En medio de la pandemia tiene lugar un fenómeno que se está desbordando ante la inacción o complicidad del Estado. Y es que las usurpaciones de terrenos en varias localidades del país se ha tornado una constante en el momento más complicado para el país en materia sanitaria y económica. La pregunta pasa por saber quiénes estarían detrás de este accionar delictivo y lo que en verdad buscarían con la toma de tierras.
Acaso la existencia de punteros políticos que buscan convencer a la gente necesitada de que es una maniobra efectiva para luego poder exigir el acceso a una vivienda digna, sea la versión más extendida a la hora de explicar este fenómeno. De hecho, es la versión más extendida en lugares urbanos como la periferia de las grandes urbes. Tal es el caso del Conurbano bonaerense, la zona más poblada y pobre de la Argentina.
Los propios intendentes reconocen que se les suma un verdadero problema debido a que son ellos los encargados de tener que asegurarles a las personas que colocaron una casilla de tener que otorgarles una solución. Y es que la precariedad con la que se producen las instalaciones, ameritan la intervención del Estado, al tiempo que se cumple lo manifestado en su momento por el puntero político.
El problema es que, a diferencia de la década del 90, ya no son las tierras fiscales las afectadas por estas usurpaciones, se trata de terreno privado. Son tierras que pertenecen a alguien que no es el Estado y debe padecer que exista una intromisión en su propiedad privada sin que nadie haga nada. Incluso, la misma Policía apenas se ocupa de intentar disuadir a quienes comienzan a delimitar los terrenos para asentarse allí.
Sin embargo, en Tucumán, a esta situación, se le debe sumar la de la usurpación de tierras que pertenecen al sector productivo del campo. Esto ha producido que distintos propietarios se unieran para hacer algo al respecto por sus propias manos. Y es que desde el Estado, las respuestas son pocas y las que existen son tardías. Ya que las usurpaciones no se disuaden, al punto que los productores rurales creen que se las alienta.
Por esta razón, decidieron actuar por sí mismos y armaron una red de contención virtual en la que están permanentemente en contacto para impedir que siga produciéndose esta invasión de la propiedad privada. Además, la toma de tierras en Tucumán, también se lleva a cabo en lugares turísticos que deben ser explotados en función de su uso en épocas de verano. Esto ha ocurrido en zonas como El Cadillal ante la vista de todos. Ayer, incluso, se produjo una quema de cubiertas frente a Tribunales de la avenida Sarmiento pidiendo por la acción del Estado. Y es que la sensación que a muchos les queda es que una parte de la clase política sintoniza, como advirtió ayer un productor agropecuario, con el pensamiento del dirigente social, Juan Grabois, quien dijo que no se trata de usurpaciones, sino de meras ocupaciones. Dependerá del Estado de no permitir que esto sea así.
