La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín, acusada de haber robado las identidades de cuatro gobernadores comenzó a recorrer un duro camino procesal que podría terminar en un calabozo de una cárcel de mujeres. Al procesamiento dictado en Tucumán, se conoció que están avanzados los expedientes que se le abrieron en San Juan y en Buenos Aires. No hay confirmación aún, pero en Corrientes y en La Pampa sucedería lo mismo.
En noviembre pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo denunció que alguien había utilizado sus datos fiscales para hacer compras de vestir para ingresar al país. El fiscal federal Agustín Chit inició una investigación y no sólo comprobó que la autora de la maniobra era Olguín, sino que también había hecho lo mismo con los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Luis Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).
Osvaldo Jaldo.
Axel Kicillof.
Rogelio Frigerio.
Jaldo, de manera virtual, y los otros cuatro funcionarios por escrito, confirmaron que en 2024 alguien había utilizado información que, supuestamente debería ser confidencial para realizar la operación. Ziliotto, Orrego y Frigerio se enteraron del caso por la investigación que estaba realizando Chit.
El funcionario del Ministerio Público acusó de contrabando simulado por haber usado datos personales de los funcionarios para ingresar ilegalmente al país las prendas que adquirió con su patrimonio en una tienda de Miami, Estados Unidos. Así quedó en claro que la víctima había sido el Estado y los gobernadores, los damnificados.
La cantante de 27 años fue citada a declaración indagatoria por el juez federal José Manuel Díaz Vélez. En su descargo, Olguín reconoció haber realizado las compras a nombre de los gobernadores y aclaró que lo hizo porque había agotado el cupo personal, el de sus familiares directos y allegados. Legalmente, cualquier ciudadano puede realizar hasta cinco compras en el exterior por un monto de U$S5.000. En los días que había realizado las operaciones, el tope era de U$S1.000.
Derivaciones
Con la declaración de la joven, el proceso comenzó a encaminarse. Chit se quedó con la causa de Jaldo y se declaró incompetente en los otros casos. Decidió entonces enviar a sus pares de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y La Pampa para que investigaran los hechos por lo terminaron siendo damnificados los gobernadores de esas jurisdicciones. En la resolución de procesamiento, el juez Díaz Vélez le dio la razón al representante del Ministerio Público y decidió acompañarla notificando a sus pares de esas provincias de su decisión.
Kicillof, en diciembre, también denunció el robo de sus datos fiscales, pero lo hizo ante la justicia ordinaria de Buenos Aires. Su presentación quedó paralizada hasta que estalló el escándalo. Cinco meses después, un magistrado se declaró incompetente porque el contrabando es un delito que debe ser investigado por la justicia federal. Con las resoluciones dictadas en Tucumán, son dos los expedientes abiertos en esa provincia contra Olguín. Obviamente, sólo falta la firma de uno de los dos magistrados intervinientes para que sean unificadas.
“En razón de haber tomado conocimiento por comunicación que me cursara el fiscal federal 3 de Tucumán que se ha utilizado ilegalmente mi identidad para la comisión de un supuesto ilícito por lo que debe iniciarse una investigación…”, se puede leer en la presentación que realizó el gobernador sanjuanino Orrego en la Justicia Federal de esa provincia. En esa jurisdicción, donde ya está en vigencia el sistema acusatorio por lo que se supone que podría cerrarse más rápido el expediente, el caso cayó en manos del fiscal Francisco Maldonado que dirige la oficina de Litigación de Casos Sencillos.
En Entre Ríos, el fiscal de Estado de esa provincia Julio Rodríguez Signes anunció que esperaban una notificación del fiscal federal para definir los pasos a seguir. En tanto, no hubo novedades sobre los pasos que tomará Ziliotto, el quinto damnificado.
Problema en puerta
Técnicamente, Olguín tiene abierto expedientes en su contra. Una causa que prácticamente está cerrada y en la que existen demasiadas pruebas en su contra, además de que ella misma reconoció ser la autora de la maniobra. En todas las jurisdicciones, en principio, se llevarían por la investigación que realizó Chit y avalada por el juez de garantías Díaz Vélez.
El Código Penal establece que una persona que no tiene antecedentes puede recibir una condena condicional o de cumplimiento en suspenso en delitos que no superen una pena de tres años. En este caso se podría aplicar, ya que el castigo del contrabando simulado es de dos a ocho años de prisión. El que accede a este beneficio debe cumplir una serie de reglas de conductas durante dos o cuatro años, según la gravedad del delito. Pero no siempre se puede acceder a la condicionalidad de la pena.
El artículo 27 establece claramente: “La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas”. Y agrega: “La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos”.
En otras palabras, Olguín podría acceder a una pena de cumplimiento condicional en la primera causa que se cierre en su contra, pero no podrá hacer lo mismo con las otras cuatro y se le irán acumulando las condenas que irán elevándose por ser reincidente.
Posible solución
La defensora de la joven Claudia Paz tiene dos alternativas. La primera es apelar la resolución del juez Díaz Vélez y, la segunda, solicitar que se unifiquen todas las causas para que, a través de un juicio abreviado, se le dicte una sola condena por todos los casos. En ese marco procesal, podría aspirar a llegar un acuerdo en el que contemple una reparación importante para acceder a una pena condicional.
La estrategia de la defensa es recurrir a una salida alternativa para cerrar el caso. Paz había anunciado que pretendía acceder a una probation, herramienta legal con la que se busca que las causas no lleguen a juicio, a cambio de realizar una importante donación al Hospital de Niños y de pedirles disculpas personalmente al gobernador Jaldo. Pero no podrá ser porque la ley establece claramente que en los delitos aduaneros no se puede aplicar esta figura. Está claro que la situación de la acusada se va complicando.
Las reglas de conducta
- – Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
- – Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.
- – Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
- – Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
- – Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.
- – Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
- – Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
- – Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
- – Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso.
- – Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento.
- – Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El penado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia.
