La denuncia realizada hoy por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia de un “plan sistemático” del gobierno anterior de Cambiemos que articuló una “feroz e inédita persecución” contra ella y su familia está apoyada en una investigación de oficio iniciada en 2017, que culminó con un reclamo por una deuda impositiva.
“Expresamente hubo un direccionamiento de la actividad de la AFIP hacia mi persona, todo lo cual se agrava, además, por las ostensibles irregularidades cometidas una vez que fui seleccionada arbitrariamente (falta de notificaciones, ajuste realizado sin observar ninguna documentación, etc.)”, sostuvo la ex presidenta en el texto entregado a la justicia federal de Río Gallegos.
En la presentación judicial, patrocinada por su abogada Romina de los Angeles Mercado, la vicepresidenta pidió la nulidad de lo hecho en el caso y de la ejecución de esa supuesta deuda.
“Estamos frente a un caso claro de desviación de poder que vicia y nulifica todo el proceso de determinación de oficio que desembocó en la emisión de las boletas de deuda en ejecución, puesto que se han utilizado las prerrogativas de fiscalización que legalmente le corresponden a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el fin de hostigar y perseguir a esta parte”, agregó.
El reclamo de la deuda se inició por una orden de fiscalización “impartida por la Fiscalía Federal de Río Gallegos a la AFIP”, con lo cual -señala el texto- “se ha perseguido un fin diferente del que la ley 11.683 le asigna al ente recaudador, desviándose así de la finalidad legal del poder que le ha sido conferido”.
“Se le ordenó al organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola expresamente las normas reglamentarias de AFIP que establecen los criterios de selección de contribuyentes a ser fiscalizados. Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, denunció.
La deuda reclamada se vincula al Impuesto a las Ganancias de 2011, 2012, y 2016 y se determinó de oficio en una suma de 2.122.615 pesos más intereses y multa, según informó la vicepresidenta en el escrito.
