A raíz de las batalles campales entre estudiantes del nivel secundario en pleno centro tucumano, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció un decreto con severas medidas para detener a estudiantes y sancionar a padres e instituciones educativas en el caso de volver a suceder hechos de esta naturaleza. La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó ante los micrófonos de la prensa los alcances del decreto y cómo se aplicará.
En primer lugar, la fiscal expresó su preocupación por las peleas campales que se produjeron en la capital tucumana. En esa línea, recordó a Matías Albornoz Piccinetti,el joven que fue asesinado en una pelea entre adolescentes a la salida de su colegio en mayo del 2017. Luego, tomó las palabras del gobernador para explicar la naturaleza del decreto:
“El gobernador dijo y tiene razón de que el estado cuida a los jóvenes desde que nacen, a través de las instituciones de salud, los cuida cuando va a la escuela con acceso gratuito, con boleto gratuito; hay una serie de políticas de estado para proteger a los jóvenes. Pero cuando las cosas se convierten en un caos con riesgo de vida e integridad física, toma una división distinta, ese es el escenario donde el gobernador dijo que soluciones podíamos tener”.
La fiscal contó que Jaldo se reunió con los ministros, entre ellos el de seguridad y educación para pensar soluciones a esta problemática. “El gobernador pensó que estábamos por detrás de los acontecimientos y con riesgos de vida de alumnos, en esa rueda de conversación salieron estas medidas, que son básicamente que la policía tome acciones mucho más concretas y persuasivas, la idea es evitar que ocurre, y si ocurre que se tomen medidas como aprehender a un joven que está haciendo un disturbio en la vía pública que afecta a los otros chicos que están participando y salen corriendo de un escenario donde pueden salir lastimados”, sostuvo y agregó: “Esta medida fue conversada con los distintos ministros y tiene aportes de cada una de las áreas”.
Por otro lado, la fiscal explicó que para desarrollar la segunda instrucción que sanciona a las instituciones educativas se preguntaron “qué hacemos con estos alumnos que a su vez asisten a instituciones, en muchas de las cuales están mirando con pasividad porque ocurren fuera de la escuela”.
Y dijo: “Salió la idea de que los establecimientos donde el estado, a través de sus aportes, sostiene las instituciones los involucre en la toma de decisiones y de capacitación para que esto no se repita, y ahí las instituciones van a tener un rol importante que jugar para no ser solo espectadoras, sino protagonistas de los cambios que esta gravedad de situación amerita”.
A su vez, fue consultada por la legalidad de la detención de menores de edad. “Todas las leyes que protegen a los menores de edad solo permiten la aprehensión por razones de haber provocado una situación de gravedad, en este caso pública, que amerite la aprehensión. Después el juez tomará las decisiones del caso”, respondió y dijo que “en el caso del joven detenido ayer esta medida no le sería aplicable porque rige de hoy. Ese joven está detenido y quedará en manos del juez”.
En cuanto a la tercera instrucción que sanciona a los padres dijo: “Esta es una norma de carácter administrativo, tiene que ver con la educación, con la policía y con los empleados públicos cuyos hijos están en situaciones de conflicto social. Tenemos medidas persuasivas para que los padres tomen cartas en el asunto, tenemos el caso de un joven que ha participado de estos eventos y cuyo padre pertenece a la administración pública”.
“Ojalá esta norma sirva para que estos hechos no ocurran, ojalá no tuviéramos que aplicar nunca nada de las cosas que se han dicho hoy”, afirmó la fiscal y argumentó que “varios son los responsables de esta cadena de sucesivos hechos de violencia: los padres, las instituciones educativas y el estado va a tener una responsabilidad si esto transciende a mayor gravedad”.
Además, se refirió a cómo será la detención de los jóvenes: “La policía tendrá que prever espacios adecuados para su condición, no pueden poner un joven con adultos o en lugares que puedan afectar su salud física o emocional”, afirmó. Y sostuvo: “No hay ninguna decisión de ir en contra de las leyes, ni de crear figuras penales, ni figuras administrativas nuevas, hay decisión de tomar una decisión administrativa de carácter tan enérgico que evite que estas situaciones se repitan”.
“El decreto prevé que sea expulsado el alumno que esté involucrado en un evento de esta naturaleza pero, para que eso ocurra hay que identificarlo, hay que ver a que institución pertenece, el alumno tendrá la oportunidad de hacer su descargo y ver en qué situación esta y, eventualmente, puede ser una situación en la que el alumno pueda continuar. Yo apelaría a que esta medida sea de carácter disuasivo, se han buscado todas las aristas en donde un joven, sus padres y docentes asuman la gravedad de la situación y, si todo eso se controla, nada de lo que se ha escrito hoy pueda hacerse efectivo, ese es el ideal”, concluyó.
