La Provincia concretó un paso fundamental en su disputa por recuperar las tierras fiscales ocupadas en la reserva La Angostura. Comprobó que los ocupantes estaban construyendo en un predio sobre el cual existe una medida que impide realizar cualquier tipo de obras y modificaciones y que el Estado pretende que sea restituido desde hace varios meses.
El lugar es conocido como “Loteo Monroy” y es uno de los ejemplos de años de desidia en el cuidado del patrimonio público. A mediados de los 80, Tucumán le cedió al Automóvil Club Argentino un predio para que concretara un proyecto turístico y de servicios en la entrada del Valle de Tafí. En los 90, debido a los avatares de la economía nacional, los ejecutivos de esa entidad le anunciaron a la provincia que habían desistido del emprendimiento y, ante escribano, realizaron la devolución del mismo. Pero las autoridades de turno no terminaron de completar el trámite.
En octubre pasado, cuando se descubrió que había ocupaciones ilegales en la Reserva, las autoridades hicieron un relevamiento sobre la situación dominial de esas tierras. Así descubrieron que el terreno destinado al proyecto nunca había sido escriturado a nombre de la Provincia. Por esa razón, no pudieron avanzar con el pedido de restitución ante la Justicia como hicieron con otros lugares.
“Es una de las zonas de mayor futuro y valor de El Mollar. Está en una especie de loma, como si fuera un galpón. Está alejado del ruido de la villa. Quién no quisiera tener una casa construida ahí”, explicó Fernando Arroyo, monterizo que desde hace años elige el Valle de Tafí para descansar. “Tenemos que tener en cuenta que esos lugares hay que preservarlos porque están en medio de una reserva”, añadió.
Lucrecia Fernández ponderó que la Provincia haya tomado la decisión política de recuperar ese sector. “Todos los loteos clandestinos comenzaron así. Primero, ponían un alambrado y después construían una casita para disimular. Si nadie les decía nada, empezaba con la venta de lotes”, explicó.
El avance
La fiscala de Estado, Gilda Pedicone, ordenó la escrituración de esas tierras; y una vez que lo consiguió intimó a los hermanos Juan Ramón, Carlos, Victorio y Fernando Monrroy a que desocuparan el lugar, ya que estaban ubicados en tierras fiscales y en una zona de dominio público hidráulico por estar ubicado en las proximidades del vertedero del dique La Angostura. Los ocupantes se habían resistido a la medida, por lo que la causa estaba avanzando en el Centro Judicial de Monteros.
Los agentes estatales que tienen la custodia de la Reserva, informaron que en el loteo Monrroy se estaba construyendo, pese a que el año pasado una jueza del fuero civil había dictado una medida de no innovar para frenar todas las obras y modificaciones en los terrenos en ese sector del Valle de Tafí para proteger el medio ambiente. Los abogados de la Fiscalía de Estado hicieron la denuncia correspondiente en el Centro Judicial Monteros.
La fiscala Mónica García ordenó que se hiciera una inspección ocular en el lugar para confirmar la denuncia. Personal de la comisaría de El Mollar informó que no habían podido ingresar al lugar porque estaba cercado con alambres en el que se había colocado un cartel con la leyenda “Vivero Monrroy”. Sí confirmaron que se podía observar dos casas en construcción. Por esa razón, la representante del Ministerio Público solicitó una orden de allanamiento para ese lugar, pedido que fue aceptado por el juez Marcos Núñez Campero.
El domingo se realizó la medida bajo un fuerte operativo de seguridad que fue coordinado y dirigido por los comisarios Carlos Díaz, Esteban Toledo y Marcos Goane, los uniformados realizaron el allanamiento y secuestraron materiales de construcción, herramientas y grupos electrógenos que se estaban utilizando para construir las viviendas. Al no haber personas en el lugar, los efectivos no pudieron informar a ninguno de los señalados para notificarlos de que se había iniciado una investigación en su contra por usurpación y por desobediencia judicial.
Con los resultados de la medida, Pedicone confirmó que la Provincia asumirá el rol de querellante y que el abogado que actuará en nombre del Estado es José María Molina. “Vamos a seguir avanzando con la restitución de todas las tierras que forman parte de la Reserva”, indicó la funcionaria.
Antecedente
Este es el segundo caso en el que a un particular se le abre una causa por no haber cumplido con la medida de innovar por avanzar con las construcciones en tierras que forman parte de la Reserva La Angostura. En enero pasado, Fernando Bolla fue sorprendido cuando estaba realizando construcciones en su casa del “Loteo Gaucho Castro”. Él y los dos albañiles fueron aprehendidos por haber sido sorprendidos trabajando.
Con el correr de las semanas, sólo quedó imputado el propietario de la vivienda. El acusado de desobediencia judicial y de usurpación accedió a una probation. El comerciante de Aguilares accedió a desocupar el terreno, realizar una reparación económica y cumplir con reglas de conducta.
Este caso fue considerado como el punto de partida de las acciones judiciales para desocupar los terrenos ubicados en la reserva, entre ellos, el loteo donde el imputado tenía su vivienda de veraneo.
Desde que se descubrió el caso de El Mollar, la Provincia, con el accionar de la Policía, evitó el avance de las usurpaciones en Ojo de Agua y los loteos de los barrios El Lago y Juana de Azurduy. Luego, a través de medidas judiciales, en poco más de siete meses logró la restitución de los terrenos donde funcionaba una confitería en la entrada al Valle de Tafí; la base del emprendimiento que brindaba servicio de pesca conocido como “El Pelao”; el club Tres Cruces y el predio que ocupaba el Tucumán Yacht Club.
Ahora queda resolver dos situaciones. El Loteo Monrroy que seguramente se judicializará y el Club Náutico, cuyos propietarios se mostraron interesados en comprarle al Estado las tierras donde construyeron para no ser desalojados.
¿En qué estado se encuentra la causa iniciada por el “loteo gaucho castro”?
El fiscal Miguel Varela continúa recolectando pruebas para sostener la acusación en contra de las seis personas que están involucradas en el “Loteo Gaucho Castro”, emprendimiento inmobiliario que consistía en la venta de tierras fiscales a particulares.
Según la investigación del representante del Ministerio Público, Juan Pablo Castro, sin ser el titular del predio, comenzó a comercializar parcelas. En la investigación surgió que Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, empleados de la ex secretaría de Regularización Dominial y Hábitat (desarticulada por este caso) se habrían asociado con el lugareño para desarrollar el proyecto.
Después los pesquisas descubrieron que podrían haber colaborado con la maniobra el ex titular de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler y el comisionado comunal Jorge Cruz, suspendido en el cargo por su supuesta participación en el caso. También son investigados Damián Romano (nieto político de Castro) y Jessica Mamaní (nuera de Trujillo) que fueron señalados como vendedores de las parcelas.
Según el expediente, los acusados, utilizando documentación falsa, terminaron engañando a los compradores de los lotes utilizando documentación sin ningún valor. Los adquirentes argumentaron que habían comprado en buena fe, pero fueron desalojados por orden judicial y las tierras fueron restituidas provisoriamente a la Provincia. Varela les anunció a los seis sospechosos que los investigaría por usurpación y estafas reiteradas. Sin embargo, en las últimas semanas sumó indicios para acusarlos de asociación ilícita.
