A mediados de marzo de este año, se conoció que el Gobierno de Tucumán demandó por alrededor de $1.000 millones a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del dique El Cadillal, luego de encarar con fondos propios los arreglos que el embalse necesitaba tras descubrirse fisuras en una de sus presas laterales.
Según explicó en su momento la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, la demanda precisaba una cifra exacta de $936.660.939,57, más los intereses a tasa activa desde el momento del pago efectuado por la Provincia.
“Como la empresa no estaba haciendo las reparaciones, la Provincia asumió la tarea con una importante inversión y cuando la obra en la parte más urgente se terminó, recibimos una invitación del gobernador, Osvaldo Jaldo de intimar a la empresa a devolver el dinero que la provincia había puesto. En realidad, eran inversiones que debía hacer la concesionaria no nosotros”, explicó la funcionaria.
Por esta razón, el planteo incluía el pedido de que se trabe embargo preventivo a la firma, con la que el Gobierno pretendía que la firma pague el monto total de lo que debió erogar el Estado para reparar la presa lateral N°3 del dique, que presentaba grietas de importancia.
Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el juez Federal, José Manuel Díaz Vélez, “rechazó el pedido que hizo la Provincia de embargo preventivo sobre los pagos que la empresa demandada tenga a percibir de la firma CAMMESA, como asimismo de las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios, cajas de seguridad de titularidad de HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A”.
El dique “en estos últimos años se ha visto deteriorado por una fisura importante que estaban poniendo en peligro el mantenimiento de la represa y sus servicios”, detalló Pedicone de Valls en La Gaceta el pasado marzo y agregó que debido a esto hicieron “la intimación, pero no tuvimos respuesta, y como la demora nos estaba significando una ausencia importante de casi $1.000 millones”. Desde la Justicia Federal confirmaron que la fiscal de Estado apeló el fallo por lo que la Cámara Federal deberá resolver si hace lugar o no al pedido de la Provincia.
