A pesar de que el comité de once expertos que asesora al presidente Alberto Fernández para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia aún no empezó a trabajar, ya sobrevuela una certeza por las opiniones que fueron desgranando en público y en privado algunos de sus integrantes: la mayoría entiende que hay que ampliar el máximo tribunal.
No está claro cuántos integrantes debería tener el cuerpo, pero los actuales cinco les parecen insuficientes a la mayoría de los expertos que ya hicieron públicos sus puntos de vista.
El Consejo Consultivo está integrado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).
Serán coordinados por Fabián Musso, abogado del estudio del fallecido Esteban Righi y cercano a Alberto Fernández. No hay agenda de trabajo establecida, pero los integrantes del comité ya se vieron las caras. Fue el miércoles pasado, cuando el Presidente hizo el anuncio en la Casa de Gobierno y luego los invitó a su despacho. Allí estuvieron reunidos casi una hora y charlaron con Fernández, que les reiteró que tenían libertad para trabajar.
Los especialistas intercambiaron teléfonos y armaron un grupo de WhatsApp que se llama Consejo Asesor. No le pusieron ningún avatar, aunque alguno de sus miembros bromeó con la idea de poner la imagen de la Liga de la Justicia.
Comenzarán a trabajar el 18 de agosto, pero para esa fecha estiman que ya habrán reunido todos los proyectos de ley de reforma de la Corte, del Consejo y del Ministerio Público. Además, prevén escuchar a asociaciones de jueces, fiscales y colegios de abogados.
Ya se pronunciaron públicamente por ampliar el número de ministros de la Corte tanto Weinberg de Roca como Gil Domínguez y Ferreyra, pero la idea también es comparten por Arslanian, Palermo y, con bemoles, Beraldi.
Con la ampliación del número se busca mejorar la representación de integrantes de la Corte por género, distribución federal y “comprensión”, según definió Ferreyra.
Con el consenso en la necesidad de aumentar el número de jueces aún faltan definir temas esenciales sobre su funcionamiento. Por ejemplo, si avanzará la idea de que la Corte funcione dividida en salas o como plenario. Algunos de los expertos piensan en las salas y otros en que es mejor que la Corte decida sobre constitucionalidad y que exista un tribunal intermedio que analice los casos de arbitrariedad de las sentencias.
A favor de las salas se pronunció Zaffaroni y puede que sus ideas calen en algún sector del comité de expertos. En contra de las salas ya se expresaron Weinberg de Roca, Gil Domínguez y el propio Ferreyra.
Hay dos modelos de salas: el que reúne jueces por especialidad (penalistas, tributarias, laboralistas) y el que reúne jueces de manera aleatoria en una sala de tres, para cada caso. La objeción (además de las suspicacias que pueda generar la integración de las salas para favorecer determinados intereses) es constitucional, pues la Carta Magna dice que el Poder Judicial tendrá “una Corte”. Y si el caso lo resuelve una sala, no lo hace la Corte.
Hay consenso entre todos los integrantes del comité en que es necesario limitar de algún modo el ingreso masivo de expedientes en la Corte. “Hay que ayudar a la Corte a limitar las causas en las que interviene y que sean las institucionalmente relevantes”, dijo Weinberg a LA NACION.
Una idea que domina en la comisión es que la Corte solo trate temas vinculados con causas institucionalmente relevantes o en acciones declarativas de constitucionalidad abstractas, no en casos concretos promovidos por particulares.
Recurso extraordinario
Tema central del trabajo de los juristas será el recurso extraordinario federal, que es el camino de acceso a la Corte. Se analizar eliminar el depósito de $100.000 que hoy se requiere para llegar con un recurso o trabajar en la reglamentación de aspectos de fondo. También en las cuestiones formales que señalan que, por ejemplo, si un escrito tiene más de 40 páginas de más de 26 renglones cada una, con un tamaño de la letra menor que cuerpo 12, debe ser rechazado.
Además, los juristas analizarán el certiorari, que es la facultad de la Corte de desechar sin más explicaciones los casos que entiende que no debe resolver. Esta cuestión ya fue cuestionada por los tribunales internacionales como un cercenamiento del derecho de defensa.
Hay consenso además para proponer que la Corte deba resolver los casos en un plazo determinado y no como ahora, donde el máximo tribunal no está urgido por ninguna norma para apurar el dictado de sentencias. Especialmente en materia penal, como por ejemplo los nueve recursos que tiene pendientes Cristina Kirchner en la Corte para lograr la nulidad del juicio que enfrenta por la obra pública.
Gil Domínguez, por ejemplo, propone incorporar a la Corte inteligencia artificial para que una base de datos analice el problema que plantea el recurso, y proponga las soluciones que dio en el pasado la jurisprudencia de cada vocal, de la mayoría, y proponga soluciones. El juez puede optar por seguirlas o modificarlas. Este software, Prometea, lo utiliza el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y recientemente la Corte Constitucional de Colombia incorporó uno similar, basado en el argentino.
Se analizará el establecimiento de criterios para la selección de integrantes, la evaluación de las normas de su competencia y las audiencias orales para casos trascendentes.
Juicio por jurados
La otra sorpresa es el sistema de juicios por jurados. Se analizarán los proyectos que se presentaron y las soluciones en marcha. Está previsto en la Constitución Nacional, y funciona en siete provincias. Se usa para delitos graves y es obligatorio en Neuquén y optativo en Buenos Aires. En Córdoba, es obligatorio para casos de corrupción.
El sistema no está reglamentado a nivel federal. Constituiría toda una novedad, por ejemplo, que el pueblo juzgue a sus funcionarios o exfuncionarios por corrupción. Gil Domínguez ve con buenos ojos esta idea. Cristina Kirchner tiene pendientes varios juicios orales aún sin fecha y nada obsta que, si prospera esta idea, ella misma no pueda terminar siendo sometida a la decisión de un jurado popular.
El futuro del Consejo de la Magistratura
Los asesores podrían trabajar también propuestas para el Consejo de la Magistratura. Hay cierta tendencia entre los juristas consultados en pensar que el Consejo de la Magistratura de 20 miembros, el original, funcionaba mejor que el actual.
El otro consenso posible es que este Consejo esté integrado por personas que se desempeñen de manera exclusiva como consejeros y que no puedan al mismo tiempo ejercer otras funciones, como en la actualidad, que hay legisladores, jueces, abogado o académicos.
Se analizará modificar su estructura y composición y trabajar sobre los concursos de jueces, no solo para acortarlos sino para adelantarlos. Convocar concursos de antemano en diversas materias y cuando se produzca una vacante proponer al candidato que ya haya ganado ese concurso, de modo de que no haya demora en completar las vacantes.
Se analiza darle una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales en concursos y jurys de enjuiciamiento, aunque esto podría alterar los equilibrios actuales.
Con respecto al Ministerio Público, se analizará modificar el mecanismo de elección de fiscales o que sus mandatos sean temporarios; incorporar a su estructura a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera; integrar a los Colegios Públicos de Abogados a la defensoría oficial e incorporar la perspectiva de género en la integración del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
La elección de fiscales es clave porque avanza la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, donde los fiscales tendrán a su cargo el avance de las causas y el juez será solo un árbitro.
