La desaparición de Facundo Astudillo Castro tocó una fibra sensible en la Argentina: la desaparición forzada de personas. Detrás del rostro del joven de Pedro Luro vienen marchando numerosos casos de violencia institucional que tuvieron lugar en democracia, en los últimos años y en lo que va de 2020.
Por eso es tan importante para el Gobierno dar una respuesta sobre el destino de Facundo, incluso más allá de los alcances y límites que imponen las diferentes jurisdicciones policiales en el país, un aspecto que remarcó a modo de defensa la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, este viernes, ante la Comisión de Seguridad Interior de Diputados.
Durante la sesión, los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se cruzaron en varias oportunidades y surgieron otros casos como el homicidio de Luis Espinoza en Tucumán y el crimen de Blas Correa en Córdoba. También el de Santiago Maldonado.
La figura del artesano encontrado muerto en el Río Chubut tras una búsqueda de 80 días generó los reclamos más duros entre los miembros de la Cámara Baja y acusaciones cruzadas a las que se sumó el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.
“No queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, sí queremos demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan”, dijo el funcionario.
El debate, sin embargo, no llevó ninguna respuesta a Cristina Castro, la mamá de Facundo que lo busca con desesperación.
Cronología: los 100 días de la búsqueda
Cristina habló por última vez con Facundo el 30 de abril. El joven había sido detenido más temprano en un retén de Mayor Buratovich por haber dejado su casa sin el permiso obligatorio para transitar. Cuando pudo comunicarse con su hijo, Cristina lo reprendió.
El 5 de junio se formalizó la denuncia de búsqueda de paradero y a causa quedó en manos de Rodolfo De Lucía, titular de la UFI 20 de Bahía Blanca.
El 27 de junio, tres personas pudieron declarar en el expediente que habían visto a Facundo subir a un patrullero en la Ruta 3, a unos 5 kilómetros del ingreso a Buratovich, el mismo 30 de abril.
El 3 de julio, los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, que venían haciendo notar contradicciones en testimonios de los efectivos involucrados, el desvío de la investigación y actuaciones irregulares de la fuerza de la Provincia, pidieron que el caso pase a ser investigado como desaparición forzada de persona y que intervengan de inmediato las fuerzas de seguridad a cargo del ministerio de Seguridad de la Nación.
“No hay indicio judicial que indique una participación policial, el móvil que lo paró en la ruta nunca se movió del lugar”, dijo el ministro de seguridad Sergio Berni al referirse por primera vez al caso. “Que su policía me entregue a mi hijo”, le responde la mamá de Facundo.
El 8 de julio la jueza federal Gabriel Marrón aceptó la competencia y el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se puso al frente de la instrucción judicial. Desplazan a la bonaerense de la investigación.
Ese mismo día, la magistrada aceptó como parte querellante a Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ya habían pasado 70 días de la desaparición.
En un comunicado previo, el organismo que dirige el Premio Nobel de la Paz había destacado que Facundo había sufrido en el pasado hostigamiento por parte de un agente de la bonaerense que participó de los rastrillajes iniciales.
El 10 de julio la ONU solicitó al Estado argentino acciones urgentes por la desaparición del joven de Villa Luro. También pidió medidas de protección a los testigos y familiares de Facundo. El 4 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al reclamo. Nora Cortiña y Estella de Carlotto también alzaron sus voces por el caso.
El 11 de julio trasciende a la prensa la última foto que fue tomada al joven. Estaba de espalda ante la cámara, tomado por el brazo por un policía y frente a uno de los móviles que son peritados.
El 14 de julio comenzó el megarastrillaje de las fuerzas federales en Villarino, principalmente, a cargo de la Policía Fereral con respaldo de Gendarmería. Drones, un helicóptero, cientos de efectivos y perros rastreadores no pudieron obtener ninguna pista.
El 16 de julio llega el reporte de dos antenas de telefonía de que registraron el celular de Facundo en la zona de Bahía Blanca. El aparato nunca se encontró pero la División Tecnologías Aplicadas de la PFA pudo acceder a su WhatsApp. Los datos son analizados.
El 22 de julio, los perros del adiestrador Marcos Herrero, marcaron “esencia” del joven en dos patrulleros de la policía bonaerense.
El 24 de julio se conoció la declaración de una mujer que dijo haber llevado a Facundo a Bahía Blanca. La familia del joven creen que se trata de una “testigo plantada”.
El 27 de julio, el presidente Alberto Fernández llamó a Cristina Castro. También la llamó el gobernador Axel Kicillof. Días después, la mamá de Facundo criticó al Presidente por no escuchar su reclamo.
El 1 de agosto, a tres meses de la desaparición, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que expresó “preocupación” y reclamó que “se investiguen y establezcan las responsabilidades” en el caso. Piden que Sabina Frederic y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expongan sobre el estado de la causa.
El 2 de agosto, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, preguntó en Twitter ¿Dónde está Facundo?, un posteo que desnuda el grado de desconcierto de Nación ante el caso y en el que se vislumbra algún tipo de reclamo a las autoridades policiales bonaerenses.
El 3 de agosto los canes rastreadores encuentran la pista más importante que tiene la causa: el amuleto de Facundo en la basura del destacamento de Teniente Origone. “Mi corazón de mamá dice que Facundo no está con vida”, se lamentó Cristina tras el hallazgo.
El 4 de agosto, los abogados pidieron la detención de cuatro policías a los que consideran responsables de la desaparición. También solicitaron otras 11 imputaciones.
El 6 de agosto una llamada desde Mendoza lleva a los investigadores a un camino en el que encuentran huesos, que serían de animales, una mochila que no es de la misma marca que llevaba Facundo y ropa. Todo será peritado. Piden la intervención de Prefectura para rastrillar canales de riego.
El 7 de agosto, Peretto y Aparicio, piden por segunda vez la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, al considerar que la “lentitud, la incapacidad y la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía que bordea la actitud dolosa”.
Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, admitía ante la Cámara de Diputados que “para la Argentina en su conjunto es fundamental lograr el esclarecimiento, y sobre todo la aparición” de Facundo.
Frederic, sin poder dar respuestas, enumeró los recursos que trabajan en la búsqueda y aclaró que su ministerio “no lleva adelante la investigación” por la desaparición del joven, sino que “interviene como auxiliar de la justicia”.
El 8 de agosto, cuando se cumplan los 100 días, Cristina seguirá sin tener una sola certeza sobre lo que pasó con su hijo.
Las explicaciones del secretario de Derechos Humanos
Ante Diputados también estuvo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. El funcionario lamentó que “no se haya podido actuar rápidamente” desde el inicio del caso.
Según argumentó, no intervino desde el principio porque “la primera denuncia llega los primeros días de junio y se hace por búsqueda de paradero. El 7 de julio hacen la primera denuncia de desaparición forzada”.
“Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la familia, nos pidieron que se separe a la policía de la provincia porque así se debe realizar por protocolo cuando hay una denuncia de este tipo. Contactamos a la jueza (María Gabriela Marrón) para ofrecerle el programa Verdad y Justicia, pero el fiscal (Santiago Ulpiano Martínez) no lo quiso utilizar”, aseguró Pietragalla.
