguir pagando Ganancias.
Frente a esta situación el ex secretario de la Seguridad Social de la gestión de Cambiemos dijo a Clarín: “esto pasa porque Fernanda Raverta -titular de la Anses y Zannini no apelaron la sentencia en favor de Cristina, como hacen con el resto de los jubilados.”
En su última declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA) Cristina reconoció un patrimonio de 48.608.385 pesos. Hace dos años había declarado 9,7 millones, mostrando un continuo incremento de sus bienes: nominalmente triplicó su patrimonio sin poseer inmuebles.
Los números están lejos de los 77 millones con los que dejó la Casa Rosada en diciembre de 2015, cuando el dólar blue estaba en 15 pesos promedio. Cuando se empezaron a dictar las primeras medidas cautelares en su contra en el marco de las causas de corrupción, Cristina decidió traspasar su fortuna a sus hijos. Allí incluía plazos fijos, 25 propiedades, participaciones accionarias en tres empresas y un vehículo.
El planteo de Ocaña refiere a un hecho de “suma gravedad institucional” y afirma que la ANSES, bajo la conducción de la camporista Raverta, “sólo buscó beneficiar” a la vicepresidenta en vez de “defender los intereses del Estado”.
Frente a los valores actualizados, la diputada opositora dijo a Clarín: “la justicia debe remediar este abuso por parte de la vicepresidenta, que se arrogó cobrar dos beneficios con la complicidad de ANSES y de la Procuración del Tesoro, cuando esto está prohibido”.
El año pasado, la ANSES pidió que se rechace el planteo de Ocaña para que no se reabriese la discusión sobre la jubilación de privilegio de la vicepresidenta.
La diputada apeló la medida ante ese mismo tribunal de alzada. Ese reclamo fue rechazado tras un pedido de la ANSES, que consideró que la discusión estaba concluida y que no debe reabrirse el debate.
Ocaña acudió entonces a la Corte con un recurso de queja. En el mismo pide, por un lado, ser tenida en cuenta como tercera parte en el caso en representación de los intereses del Estado que se vieron afectados por la decisión de la ANSES. En segundo término, reclama que al ser tenida en cuenta, se anule el fallo que benefició a la vice.
