El Código Procesal Penal sancionado en 2016 arrancó ayer en los Tribunales de Concepción. El debut tuvo lugar durante una jornada cargada de ansiedad e incertidumbre en la que, a pesar de todo, prevaleció el optimismo. Luego de una mañana de preparativos y algunos tropiezos, a las 16 tuvo lugar la primera audiencia en el ámbito de un proceso iniciado con el sistema anterior por la supuesta tentativa de homicidio perpetrada por un hijo contra su padre octogenario. Participaron en ese trámite inaugural el juez Guillermo Acosta (estaba de turno), el fiscal Edgardo Sánchez y el defensor oficial penal Pablo Cannata. Tras un acto de 45 minutos de duración, Acosta impuso al imputado la prisión preventiva domiciliaria y dio 60 días al fiscal para que concluya la investigación preparatoria del juicio oral.
Todo sucedió sin un papel de por medio y mediante la verbalización de las posiciones, en presencia del público. Hasta nuevo aviso, el Código de 2016 regirá solamente en Concepción. En las restantes jurisdicciones continuará vigente el régimen de 1991, que consta de una investigación escrita y de un juicio oral. El nuevo modelo debería estar vigente en toda la provincia hacia 2021.
Desprolijidades atendibles
“Este es un hecho histórico que comienza con algunas desprolijidades que son entendibles. Lo importante es que se está ante un cambio necesario para transparentar la Justicia y consolidar el sistema republicano. Aquí, al dirimirse una causa en audiencia pública, se acaba la corrupción en los actos de justicia”, celebró el letrado Gustavo Morales. El desfile de abogados ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fue incesante. Entre los primeros estuvo Ángel Fara, presidente del Colegio de Abogados del Sur. “Me presenté a pedir audiencia por un detenido, pero tengo que regresar después del mediodía porque no había formularios disponibles. De todos modos, el nuevo Código Procesal Penal ya está funcionando y seguramente se irá aceitando con el paso de los días”, comentó. Enseguida disparó contra lo que considera como una de las cuestiones graves que tiene que sortear el sistema: la carencia del Tribunal de Impugnación, que tiene que expedirse sobre los recursos de apelación. “Sin este cuerpo, el proceso de defensa permanece inconcluso”, observó Fara.
La jueza Cecilia Tasquer opinó que el nuevo proceso es una herramienta que reduce la brecha inaceptable que había entre la comunidad y la Justicia. La magistrada aseguró que la flamante legislación pone en jaque a la “puerta giratoria” en referencia a las liberaciones de presos, mediante cuestionados procesos, pese a la gravedad de los delitos cometidos. “Las partes ahora están obligadas a plantear sus posturas en forma concreta y ante el público”, dijo.
César Pastorino, director de la OGA, expresó que su dependencia ya está plenamente disponible para los pedidos de audiencia. “La solicitud ingresa por la mesa de entrada y desde aquí se la deriva a gestoría, que es la encargada de agendar la audiencia. Posteriormente se hacen las notificaciones correspondientes, y se asignan la sala de audiencia y el juez”, explicó.
Sergio Altamirano, primer presidente del Colegio de Jueces, manifestó que los magistrados están capacitados para enfrentar el desafío. “Enfrentamos un enorme cambio cultural, de sistema y de infraestructura. Y todo esto requiere de estudio, ya que desaparece el papel”, dijo. Altamirano admitió que esta transformación genera reacciones naturales. “Hay una sensación de inseguridad e incertidumbre entendible. Pero, cuando podamos apreciar los beneficios, no habrá manera de volver atrás”, apostó. El juez recordó que la implementación de la Justicia Federal trajo muchos problemas, que se fueron superando. Si bien ayer los pedidos de audiencias fueron escasos, y apenas hubo una, se estima que en los próximos días aumentará el movimiento. “Este sistema depende de las demandas de las partes. Nosotros estamos ansiosos y listos para darle vitalidad”, anunció Altamirano.
AUTOR
Rodolfo Casen
